Defensas de Mayra Salazar, Hélive Angulo y Álex Palacios trabajan para concretar su salida de la cárcel ante el cumplimiento de penas en caso Metástasis

A un día de que se completen los quince meses de cárcel ordenados para Mayra Salazar dentro del caso Metástasis, su abogado, Guillermo Astudillo, le pide al juez de Garantías Penitenciarias de Ambato (Tungurahua) Christian Rodríguez que defina la hora exacta en la que debe salir la excomunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas.A inicios de enero pasado, el juez Rodríguez, como parte del pedido hecho por la defensa de Salazar para que se realice el cómputo de la pena, definió al 14 de marzo de 2025 como la fecha de cumplimiento total de la condena impuesta de un año y tres meses de privación de la libertad.El escrito ingresado la mañana de este jueves, 13 de marzo, busca justamente que se les defina la hora exacta en la que se completaría la pena de cárcel. En el documento se resalta que el juez en la respuesta que dio en el tema de cómputo de la pena “no se establece la hora del cumplimiento de la misma”, por lo que solicita que Astudillo “aclare la hora exacta” del cumplimiento de la pena el 14 de marzo próximo.Para la tarde de este mismo jueves, el juez penitenciario emitió una providencia en la que se incluye una respuesta: “(...) La peticionaria (Mayra Salazar) debe estar a lo ya ordenado en providencia de 7 de enero del 2025, específicamente en el párrafo 11″. El párrafo en cuestión señala solamente que la fecha de privación de libertad de Mayra Salazar se dio el 14 de diciembre de 2023 y el tiempo de condena de quince meses se cumple el 14 de marzo de 2025.Dentro del proceso de verificación del cumplimiento o no de la sentencia, para la tarde de este jueves en Ambato está previsto que se reinstale una audiencia en la que intervenga la Procuraduría General del Estado (PGE) y la defensa de Mayra Salazar. En un documento parte del expediente, la PGE pretende que el juez penitenciario disponga a la sentenciada que cumpla con la reparación integral material al Estado ecuatoriano definida en el caso Metástasis.En el escrito de la Procuraduría se indica que se debe tener en cuenta que Salazar cumple la pena privativa de libertad el 14 de marzo del 2025; y, en caso de incumplimiento, se debe remitir el expediente a la Fiscalía para que se inicie la investigación correspondiente.De su parte, la defensa de la comunicadora ha presentado la documentación de que cumplió con las disculpas públicas y que ya ha publicado por tres días consecutivos en un medio de alcance nacional la sentencia condenatoria en contra de Salazar. Para esta tarde se espera que Mayra Salazar complete el pago de los tres rubros que hacen parte de su reparación económica: $ 5.520 de multa, una reparación económica al Consejo de la Judicatura (CJ) de $ 11.040 y la devolución al Estado ecuatoriano de $ 6.300.El juez Astudillo ha aclarado que la competencia del juez de Garantías Penitenciarias relativa a los incidentes sobre la reparación integral comprende únicamente la declaratoria de su cumplimiento o incumplimiento, lo cual se verificará a través de la realización de la respectiva audiencia. “A quien le compete exigir el pago de la reparación integral conforme el artículo 1 de Resolución 11-2021 es al juez de conocimiento, y al juez de Garantías Penitenciarias únicamente la declaratoria de su cumplimiento o incumplimiento”.En un proceso similar para concretar su salida, luego de completar los quince meses de prisión ordenados, están también Hélive Angulo, mano derecha del narcotraficante Leandro Norero, alias Estimado , y Álex Palacios, exasesor en el Consejo de la Judicatura (CJ) de Wilman Terán.Por ejemplo, Angulo solicitó a María Galarza, jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Pichincha, que emita la boleta de excarcelación presentada por la defensa de alias Estimado y suscrita por Luis Paredes, director del Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha número 2, más conocida como Cárcel 4, en Quito.La tarde de este jueves, 13 de marzo, a esa carpeta se anexó la constancia de que el procesado cumple el año y tres meses de condena este viernes, 14 de marzo.A alias Estimado , además de la pena de quince meses de privación de libertad, se le impuso el pago de una multa de $ 5.520 y la cancelación de una indemnización económica al Estado de $ 11.040. También se le ordenó como medidas satisfactorias que emita disculpas públicas y haga la publicación de la parte resolutiva de la sentencia condenatoria en su contra en un medio de comunicación de circulación nacional por tres días consecutivos.En un informe de febrero pasado, el cual es parte del expediente del caso Metástasis, se hace conocer que diez de los doce condenados mediante procedimiento abreviado ya pidieron disculpas públicas en la Corte Nacional, y que la mayoría de ellos, entre los que se incluye Angulo, no han cumplido con la reparación material e inmaterial dispuesta en sentencia y actualmente en fase de ejecución.En el caso de Álex Palacios, su defensa desde el 12 de marzo pasado le solicita a la jueza de Garantías Penitenciarias de Latacunga (Cotopaxi) Ana Sánchez que se le extienda la respectiva boleta de excarcelación, pues, según el cómputo de la pena hecho en su caso, el 13 de marzo completaba los quince meses definidos en el caso Metástasis. El exasesor de alias Diablo , como se conoce a Wilman Terán en el caso Metástasis, estaba recluido en el Centro de Privación la Libertad de Cotopaxi.La defensa de Palacios también solicitó el 12 de marzo pasado al conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Manuel Cabrera que gire la respectiva boleta de excarcelación al haber completado la condena. Ante el pedido, Cabrera le respondió, la noche del mismo 12 de marzo, que son los jueces de Garantías Penitenciarias los competentes para emitir las resoluciones que concedan la inmediata excarcelación por cumplimiento de la pena. El pedido realizado fue declarado improcedente.El exasesor también debe pagar $ 5.520 como multa y tiene que cancelar como reparación económica $ 11.040. No se conoce cómo avanza el proceso ante la jueza Sánchez, pues está restringida esa información en el sistema electrónico de causas de la Función Judicial (Satje). (I)

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