Para las votaciones de la segunda vuelta presidencial del 13 de abril, los recintos electorales contarán con un nuevo actor: los coordinadores de recinto, que tendrían el objetivo de ser el enlace con el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Luego de los comicios nacionales del 9 de febrero de 2025, dos de los vocales del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera y Enrique Pita, recabaron las observaciones y recomendaciones hechas por las misiones de observación electoral internacionales para aplicarlas en la segunda vuelta para la elección de presidente y vicepresidente de la República convocada para el 13 de abril.
Se detectaron alrededor de 17 recomendaciones de cuerpos de observadores de la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), del Parlamento del Mercosur (Parlasur), entre otras, de las que se acogerían para las elecciones integrar personal que sirva de apoyo ante imprevistos y también para capacitar a los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV).
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El Consejo Nacional Electoral aprobó el 19 de marzo el reglamento de funciones para los coordinadores electorales, en el que se incluyó esta figura de los coordinadores de recinto y que tendrá entre las principales atribuciones atender y dar respuesta a inconvenientes o consultas que se produzcan en el día del sufragio.
Estos actores serían el enlace oficial entre el CNE con los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y con los delegados de las organizaciones políticas que hacen control electoral y también ciudadanos.
Con esto se atendería una de las observaciones que hizo la Misión de la OEA, por ejemplo, que recogió en su informe preliminar de la primera vuelta la actuación de los uniformados que entorpecían la actividad de los sujetos políticos o medios de comunicación; e incluso habrían estado tomando fotografías de las actas de escrutinio difundidas por las juntas receptoras del voto.
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Así también se sugirió profundizar la capacitación para los vocales de las JRV, cuya consecuencia sería reducir el número de actas de escrutinio con inconsistencias y así agilizar la presentación de los resultados oficiales preliminares.
En ese escenario, el Consejo Nacional Electoral decidió crear esta figura de los coordinadores de recinto —que son los centros de educación en los que se instalan las JRV—, para lo que se analiza contratar alrededor de 2.900 personas por diez días, tomando en consideración, de ser el caso, que en donde haya entre seis y veinte JRV habrá un coordinador de recinto.
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Para gestionar esta contratación se requeriría de un presupuesto de $ 690.000.
De acuerdo con el reglamento emitido por la autoridad electoral, estos coordinadores tendrán la función de coordinar, apoyar y vigilar las actividades de los coordinadores de mesa, a quienes se les otorgó unas 28 competencias por cumplir antes, durante y después de la jornada.
Para ejemplificar: entre las 07:00 y las 17:00, en que se abren los recintos electorales, estos coordinadores apoyarán la instalación de las mesas de atención preferente y que se atienda a las personas con discapacidad, mujeres embarazas y con niños, así como adultos mayores.
Deben vigilar que los miembros de la fuerza pública actúen para salvaguardar la normalidad de la votación y ser el vínculo para la ejecución de las responsabilidades que se les asigna.
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También observarán que no se haga proselitismo político dentro de los recintos; facilitar el trabajo de los observadores nacionales e internacionales, delegados de organizaciones políticas, periodistas, personal de socorro; así como cuidar que el escrutinio sea público y conforme los procedimientos respectivos.
Esta figura aparece también en una coyuntura en la que se emitió una reciente regulación que prohíbe a los electores usar su teléfono celular para fotografiar la papeleta rayada, lo que podría configurarse como una infracción electoral muy grave contemplada en el Código de la Democracia, y las multas se ubican entre los $ 9.000 y $ 30.000.
Además de esta actividad, se proyecta contratar más personal que efectúe labores de coordinadores de mesa y capacitadores, para lo que se requeriría al Ministerio de Economía y Finanzas una erogación total que bordearía $ 1′777.000.
Esto se articula a los análisis internos del Consejo, de la primera vuelta, que reflejan que hubo un 6 % de inconsistencias en las actas de conteo que provienen de las juntas receptoras del voto, por lo que habría faltado capacitación a los ciudadanos.
Esto tiene efecto directo en la publicación de los resultados preliminares de la votación.
Este refuerzo en las actividades operativas del personal electoral se hace para el 13 de abril, cuando 13′360.315 ecuatorianos están convocados a elegir presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2025-2029.
Los candidatos son Luisa González Alcívar, auspiciada por la coalición correísta Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO) listas 5-33; y Daniel Noboa Azín, candidato-presidente, por su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) lista 7.
Entre los dos postulantes, el margen de distancia en la votación del 9 de febrero dio como resultado 16.000 votos. (I)
