La comisión ciudadana de selección que organizó el concurso público para elegir al titular de la Contraloría General del Estado concluyó definitivamente sus actividades, en tanto que una jueza convocó a una audiencia para tramitar una acción de protección planteada por un expostulante, que demanda la afectación de sus derechos y pide que no se posesione en su cargo al contralor electo, Mauricio Torres.
En una plenaria de este 21 de noviembre de 2023, los integrantes de la comisión ciudadana que llevaron a cabo el concurso en el que se seleccionó a Mauricio Torres Maldonado como contralor general formalizaron la terminación de sus actividades administrativas.
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Este cuerpo colegiado inició con el proceso de selección en noviembre del 2022 y entregó su informe final el 1 de noviembre, con el listado de las calificaciones de 103 participantes, en el que Torres resultó como el mejor puntuado en sus méritos y examen escrito con 91/100.
Su resolución se conoció en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el 7 de noviembre y con el voto de seis de los siete vocales se designó al nuevo contralor.
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Solo resta que la Asamblea Nacional lo posesione para que asuma formalmente sus funciones en la Contraloría.
En un breve mensaje de despedida, quien fue el presidente de la comisión, Marco Chalco, felicitó a sus colegas por la organización del concurso y aseguró que dejan todos los documentos en regla.
No obstante, les pidió estar preparados para defenderse de juicios que están interponiendo en su contra e hizo un llamado a los actores políticos a dejar de lado sus «intereses personales».
«Vamos a enfrentar los juicios que nos están poniendo gente que ha entorpecido el concurso y que de una manera hipócrita están haciendo cosas contrarias a la ley. Las sesiones han sido públicas y todo está publicado», enfatizó Chalco.
A esta sesión asistieron los ahora excomisionados Chalco, Lenin Uquillas, Carmen Atupaña, Eugenia García y Nary Galarza; no participaron Janeth Ojeda, Maribel Baldeón, Jhossueth Almeida, Melisa Cabrera y Raúl Guaña.
Una de sus últimas actividades fue aprobar dos actas pendientes, aunque solo hubo cuatro votos a favor y una abstención de Galarza, por lo que Chalco optó por el voto dirimente para concluir con los pendientes.
Mientras tanto, sigue adelante el trámite de una acción de protección planteada por el expostulante Juan Falconí Puig y que se tramita en el despacho de la jueza Carmen Romero Ramírez, de la Unidad Judicial de Iñaquito (Pichincha).
La magistrada convocó a la audiencia para sustanciar el recurso jurisdiccional el 24 de noviembre a las 10:00 en el Complejo Judicial Norte y negó el pedido de dictar medidas cautelares para suspender la posesión de Torres en su cargo.
Respecto de la solicitud de «no posesionar a un contralor que no haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos reglamentarios e indispensables y que no haya sido calificado legítimamente, en los méritos, en la oposición», la jueza esgrimió que eso sería un «juzgamiento» del concurso y sus fases.
«No tiene nada que ver con la naturaleza de la medida cautelar y además que tiene relación con todos los participantes, es decir, (el accionante) está involucrando a terceros que no son parte de esta acción de protección», argumentó Romero.
A lo que se suma que Falconí había pedido una inspección ocular a la calificación de los méritos y pruebas escritas y de un video de sesiones «secretas» sin precisar de qué fecha o qué pretende hacer con eso, «lo cual desnaturaliza la medida cautelar».
Falconí, expostulante que obtuvo 79/100 en su calificación, busca que se vuelva a la fase de admisibilidad y verificación de documentos, volver a rendir un examen de conocimientos, porque se habría vulnerado su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la motivación, a la igualdad y no discriminación. (I)