Analizar los “desafíos de gobernabilidad en Ecuador” para el próximo gobierno fue el objetivo del conversatorio que se realizó este jueves, 19 de septiembre, en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en el que se profundizaron varios aspectos de las crisis que atraviesa el país y que es probable se prolonguen para el siguiente periodo presidencial, independientemente de quien resulte electo el próximo 9 de febrero de 2025.
El evento tuvo como moderador a Héctor Yépez, director de la Escuela de Gobierno de la universidad, quien abrió el debate con la pregunta de si será necesario reformar la Constitución para que mejore la gobernabilidad en el país y qué otros desafíos se presentarán.
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Hernán Pérez Loose, exembajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y reconocido abogado, diplomático y columnista de EL UNIVERSO, manifestó que los desafíos para el nuevo Gobierno serán los mismos que tiene el actual, como la crisis energética, que se puede ir agravando hasta que llegue la nueva administración en mayo de 2025.
Pérez comentó también que otro problema que persistirá será el que la economía siga estancada, ya que, según indicadores económicos, no se registrará ni un 1 % de crecimiento. Lo mismo pasaría con el endeudamiento externo que mantiene el país.
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El diplomático explicó también que la inseguridad seguirá siendo otro problema que persistirá debido a que Ecuador tiene una criminalidad muy alta, y que su situación no se compara con la de El Salvador, como se ha comparado, sino que es más similar a la de México y Colombia, con corrupción en las instituciones, como se ha evidenciado en el país.
“Después de dar su fiesta en Carondelet, quienquiera que sea el presidente se va topar con la realidad (…): que no tiene mayoría en el Congreso, y se comenzarán a dar esos acuerdos que ya se han visto (…). Los Gobiernos cuando llegan al poder son conscientes de que hay un problema estructural, pero quedan atrapados en la coyuntura y se van diluyendo, y piensan que el problema político se arregla con el ministro de Gobierno y manejando las cortes”, apuntó Pérez.
La exlegisladora y académica Nathaly Arias, profesora de Ciencias Políticas de la UEES, destacó en su intervención que las reformas a la Constitución hechas recientemente abren el debate de si se entiende realmente cuál es el objetivo de una carta magna, si en cada administración es utilizada por los Gobiernos para sus intereses.
Arias comentó que en este momento existe la duda de si Ecuador vive un momento de estabilidad o uno convulso, y que no se debe dejar de lado el analizar las revelaciones de la corrupción en la justicia con casos como Metástasis y Purga, e incluso con el caso de la sentencia de Carlos Pólit, el excontralor en Estados Unidos.
El abogado especialista en derecho constitucional Roberto López identificó que uno de los principales problemas para el país es empezar por definir que la Constitución es un instrumento de gobierno, que asigna las porciones de poder estatal.
López recordó que la ingobernabilidad del país se expresa en la designación de autoridades. Puso de ejemplo que no hay defensor del Pueblo desde que el anterior fue apresado el 16 de mayo de 2021, que la designación del contralor tomó 2 años 4 meses y que los vocales del CNE siguen en funciones prorrogadas desde hace más de tres años.
Indicó que el modelo de designación de autoridades que tiene Ecuador da pie a que el presidente no tenga realmente un poder para designar autoridades, lo que recae en que sea el Legislativo quien tiene la última palabra.
Al debate, Pérez Loose agregó que es necesario tener en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos el sistema para designar autoridades se vuelve viable porque en ese país existe un sistema bipartidista y no una dispersión de organizaciones políticas, como ocurre en Ecuador.
En este tema, el diplomático considera que una vía para mejorar la gobernabilidad del país sería tener segunda vuelta para la elección de legisladores, así como la eliminación de la figura del asambleísta suplente.
Arias aportó con recordar que no se puede pensar en reformas institucionales sin pensar en los efectos que tendrá, y trajo a colación que ya se consultó a los ecuatorianos por la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que no fue aprobada por los ecuatorianos, ya que se terminan volviendo estas propuestas algo político en el momento de votar.
Por su parte, López abordó la idea de tener un sistema legislativo bicameral y apuntó que, si bien esto fue planteado en la Asamblea Nacional en su momento, no fue tramitado y demuestra que el Parlamento no procesa ni tramita estas reformas que pueden llegar a ser claves para la gobernabilidad del país.
El jurista comentó también que otro tema por considerar es que se piensa que Ecuador es ingobernable, pero el sistema de trámite de muchos tipos de acciones tienen candados y la Constitución vigente se promulga como una carta de gobierno avanzada que no restringe derechos, pero que a la larga no permite tomar acciones en contra de los derechos de los delincuentes que afectan a la estabilidad del país.
López destacó que la restricción de derechos se debe comprender en profundidad, ya que al hablar de este tema se refiere más bien a no restringir el contenido esencial del derecho.
“Es una locura decir que se restringen los derechos, entonces ¿cómo metemos presos a los delincuentes? (…) Este problema se resolvió después de la Segunda Guerra Mundial, y los alemanes establecieron que lo que no se puede restringir es el contenido esencial del derecho. Quien está metido en una celda tiene restringido el derecho ambulatorio, el desplazarse fuera de esos cuatro metros cuadrados, pero no se le restringe el contenido esencial: comer, beber, expresar su opinión, etc.”, explicó.
López comentó que las reformas de fondo se consiguen con herramientas como una constituyente, y mencionó el caso de la Constitución de 1998, la que considera no tiene candados y permite que la nación sea dueña de cambiar las reglas del juego cuando así lo considere.
Para finalizar el evento, el moderador manifestó que desde la academia es necesario seguir contando con espacios en los que se pueda pensar y debatir este tipo de ideas que contribuyan a la gobernabilidad del Ecuador. (I)