El Ministerio de Gobierno de Ecuador informó este lunes 9 de diciembre que solicitó a la Cancillería que gestione —mediante los canales diplomáticos correspondientes— la cancelación del estatus de refugiado otorgado a Walter Solís Valarezo en México, “a propósito del Día Internacional contra la Corrupción”.
El exministro recibió el estatus de refugiado por parte de México en mayo de 2021. Sobre él pesan dos sentencias: una por el caso Sobornos y otra por un caso de peculado cuando estuvo al frente de la Secretaría del Agua (Senagua).
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En el caso Sobornos fue sentenciado a ocho años de cárcel en calidad de coautor del delito de cohecho agravado y se dispuso que pague una indemnización de $ 778.000.
En el caso Senagua fue declarado culpable en el grado de autor del delito de peculado y se lo sentenció a ocho años de privación de la libertad y al pago de la mitad de $ 2′218.000 por concepto de devolución del perjuicio ocasionado al Estado.
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Otro proceso legal al que se lo vinculó recientemente es al caso Reconstrucción de Manabí por supuesto peculado. Un juez nacional dictó prisión preventiva contra Solís y medidas alternativas para otros cinco exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa.
“Solís debe enfrentar las consecuencias legales de sus actos, rendir cuentas ante la justicia, la ciudadanía ecuatoriana y la comunidad internacional, en consonancia con nuestro compromiso inquebrantable de combatir la corrupción y proteger los intereses del Estado”, indicó el Ministerio de Gobierno.
Se puntualiza que “los delitos por los cuales fue condenado y ahora procesado fueron cometidos con anterioridad a la concesión del estatus de refugiado; por tanto, según el derecho internacional, la solicitud presentada por Solís en los Estados Unidos Mexicanos carece de fundamentos que se enmarquen en los preceptos establecidos por la normativa mexicana y demás instrumentos internacionales en materia de refugiados”.
Walter Solís fue detenido por la Interpol en México en noviembre pasado. Posteriormente fue dejado en libertad ya que cuenta con condición de refugiado en ese país, por lo que lo protege el principio de la “no devolución” al país de origen, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Sonia Vera, abogada de Solís, aseguró en su cuenta de X que la Interpol no ha aceptado ninguna solicitud de notificación roja contra su defendido.
“De haberlo hecho, estaría en la obligación de notificarlo formalmente tanto a él como a su defensa, conforme al Estatuto de Interpol y al Reglamento de Tratamiento de Datos. Esta notificación no ha ocurrido porque su afirmación carece de fundamento”, dijo.
“En cuanto a México, resulta irónico que pretendan solicitar su cooperación después de haber violado flagrantemente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas con el secuestro de Jorge Glas dentro de la embajada mexicana en Quito. A esto se suma el intento frustrado de sustracción ilegal de mi defendido, desconociendo principios fundamentales del derecho internacional, como el principio de no devolución consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951″, comentó.
“Respecto a Interpol, es importante recordar que el Artículo 3 de su Estatuto prohíbe cualquier actuación motivada políticamente; y que el Artículo 34 del Reglamento de Tratamiento de Datos exige la notificación a las personas afectadas y garantiza el derecho de apelación, algo que no ha ocurrido en este caso porque Interpol no ha validado ninguna solicitud contra mi defendido”.
“Es evidente que este comunicado no tiene un propósito jurídico, sino un objetivo mediático en un contexto de campaña electoral. Sin embargo, estas estrategias no solo carecen de legitimidad, sino que refuerzan el abuso sistemático de las instituciones estatales como herramientas de persecución política. Estas afirmaciones no tienen sustento legal ni credibilidad, y exponen la desesperación de un gobierno que utiliza el derecho internacional como arma propagandística”, refirió la jurista.