¿Por qué persisten los cortes de luz pese a tener la ley No Más Apagones?

Nueve meses han pasado desde que la Asamblea Nacional aprobó la ley llamada No Más Apagones, que fue impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa. En enero pasado, la entonces ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, prometía que esta normativa pondría fin a los cortes de luz. Pero nada cambió: el país nuevamente tiene apagones programados de 22:00 a 06:00.

La ley reconoce la figura de la autogeneración para la empresa privada e impulsaba la instalación de proyectos de energía renovable privados no convencionales (solar, eólica o geotérmica) de hasta 10 megavatios, facilitando sus procesos de contratación. Además se dio paso a la condonación de los intereses para la ciudadanía por el pago del servicio público de energía eléctrica, y la elaboración de un plan para fomentar proyectos de desarrollo territorial y rebustecer la infraestructura de generación, transmisión y distribución.

Asambleístas que son parte de la Comisión de Desarrollo Económico, quienes fueron los que aprobaron la norma, afirman que el Gobierno no cumplió con su parte y por eso nuevamente se originan los apagones.

El legislador del movimiento Construye, Jorge Peñafiel, dice que el Gobierno dejó de lado un factor muy importante: incorporar la apertura de la inversión del sector privado.

Para él, esto ayudaría mucho asolventar el aspecto económico en la generación de energía, dinero que el Estado no tiene para enfrentar esta crisis. Y, por el contrario, dice que desde el oficialismo solo se han dedicado en tomar “medidas parche”.

Un ejemplo de esto es el alquiler de barcazas a altos costos y que no generan energía suficiente para solucionar el problema. “Lo mismo ocurre con la compra de luz a Colombia y a Perú. Los costos son altos y eso no va a generar que Ecuador tenga energía a largo plazo. Solo se está pensando en este año, y el otro nuevamente tendremos crisis”, señaló.

En esto también coincide el legislador Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana. El asambleísta también cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno y dice que la información de la crisis es poco transparente. El funcionario afirma que, cuando se aprobó la ley No Más Apagones, los asambleístas de oposición advirtieron que se requería un plan de sostenibilidad energética.

“Se dejó sentado que de forma inmediata se retomen los procesos de contratación para la generación de energía y que se dé impulso a la inversión privada. También se dijo que las empresas que tienen consumos considerables de porcentajes de energía deben aportar con la crisis. Incluso se dijo que el Gobierno debe garantizar con un programa de libre de aranceles para paneles solares. Tampoco se ha dado. Fue una propuesta demagógica”, dice.

Luna también cuestiona el alquiler de las barcazas. Según el legislador, el Gobierno contrató estas maquinarias por un costo de alrededor de 25 centavos por kilovatio/hora. “Un precio altísimo cuando sabemos que había propuestas por menos costo, de hasta 10 centavos”, afirmó.

Según Luna, ha enviado hasta cinco solicitudes de información al Ministerio de Energía y al Área de Hidrocarburos para conocer los detalles de esas licitaciones, pero hasta el momento no han sido respondidas.

De allí que también dice que los motores de tierra que adquirió el Gobierno tampoco son nuevos: “Son refacturados; es decir que fueron desechados de otras partes del mundo y hay riesgo de que se dañen en cualquier momento”.

Por último, el legislador también cuestiona que empresas mineras y de telecomunicaciones, que son las que más consumo de energía tienen, sean beneficiadas con incentivos tributarios.

Para el Gobierno, todas las medidas van de la mano de los beneficios que otorga la ley No Más Apagones. De allí que esperan que hasta abril de 2025 el país pueda alcanzar la meta de tener 1.200 megavatios.

Por eso, el ministro de Energía, Antonio Goncalves, en una entrevista radial, dijo que el plan gubernamental es que una segunda barcaza extranjera llegue al país a finales de octubre y que sus operaciones empiecen los primeros días de noviembre.

Además, el ministro indicó que este plan forma parte del segundo bloque de generación eléctrica. Esta etapa va a ser de 800 megavatios. De estos incluye 340 de alquiler y más o menos 470 de generadores de base.

Según el funcionario, la idea es completar los 1.200 megavatios que se requieren. De allí que afirmó que las barcazas son las herramientas más rápidas para generar energía, pese a las críticas que existen sobre estos equipos.

Otros beneficios que contempla la ley son el incentivo de sistemas de autoabastecimiento, a través de la instalación de sistemas de generación con recursos renovables no convencionales.

Para Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, esto último no se ha cumplido. A diferencia de los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico, ella sí considera positivas las acciones que ha realizado el Estado para combatir la crisis energética.

Pero también afirma que la ley No Más Apagones es insuficiente para sobrepasar el problema. De hecho, ella dice que la normativa debe modificarse y establecer que el sector energético no es un sector estratégico. Esto ocurre, según la especialista, porque este estatus no permite que la empresa privada entre al sistema energético.

Para ella, que el Estado sea el único que administre el sistema energético solo funcionaba cuando existía una economía con grandes ingresos petroleros. Pero las situación del país ha cambiado y el Gobierno no tiene suficiente dinero para invertir en el sistema energético.

“No hay capacidad, no hay mantenimiento. El Estado no puede resolver el tema de inversión”, señaló.

Por esa razón, Heller afirma que la matriz energética del Ecuador es “pésima” y que el 60 % depende de un sistema hidroeléctrico. “Si no llueve es evidente que nos pone en una crisis. En Chile apenas el 20 % tiene matiz hidro”, dijo.

Por eso, para la experta, la ley No Más Apagones es positiva, pero se debe ampliar la autogestión. “El déficit es de 1.000 megavatios. Esas medidas que se están tomando están bien. Pero no ha habido inversiones, mantenimiento, tarifas subsidiarias”.

De allí que propone como acciones de solución a largo plazo que el Estado genere opciones para que sea atractivo al sector privado el sistema energético. Es decir, políticas claras e incentivos. Según Heller, el 60 % de la capacidad energética tiene más de 30 años y eso es un problema a largo plazo que se debe mejorar.

Ella también propone que la academia tenga acercamientos técnicos con el Estado y que no solo sea el sector público el que administre el sistema de energía. (I)