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Quienes no se capaciten, integren las JRV y no sufraguen el 5 de febrero podrían ser sancionados hasta con un 35% de un salario básico unificado.
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La Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo de la Judicatura piden se rechacen los vicios de procedimiento alegados y se declare la validez procesal.
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