Al menos dos esquemas ilegales en la comercialización y el despacho de combustibles en el país ha detectado la Secretaría General de Integridad Pública, en colaboración con varios organismos de control estatales.
Y como consecuencia de estas investigaciones es que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) puso en la Fiscalía de Guayas una denuncia por el supuesto delito de comercio ilegal de gasolinas contra once personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, sus tres hermanos y su empresa familiar Gasolineras Codepesa Gasgrupco S. A.
Julio José Neira, secretario de Integridad Pública del gobierno de Daniel Noboa, explica a EL UNIVERSO que el primer esquema de contrabando se configura cuando, primero, una comercializadora de combustible no autorizada por la Arcernnr le vende combustible a una distribuidora que, a su vez, le factura a una persona natural que tiene un vehículo de un motor de 1,4 litros.
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“Se pudo identificar que a esta persona natural, en el 2023, se le vendieron 123.000 galones distribuidos en 117.000 galones de extra, 3.200 de diésel, 2.800 de súper. Un motor de 1,4 litros está diseñado para consumir extra, a lo mucho súper. ¿Qué está haciendo con los 3.200 galones de diésel? ¿Qué está haciendo con los 123.000 galones de gasolina que facturó en el 2023?”, cuestiona.
El funcionario calcula que para consumir esa cantidad de gasolina “tendría que dar la vuelta a toda la red vial del Ecuador 4,3 veces en un año”.
Según Neira, este esquema es el que más se usa en el país y se ajustaría al caso denunciado por la Arcernnr en la Fiscalía del Guayas.
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En el escrito de la querella se relata que la empresa Fuelcorp S. A. habría facturado 745.718 galones adicionales de diésel de lo que fue abastecido por Petroecuador EP.
Según la investigación oficial, durante el ejercicio fiscal 2023, esta compañía supuestamente adquirió combustible de personas naturales y jurídicas que no estaban autorizados por la Arcernnr: Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S. A., Gasolinera Guayaquil Gasquil S. A., Gasolineras Codepesa Gasgrupco S. A., y Palacios Zurita Galo Enrique.
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En la denuncia se menciona que, a su vez, que Fuelcorp S. A. habría realizado “ventas significativas” de diésel a cuatro contribuyentes que se presume que son comercializadoras.
Así, el contribuyente Eloy Gerardo L., quien sería empleado de Fuelcorp S. A. desde el 2022, “tiene registrados 8.019 vehículos, cifra por demás alarmante, debiendo resaltar que el más representativo es el de placas GSI-94XX, cuyo propietario es Oliver Israel G., abasteciéndose dicho vehículo de una cantidad notablemente inusual de gasolina extra (117.000 galones) y siendo un motor a gasolina, tiene registros de consumos de diésel (3.000 galones)”.
“Adicionalmente, se ha podido identificar que se está abasteciendo de gasolina extra a vehículos que, por su estructura, tamaño y motor, deberían ser abastecidos de diésel, o a la inversa”, dice el texto de la denuncia.
El segundo esquema de contrabando detectado por el Gobierno ocurre cuando la comercializadora (gasolinera) tiene un precio preferencial para la empresa privada, pero esta prefiere comprarle a una distribuidora no autorizada, donde el precio es más bajo que el referencial. El margen de ganancia de la distribuidora es “gigante” y eso “contribuye al enriquecimiento ilícito, es un abuso del subsidio”.
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Respecto a esos casos, el Gobierno aún prepara las respectivas denuncias, dice Neira. “La revisión de ese esquema ha avanzado, sería otra denuncia que se pondrá en los próximos días”.
“No hay persecuciones políticas”
El secretario de Integridad afirma que la denuncia en contra de Alvarez, su familia y su empresa no es una “persecución política”, “es un análisis técnico que hizo la Agencia de Regulación y Control, su atribución es el control del uso de la energía y los recursos naturales no renovables. Ellos están haciendo su trabajo, identificaron esta anomalía entre comercializadoras, distribuidoras y personas naturales envueltas en esta trama, y se hizo la denuncia”.
Cuando haya otras compañías involucradas se harán más denuncias, pero esta es la más importante que se ha identificado en las provincias de la Costa, indica.
Neira dice que al Gobierno le interesa que la ciudadanía entienda cómo funciona el contrabando para que vea cómo le sacan el dinero del bolsillo.
Agrega que también se está trabajando del control de contrabando de combustible en las fronteras norte y sur con el llamado Bloque de Seguridad y que se está desarrollando un estudio para determinar el monto que pierde el Estado por las ventas irregulares. (I)
