Cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvieron remover del cargo de presidenta a Sofía Almeida Fuentes y a David Rosero de la vicepresidencia, en una sesión permanente que reinstalaron de forma presencial este 9 de febrero de 2022.
Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira reinstalaron esta sesión permanente n.º 3, que fue suspendida por el vicepresidente David Rosero días atrás, al incluirse el punto de la remoción de la presidenta.
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Los cuatro vocales reclaman que pasaron trece días sin que Rosero reinstale esta plenaria, por lo que ellos decidieron autoconvocarse y sesionar. Nombraron como secretario ad-hoc a Nelson Silva y a Francisco Bravo para conducir la plenaria.
En paralelo y al darse este escenario, Rosero remitió este 9 de febrero el memorando convocando a la instalación de esta sesión para el próximo 15 de febrero. Pero los otros cuatro decidieron continuar con el debate.
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La importancia de esta plenaria permanente se debe a que constan puntos a tratar, como la reforma de todos los reglamentos para la designación de las autoridades de seis autoridades de control del Estado. Así también, constaba la remoción de la presidencia de Almeida y este 9 de febrero incluyeron la moción de remover a Rosero.
Los cuatro consejeros lograron apelar la presidencia de Almeida el pasado 26 de enero para que no presida esta plenaria, con lo que lograron incluir varios puntos a tratar, como es la reforma de los reglamentos para la organización de los concursos públicos.
A esta reunión presencial asistieron Bravo, Ulloa, Estupiñán y Rivadeneira; sin Almeida, Javier Dávalos y David Rosero.
Antes de remover a Almeida, se la llamó por teléfono para que ejerciera su derecho a la defensa, pero no contestó.
Lo mismo se hizo con Rosero, y él sí respondió. Incluso se conectó a la sesión a través de Zoom y les explicó que no convocaba a la reinstalación porque hay acciones judiciales en contra de esta moción de remoción de Almeida que deben resolverse.
Los exteriores del Consejo se encuentran resguardados por efectivos de la Policía Nacional, debido a la instalación de esta sesión.
Sofía Almeida recurrió a los titulares de las funciones del Estado: Asamblea Nacional, Función de Transparencia, Corte Nacional de Justicia, Función Electoral y al presidente Guillermo Lasso, exponiendo una denuncia pública de que estos cuatro consejeros se “han tomado las instalaciones” del Consejo, reinstalando esta plenaria que “no les corresponde efectuar”.
“Exijo que se respete la independencia de funciones y el Estado de derecho, así como la institucionalidad del país”, describió Almeida en su carta.
La moción que impulsó Bravo se amparaba en el Código Orgánico Administrativo, que establece la posibilidad de discutir en los cuerpos colegiados la remoción de las autoridades.
Se argumentó que Almeida no ha entregado información a los consejeros, que ha incumplido y abusado de sus funciones, como convocar a sesiones con 24 horas de anticipación, sin observar que se lo debe hacer en un mínimo de 48 horas; por falta de transparencia en los procesos de designación de autoridades; por suspender sesiones de forma arbitraria.
Almeida presentó una medida cautelar para evitar que se trate este punto, y la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón (Guayas), Karly Vargas, se la otorgó, alegando que la moción de Bravo violentaba la seguridad jurídica.
Sin embargo, Ulloa también presentó una acción de protección y la jueza Larissa Ibarra Lamilla, de la misma unidad judicial, la revocó.
A Rosero le increparon no haber convocado a esta reinstalación y haberla suspendido de forma arbitraria, y con cuatro votos lo removieron de la dignidad.
Rosero no votó por esta moción para removerlo, pero aseguró que lo actuado por este “grupo de amigos” es “ilegal”. “Nada de lo que están haciendo es legal”, enfatizó la autoridad y añadió que esto sería una intención del gobierno de Guillermo Lasso para dirigir los concursos de selección de autoridades. (I)