La condición de ‘candidato–presidente’ que tiene Daniel Noboa en este proceso electoral llamó la atención de las misiones internacionales que observaron el desarrollo de la primera vuelta de los comicios nacionales del 9 de febrero, y sugieren que alguna institución o autoridad dirima para evitar controversias en los siguientes 60 días que faltan para llegar a la segunda vuelta del 13 de abril.
Los informes preliminares de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE – UE) y de la MOE de la Organización de Estados Americanos (OEA) incluyeron en sus observaciones la actuación del presidente Noboa como candidato y presidente durante los 33 días de campaña electoral.
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La misión de la OEA, que agrupó a 88 técnicos de 21 países, estuvo presidida por el excanciller de Chile Heraldo Muñoz y en su informe preliminar de 20 páginas divulgado este 11 de febrero, destacó la organización del proceso y la publicación de los resultados de las votaciones por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Pero recogió las preocupaciones de los actores políticos sobre la ‘licencia de Daniel Noboa’ lo que provocó que la campaña transcurra hasta el último día, “sin que hubiera claridad sobre si el presidente debía o no tomar una licencia. Esta situación generó un alto nivel de incertidumbre, tensión y desconfianza”.
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Su recomendación fue “que las instituciones pertinentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se pronuncien de manera oportuna y clara sobre las licencias de autoridades de elección popular”.
Similar criterio tuvo la Misión de la UE, que mantuvo en el país por dos meses a más de cien personas de 25 nacionalidades observando la organización del proceso.
La mañana del 11 de febrero, los observadores enviados por el Parlamento Europeo hicieron una declaración a cargo del jefe de la Misión, Gabriel Mato, quien admitió: “No todo ha sido fácil, llegamos (al 9 de febrero) con incertidumbres, riesgos, inseguridades con acusaciones de todo tipo, con cierta desconfianza en los órganos electorales y judiciales y en un escenario complejo y polarizado y con un clima de violencia”.
Además, se encontraron con decisiones “controvertidas y objeto de preocupación” y, si bien el “balance fue positivo” se observó la “decisión del presidente de no solicitar licencia durante la campaña lo que generó controversia y acusaciones de sesgo político”.
“No podemos ignorar la decisión del presidente de no solicitar la licencia a la que se refiere la Constitución y el Código de la Democracia, así como solicitar ausencias de fuerza mayor lo que ha generado un gran debate durante toda la campaña”, dijo Mato.
Sus observaciones se dan en un contexto de que se aproxima una campaña electoral el próximo 24 de marzo hacia el balotaje en el que se enfrentarán Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC) lista 5, y Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7.
Noboa, jefe de Estado, deberá resolver si solicita licencia sin sueldo como lo establece el Código de la Democracia o vuelve a delegar el cargo, para evitar a Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, con quien tiene una enemistad.
Aunque en el caso de Abad, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene pendiente resolver una apelación a un fallo de primera instancia en el que se la sanciona por una denuncia por presunta violencia política que le interpuso la canciller Gabriela Sommerfeld.
Esta situación surgió desde el 5 de enero, en el que la campaña electoral arrancó con denuncias y quejas de los candidatos a la Presidencia de la República, pues ese domingo Daniel Noboa apareció en el balcón del Palacio de Gobierno, en Quito, para agradecer a grupos de simpatizantes por su gestión.
Por esa actuación, se presentaron tres denuncias por presunta infracción electoral en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que aún están en trámite. El Consejo Nacional Electoral había solicitado información a la Presidencia de la República sobre el evento, pero hasta la actualidad se desconoce qué ocurrió.
Ante esas denuncias, Daniel Noboa decidió acogerse a una ausencia temporal por fuerza mayor que no sobrepasaron de las 72 horas y encargó el poder a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert Mora, a quien nombró vicepresidenta de la República por decreto.
Con ese marco legal dispuesto en decretos ejecutivos por el candidato presidente, durante los 33 días de plazo para hacer proselitismo, Daniel Noboa se acogió por cinco ocasiones a la causal de fuerza mayor para ausentarse.
Un abogado en libre ejercicio Gabriel Pereira planteó una acción de inconstitucionalidad en contra de dos decretos ante la Corte Constitucional (CC), pero su respuesta llegó dos días antes de que se acabe la campaña: el 4 de febrero.
Esos hechos los recogen los informes preliminares de las dos misiones y puntualizan que el fallo de la Corte Constitucional estuvo listo el 23 de enero, pero se conoció el 4 de febrero en el que se declaró inconstitucionales dos decretos que ya estaban derogados.
El régimen aduce que el mandatario no está obligado a solicitar esa licencia sin sueldo como lo determina el Código de la Democracia, porque hay una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del 2010, en la que se señala que quien opte a la Presidencia luego de haber sido electo después de una elección anticipada producto de la disolución de la Asamblea Nacional no se estaría postulando a la reelección, por lo que esta sería su primera participación y no debe pedir licencia.
“Si bien la misión comprende que se trató de un caso inédito (...) y que los tiempos de la justicia constitucional no siempre son compatibles con los plazos de un proceso electoral, advierte que la campaña transcurrió hasta el último día sin que hubiera claridad sobre si el presidente debía o no tomar una licencia. Esta situación generó un alto nivel de incertidumbre, tensión y desconfianza”, menciona la misión de la OEA.
Así también, de la delegación de la UE, el parlamentario Nacho Sánchez Amor reflejó en el informe las preocupaciones de las fuerzas políticas que señalaron que esta “licencia intermitente” de Noboa se traspoló en los medios de comunicación gubernamentales “creando un desequilibrio en la campaña y un precedente para el futuro”.
De esta primera vuelta, en el Tribunal Contencioso Electoral reposan, al menos, ocho denuncias en contra de Daniel Noboa por aparentes infracciones electorales, entre estas por violencia política de género, sobre las que los jueces pidieron a los accionantes que aclaren los hechos, por lo que no han sido admitidas a trámite.
En tanto, están en análisis otras tres denuncias planteadas por el Partido Social Cristiano (PSC), un abogado Adolfo Espinel y el Partido Unidad Popular (UP), que lo acusan de que habría incumplido la ley al participar en actos de inauguración o entrega de obras e inducir al voto a favor de su candidatura como funcionario del Estado. (I)