El impacto fiscal que provocaría la equiparación salarial de los docentes centra el debate en las demandas de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que debe resolver la Corte Constitucional (CC) en las próximas semanas. Según el Gobierno, ascendería a los $ 496 millones anuales, para los que no hay fuentes de financiamiento.