Mientras se alista la segunda vuelta de elección de presidente y vicepresidente de la República del 13 de abril y la violencia se recrudece en las calles, el gobierno de Daniel Noboa anuncia la ejecución de una estrategia de contraofensiva que estaría impactando en la fuerza pública, que comunica indirectamente sus posturas.
El martes 25 de febrero de 2025, la administración de Daniel Noboa anunció más presencia de uniformados en los territorios.
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La cúpula de las Fuerzas Armadas difundió un mensaje de aliento a sus soldados, a diferencia de la Policía Nacional, que protagonizaba un impase con el nuevo ministro del Interior, John Reimberg Oviedo.
En el escenario político, en la Asamblea Nacional se hacían declaraciones y se tomaban decisiones relacionadas con el manejo de la seguridad a cargo del Gobierno.
Este 25 de febrero la “contraofensiva” empezó en la madrugada en una población en Manabí llamada Ciudad Perdida.
A eso de las 04:00, junto con “500 efectivos”, el titular del Ministerio de Defensa, Gian Carlo Loffredo, con casco y camuflaje, lideraba allanamientos en viviendas que pertenecerían a personas vinculadas al narcotráfico a través del grupo criminal Los Choneros.
No hubo aprehendidos, pero se encontraron armas, explosivos, dinero, así como cultos de brujería.
Loffredo relató que estaba ahí por orden del jefe de Estado, ya que ahora deben estar en los territorios y así contrarrestar una ofensiva de la violencia –que se agudizó en enero– que estaría tomando impulso a propósito de las elecciones nacionales de segunda vuelta del 13 de abril.
En la contienda se disputarán voto a voto el presidente-candidato Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), y Luisa González, por la alianza correísta entre los movimientos Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO).
Esto se sustenta en información, según Loffredo, de que las bandas criminales están “reorganizándose y reabasteciéndose para (motivar) un posible incremento de la violencia en marzo, antes de las elecciones de la segunda vuelta”.
Lo hicieron en enero y lo querrían hacer en marzo, expresó el funcionario.
Horas después, Noboa dio una entrevista para radio Canela de El Oro, en la que advirtió de un plan de “contraofensiva” a los grupos criminales que estarían “interconectados” con fuerzas políticas que están creando situaciones de inseguridad y pobreza.
Admitió que en las últimas siete semanas se enfrentaron a una “ofensiva” de grupos criminales y, en respuesta, hizo cambios en el frente de seguridad, como el de ministro del Interior.
Luego de la primera vuelta del 9 de febrero, nombró a un general en servicio pasivo de la Policía, Fausto Buenaño, que duró apenas una semana y lo reemplazó con John Reimberg el viernes anterior.
La estrategia gubernamental empezó a aplicarse en El Oro, adonde Noboa viajó en los últimos días. Anunció la reactivación de seis Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y ofreció instalar bases militares territoriales en Pasaje y Puerto Bolívar.
El objetivo es movilizar recursos y personal en las zonas en las que sube la criminalidad.
Más tarde, a las 11:26 de este 25 de febrero, las Fuerzas Armadas difundieron un comunicado en las redes sociales titulado “Soldados de la patria, guardianes del Ecuador”.
El documento no tiene firma de una autoridad, sino de la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), que destaca que ellos no solo son soldados de mar, tierra y aire, sino también defensores del pueblo ecuatoriano.
El documento identifica al “enemigo” como un actor que no tiene honor, no respeta la vida, no conoce la justicia. “Son hombres sin patria, que venden su alma por el dinero sucio del narcotráfico y la corrupción”.
Pide al pie de fuerza que tengan presente lo que está en juego. “La seguridad de nuestras familias, el futuro de nuestros hijos, la paz de nuestro Ecuador. (…) Que no nos tiemble el pulso, que nuestra determinación sea inquebrantable, porque no hay arma más poderosa que la voluntad de un soldado que lucha por la justicia”.
Un mensaje de aliento a los uniformados a los que el Comaco les dice: “Vamos, guerreros del Ecuador, nosotros no retrocedemos, no nos rendimos, no nos doblegamos. Hoy peleamos por la dignidad, la libertad, por la victoria”.
Esto se producía cuando en paralelo la Asamblea Nacional concentró su jornada de sesiones en discutir dos asuntos relacionados con la seguridad y las Fuerzas Armadas.
En primer momento, aunque con 66 votos, los asambleístas aprobaron un informe de fiscalización tratado en la Comisión de Protección de la Niñez, que en su primer artículo “reconoce” la responsabilidad política del ministro de Defensa en el caso de la desaparición de los cuatro menores de edad en el sector Las Malvinas de Guayaquil en diciembre de 2024.
Este acontecimiento tiene origen en la desaparición de los cuatro niños tras ser aprehendidos por una patrulla de militares. El 24 de diciembre se confirmó la muerte de los menores y el caso está en investigación.
Dicho informe, que no es vinculante para el pleno legislativo, exhortó a la institución castrense a garantizar el respeto a los derechos humanos y a capacitar a sus miembros en estos ámbitos.
Más tarde, en el hemiciclo del palacio legislativo se aprobó una resolución, basada en una iniciativa gubernamental, cuyo fin es pedir el apoyo de fuerzas especiales internacionales para el combate al crimen organizado.
La propuesta fue de la bancada oficialista ADN y se aprobó con 121 votos, aunque sufrió modificaciones incluidas por la bancada del Partido Social Cristiano (PSC).
El documento tiene siete artículos, entre los que se reafirma el compromiso con la lucha contra el crimen organizado, tanto a nivel nacional como transnacional, y reconoce como enemigos del Estado a los grupos delincuenciales identificados por el Estado.
En paralelo a estos acontecimientos, el ministro del Interior, John Reimberg, sostenía una reunión con miembros de la Policía de la Subcomandancia de El Oro, que no habría terminado en buenos términos.
El secretario de Estado habría reclamado por el incremento de las muertes violentas y la ausencia de los comandantes en las zonas conflictivas, pues habrían tomado vacaciones.
Solicitó a los generales que pongan a disposición sus cargos y que el personal retorne a sus bases para profundizar los operativos de seguridad.
En audios filtrados en las redes sociales se escucha la voz de quien sería un oficial de la Policía que informa que están claros en que hay un incremento de la violencia, pero “es necesario reconocer que la Policía Nacional ha hecho y está haciendo lo que debe hacer con lo poco o nada que tiene”.
El ministerio no desmintió o confirmó la información, pero en las plataformas digitales difundió un resumen del diálogo de Reimberg con los uniformados: que es un hombre que está 100 % operativo y que los comprometió a trabajar por la provincia.
Pero la noche del 26 de febrero se divulgó un video en la cuenta de la red social X de la Policía Nacional en la que su comandante, el general Víctor Hugo Zárate, invitó a “verificar la información, siempre acceder a fuentes oficiales y mantener una comunicación abierta y respetuosa, evitando caer en rumores infundados y descontextualizados”.
Zárate también se hizo énfasis en que la Policía Nacional siempre ha respetado el orden constituido y las políticas de Estado.
En el video, aparece el mando institucional y el comandante de la Policía menciona que están “más unidos y comprometidos que nunca, con lo más valioso que tenemos, ustedes damas y caballeros de la paz con quienes hemos transitado este largo y gratificante camino, trabajando hombro a hombro por la paz y seguridad de nuestra nación.”
El ministro de Gobierno, José De La Gasca, dejó entrever que este conjunto de hechos tendrían relación con ahondar estrategias para reducir la violencia.
“La decisión es tener presencia específica en provincias, porque los números de inseguridad se están elevando. Estamos viendo que la lucha, al final del día, genera una lucha de narcoguerrillas y eso es lo que debemos controlar. El Gobierno y el presidente tienen la potestad de redefinir estrategias para ser más eficientes”, expresó De La Gasca a periodistas, este 26 de febrero, en los exteriores de la Asamblea Nacional.
Aclaró que el régimen no ha hecho cambios en la cúpula de la Policía Nacional y que la solicitud de la disponibilidad de sus cargos se hace por razones técnicas.
“Respeto la decisión del ministro (John Reimberg) de solicitar (la disponibilidad a los generales) y tener a la interna los comportamientos que tiene que tomar”, subrayó. (I)