Juez niega acción de protección y concurso para elegir a un nuevo contralor del Estado se reactivará

El concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado seguirá a la última fase correspondiente a la designación de la nueva autoridad, una vez que no se aceptó una acción de protección planteada por una de las postulantes.Por más de once horas se desarrolló este viernes, 20 de octubre de 2023, una audiencia pública para sustanciar una acción de protección planteada por una de las postulantes al concurso público para la elección del contralor del Estado, Julia Palma Farfán.El recurso lo tramitó el juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón (Guayas), Edwin Tierra Gusqui, quien consideró que «no cumple con los presupuestos para que se declare una vulneración de derechos constitucionales» y declaró sin lugar la acción de protección; en consecuencia, revocó la medida cautelar de suspensión temporal del concurso , que estuvo vigente por los últimos quince días.La diligencia empezó pasadas las 09:00 y concluyó a eso de las 20:30 de este viernes, a la que asistieron los miembros de la comisión ciudadana de selección y abogados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como demandados.También, candidatos a ocupar el cargo. Unos para pedir al juez que acepte la acción de protección porque se vulneraron derechos; y, otros para que no se acepte y disponga que el concurso avance a la siguiente etapa de designación de la autoridad.La accionante, Julia Palma demandó a la comisión ciudadana porque consideró que se vulneraron sus derechos a la igualdad, no discriminación, de seguridad jurídica y de la motivación, ya que se admitió a decenas de concursantes pese a que incumplieron requisitos normativos que fueron subsanados por los comisionados, entre ellos, la no presentación de la declaración juramentada.La concursante pidió que se dejen sin efecto resoluciones emitidas por la comisión ciudadana y se retrotraiga el concurso a una primera etapa, cuando regía un primer reglamento para la elección de esta autoridad que se aprobó en la presidencia del exconsejero Hernán Ulloa.Esto, tomando en cuenta que en abril pasado, un juez de Rumiñahui (Pichincha) aceptó otra acción de protección en la que retrotrajo el concurso a la fase de admisibilidad, para que se haga con un reglamento emitido en el periodo que presidió el CPCCS la exconsejera Sofía Almeida.En ese fallo, el juez dispuso que se descalifique a los concursantes que hayan incumplido con los requisitos legales y reglamentarios; sin embargo, se admitió a 103 concursantes, pues la comisión los «subsanó» alegando la proparticipación, por lo que Palma apuntó la vulneración de su derecho a la igualdad.El juez Tierra aclaró que este reglamento «no nace de la voluntad de los miembros de la comisión», sino de una orden judicial que se encuentra vigente.«La carga argumentativa respecto de que existe arbitrariedad por un reglamento distinto se encuentra legitimada, por cuanto existe una sentencia judicial. Nos guste o no, se encuentra vigente y no hubo autoridad judicial que disponga lo contrario», recalcó el magistrado, quien deliberó su decisión por casi tres horas.Entre los intervinientes estuvieron concursantes como Fernando Albán, que reclamó ante el juez que hubo discriminación en la calificación de méritos y alertó que la actuación de una de las comisionadas, Nary Galarza, es «nula» por cuanto fue delegada de la Asamblea Nacional que fue disuelta por el presidente Guillermo Lasso en mayo pasado.Albán manifestó que Galarza no es funcionaria de carrera de la Asamblea y aun así continuó actuando, por lo que pidió que cese de sus funciones a los comisionados.La defensa técnica de la comisión ciudadana, el abogado Ignacio Monge, defendió las actuaciones de los comisionados y pidió que se deseche el recurso; al igual que la defensa del CPCCS, en María Cadena, quien incluso advirtió al juez de que recientemente la Corte Constitucional (CC) destituyó de sus funciones al exconsejero Alembert Vera por atender una acción de protección para crear una veeduría ciudadana para revisar las actuaciones del extinto CPCCS de transición.Antes de resolver el fondo de la acción de protección, Tierra aceptó una medida cautelar y suspendió temporalmente el avance del concurso.Por los últimos quince días el proceso se detuvo antes de iniciar la fase de recalificación de méritos y de la prueba escrita (valorados cada uno sobre 50 puntos) que rindieron 48 de los 103 participantes que fueron admitidos a participar del proceso.Con ello, la comisión ciudadana deberá resolver las solicitudes y aprobar un informe final, que será enviado al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que resuelva la designación de la nueva autoridad, con base en aquel que haya obtenido el más alto puntaje sobre 100.Hasta esta fase, el mejor puntuado es el candidato Xavier Torres Maldonado , quien suma 87,50/100 puntos, posicionándose como el virtual contralor del Estado. (I)

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