Una sentencia que da luz verde para evaluar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T), constituido por mandato de la consulta popular del 2018, abrió un conflicto interno en el actual pleno del CPCCS, que lleva en funciones poco más de cien días, y una polémica con la Corte Constitucional.