La asambleísta de Cotopaxi Gissella Molina presentó dos denuncias contra la prefecta de esa provincia, Lourdes Tibán, por supuesta violencia política de género y uso de recursos públicos en campaña electoral, por lo que pide la suspensión de sus derechos políticos por dos años y una multa con 70 salarios básicos unificados.
Según Molina, en el último proceso electoral en el que participó como candidata a asambleísta, la prefecta de Cotopaxi salió a amenazarla, amedrentarla y perseguirla, porque han estado “acostumbrados a manejar a su antojo la provincia por 25 años; siempre han estado haciendo uso de espacios públicos como el Consejo Nacional Electoral y manejando todos los cargos provinciales institucionales para hacer lo que les da la gana”, anotó.
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“En el 2022 intentaron asesinarme, yo puse la denuncia, y como ellos tienen sus compadres y todo nunca quisieron ir a declarar porque dijeron que no hablaban español, sino quichua, que no entienden, que no saben y un poco de excusas burdas”, recordó.
En esta campaña electoral de 2024-2025, añadió Molina, los del movimiento Pachakutik se pusieron en un plan de persecución en su contra. Agregó que la prefecta Lourdes Tibán la acusaba de que cambiarse de partido político era más o menos un delito.
En medio de la campaña, dijo Molina, salió a presentar pruebas de que la prefecta Tibán hizo uso de recursos públicos, como en la inauguración de obras para ayudar a llegar a la Asamblea al actual asambleísta Álex Toapanta.
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La denunciante dijo que la prefecta Tibán salió a insultarla. “Que yo soy una montuvia y que me vuelva al monte porque de allá me han sacado y allá tengo que volver, y cosas así que nada tienen que ver con el escenario político y de fiscalización”.
Respecto de la denuncia del uso de recursos públicos, la legisladora Gissella Molina explicó que mientras Lourdes Tibán estaba de prefecta de Cotopaxi “ha hecho lo que le ha parecido y ha usado el aparataje de la Prefectura, para ayudar al candidato de Pachakutik a la Asamblea Nacional”.
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Según la asambleísta Molina, la accionada pertenece a la oligarquía indígena de su provincia con niveles económicos altos, que incluso se compara con empresarios a nivel de país entre la familia Iza, Guamán y Tibán, porque desde hace 25 años han tenido a la provincia representando como prefectos. (I)
