Seis días después de haberse consumado los plazos para elegir a una nueva autoridad en la Defensoría Pública, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se tomó más tiempo para resolver sobre esta crisis en la que están de por medio posibles sanciones a los consejeros por parte de una jueza de Los Ríos.

En una sesión ordinaria convocada este miércoles, 19 de junio de 2024, se incluyó como un punto de debate el análisis sobre el informe final de la comisión ciudadana, que contiene el listado de cuatro postulantes mejor puntuados que quedaron en el concurso público de selección del defensor público.

Dicho informe estaría caracterizado por las irregularidades, coincidieron algunos de los vocales del CPCCS, ya que los comisionados decidieron restituir la postulación de Jorge Ballesteros Ballesteros pese a que había sido descalificado por el pleno del Consejo, por una aparente falta de probidad notoria, y cuyas resoluciones son de última y definitiva instancia, según el reglamento respectivo.

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La inhabilitación de Ballesteros se aprobó con el voto de los consejeros Juan Guarderas, Mishelle Calvache, Andrés Fantoni y Johanna Verdezoto a inicios de junio.

Pero el 11 de junio, con cinco de siete votos de los miembros de la comisión ciudadana se restituyó su candidatura y se lo posicionó como el mejor puntuado del concurso y, por tanto, como el virtual defensor.

La lista final de aspirantes quedó así:

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  1. Jorge Ballesteros Ballesteros con 80,07
  2. Yolanda Yerovi Nogales con 73,82
  3. Margarita Gualotuña Cruz con 66,5
  4. Jorge Torres Farinango con 57,21

El Consejo debió conocer y designar a la autoridad con base en ese informe el 13 de junio último, pues el reglamento da dos días término para que se pronuncien una vez que fueron notificados de la resolución.

Pero no lo hicieron y en la víspera buscan mecanismos para subsanar esta crisis legal.

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En la sesión de este miércoles, la vocal y vicepresidenta, Mishelle Calvache, mocionó que el área jurídica elabore un criterio en un plazo de 48 horas.

Su propuesta se aprobó con los votos de sus coidearios Andrés Fantoni (presidente), Juan Guarderas, Johanna Verdezoto y Calvache; los consejeros Augusto Verduga, Nicole Bonifaz y Yadira Saltos votaron en contra.

A la sala de sesiones en Quito asistieron las siete autoridades —que lucían preocupadas—, aunque empezó con dos horas de retraso.

Los vocales de mayoría coincidieron en que deben evitar sentar un precedente que afecte a concursos públicos futuros por decisiones de los comisionados.

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La consejera Yadira Saltos dijo que votaba en contra porque los plazos para resolver habían fenecido y cuestionó la actuación de los comisionados y del pleno.

«Este concurso público está viciado», aseveró Saltos y advirtió que no se puede solucionar una «aberración jurídica con otra aberración jurídica».

Ello, porque los comisionados no reconocieron la autoridad del pleno al restituir a Ballesteros, pero a su vez, el pleno —con los votos de Calvache, Fantoni, Guarderas y Verdezoto— lo descalificaron sin un debido proceso, comentó.

La consejera Nicole Bonifaz concordó en que no se puede resolver una «ilegalidad con otra ilegalidad», tanto por lo actuado por la comisión como por la mayoría del Consejo.

«La comisión ha dicho que no va a descalificar al postulante, desconociendo una resolución del pleno y eso es una falta grave. Este concurso se ha llevado mal y considero que ninguno de los informes es válido», lamentó Bonifaz y descargó la responsabilidad en el presidente Fantoni por no llamar a sesión y dar una solución al caso con anticipación.

En tanto se elabora el informe jurídico, una jueza de Quevedo (Los Ríos), Jenny Freire Arias, dio un plazo de 48 horas para que los consejeros designen a la autoridad o se les aplicará una multa.

La jueza Freire trató una acción de protección en enero de 2023, en la que dispuso que el concurso público avance sin prórrogas ni interrupciones de terceros interesados.

Este 18 de junio informó a los siete vocales que si no proceden con la designación se les multará con la mitad de un salario básico diario para cada uno y será progresivo de seguir incumpliendo. (I)