Contraloría emitió 206 informes con indicios de responsabilidad penal a gobiernos autónomos descentralizados desde 2024

Son 206 los informes con indicios de responsabilidad penal contra la Administración pública que fueron emitidos por la Contraloría General del Estado (CGE) en los últimos dos años. El Oro es la provincia donde más reportes se han emitido, mientras que en Galápagos no se han detectado novedades. Estos informes se derivan de auditorías que hizo el organismo de control desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 13 de febrero de este 2026. La información fue expuesta por Gabriela Sulca, subcontralora general del Estado , el pasado 16 de febrero ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional como parte del trámite de la Ley reformatoria al Código de Organización Territorial (Cootad) para la eficiencia en el gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que fue aprobado y ya está vigente en el país. La funcionaria precisó que en este periodo se aprobaron 741 informes de control a los GAD. De estos, dijo, 535 corresponden a informes generales enfocados en obra pública, gestión y exámenes especiales, mientras que 206 informes contienen indicios de responsabilidad penal detectados contra la Administración pública.La subcontralora especificó que en municipios se emitieron 137 informes que representan el 66 % de participación; en juntas parroquiales se generaron 55 informes, que equivalen al 27 %; mientras que en las prefecturas del país se presentaron catorce documentos con indicios, que representan el 7 %. “Esto significa que una de cada cuatro auditorías evidencia presuntos delitos contra la Administración pública”, dijo la representante. Sulca expuso que las acciones de control se enfocaron en identificar aspectos de contratación pública, es decir, sobre la evaluación de la legalidad de las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de bienes, servicios y consultorías, así como servicios de comunicación. La autoridad reveló que en este sentido se detectaron casos de elusión de procesos de contratación pública.Sobre ámbitos financieros, la funcionaria explicó que las auditorías se centraron en la recuperación y recaudación de dinero, así como la custodia de valores retenidos y embargados. Mientras, sobre infraestructura y consultoría, Gabriela Sulca informó que la fiscalización priorizó los procesos de obras, asegurando el buen uso de los recursos destinados a los gobiernos locales. En cuanto a municipios, en la provincia de El Oro es donde la Contraloría General del Estado emitió más informes de responsabilidad penal a estos GAD, con un total de 26 documentos. Le sigue Azuay, donde se emitieron 18 informes. En Pichincha se registran 17 informes a municipios; en Sucumbíos 16; en Loja 9 y en Guayas 8, entre las provincias con más informes. Respecto a juntas parroquiales, la provincia donde más informes se generaron fue Morona Santiago, con catorce, seguida de El Oro, Pastaza, Esmeraldas. En tanto que a nivel de prefecturas, Morona Santiago y Napo tienen cuatro de estos informes, mientras que las prefecturas de Guayas y Azuay registran dos informes cada una. Las prefecturas de Loja y El Oro tienen uno. Galápagos es la única provincia en la cual la Contraloría General del Estado no detectó posibles irregularidades que deriven en indicios de responsabilidad penal. Por otro lado, la subcontralora general anunció que para este 2026 el organismo tiene planificado realizar 60 auditorías a municipios de quince provincias, entre auditorías financieras, declaraciones patrimoniales juradas y exámenes especiales. Mientras que a nueve prefecturas, la CGE planificó 26 exámenes especiales. (I)

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