Contraloría detectó anomalías en contratos para asesoría legal y psicológica a migrantes ecuatorianos en España

Irregularidades observó la Contraloría General del Estado en los contratos realizados por la Embajada de Ecuador en España, con los que se brindaba asistencia jurídica y psicosocial hipotecaria a migrantes ecuatorianos. El organismo de control informó que se destinaron $ 1,3 millones para pagar gastos administrativos a esas empresas sin que existan justificativos.El tema surgió en agosto del 2021, luego que el expresidente del Partido Social Cristiano (PSC) Pascual del Cioppo, quien figuraba como el nuevo embajador en ese país, reveló que se destinaban recursos del Estado para contratar a varias empresas españolas, una de ellas que estaría relacionada con la organización política de izquierda de España, Podemos. Ello lo llevó a excusarse de ejercer esa función por designación del presidente Guillermo Lasso , aunque luego fue nominado como representante de la Embajada ecuatoriana en Qatar.El legislador del PSC Esteban Torres dio seguimiento a la denuncia y solicitó información a la Cancillería y también una auditoría a la Contraloría.De la información que había llegado a su despacho, eran alrededor de 7,5 millones de euros (unos 7,9 millones de dólares) que se destinaron a contratos con empresas españolas.Ocho meses después, una auditoría suscrita el 27 de abril de 2022 evaluó la gestión de la Embajada y del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un periodo que fue del 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2021 y que comprendía revisar el cumplimiento de la normativa respecto de la contratación de servicios de asesoría legal e hipotecaria y asistencia psicosocial y los pagos realizados.En dicho periodo hubo siete cancilleres: Ricardo Patiño y Guillaume Long, en el gobierno de Rafael Correa; María Fernanda Espinosa, José Valencia, Luis Gallegos y Manuel Mejía, en la administración de Lenín Moreno; y Mauricio Montalvo, en la gestión actual de Guillermo Lasso.La Cancillería había suscrito contratos con las empresas Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña , Fundación Psicológica Sin Fronteras, I ntecon Iberoamérica , Mi País Consultores, Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa y Solidaridad Internacional para el Desarrollo. Entre el 2015 y 2021, los embajadores de ese entonces habían suscrito ocho contratos por 447.099 euros ( equivalente a 475.109 dólares) con las empresas Kinema, Fundación Psicológica Sin Fronteras y la Asociación Solidaridad Internacional para el Desarrollo (Solides), para apoyo psicológico.En tanto que para asesoría legal hipotecaria, por 6′340.834 euros (6′738.087 dólares) en diez contratos con Kinema, Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa, Intecon Iberoamericana, en los que la misma Cancillería había revisado la veracidad de los gastos por 3′947.977 euros (4′195.317 dólares), cita el expediente.Se detectó que la información de los migrantes beneficiarios de estos servicios entre el 2015 y 2017 no consta en la base de datos del ministerio. No hay direcciones, correos electrónicos o números telefónicos. La documentación de los pagos efectuados no se mantuvo completa y no fue archivada de forma cronológica porque no hubo disposiciones para su conservación.Otra conclusión es que los contratos suscritos no contaron con términos de referencia, estudios o necesidades que requería la Cancillería.En ese apartado se detalla, por ejemplo, que el 1 de mayo del 2016 se suscribió un contrato con la empresa Mi País Consultores para asesoría legal a ecuatorianos con problemas hipotecarios en España que no contaron con estudios y términos de referencia que justifiquen su selección.La empresa había sido constituida cuatro días antes de la contratación, es decir, el 26 de abril con un capital de 3.000 euros y su representante legal fue nombrado el 3 de mayo y consta como único socio. Entre los contratos con Kinema, Mi País, Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa, Intecon Iberoamericana, no se constató la evidencia de informes en cuanto a la asesoría legal prestada y firmas de responsabilidad de los servidores de la embajada que daban seguimiento al cumplimiento de los servicios.De acuerdo con la información de las compañías, en materia jurídica hipotecaria se habrían atendido 95.230 casos; asesoría colectiva, 9.933 casos; acompañamientos, 8.625; 503 servicios de gestión y que hubo “logros” por 5.244 casos que correspondieron a daciones en pago, quitas, paralización de desahucios, condonaciones, moratoria de desahucios.Sin embargo, las facturas entregadas no detallan el número de beneficiarios atendidos , porque no hubo control en la documentación recibida por los servidores antes de hacer los pagos, lo que generó que no se pueda verificar que los servicios que se ofertaban cumplían los requerimientos.Respecto del pago de servicios administrativos al personal de Mi País, Innovación Tecnología y Consultoría WJ Europa, Intecon Iberoamericana, no hay facturas del desglose de gastos que justifiquen la asesoría legal e hipotecaria.Los contratos establecían pagos por facturas de abogados y viáticos, movilización y centros de atención que debían ser mensuales, pero tampoco hay las facturas que permitan verificar el número de abogados contratados, así como los viáticos.La embajada había pagado por gastos administrativos de 2016 hasta 2020 entre 457.178 (485.820 dólares) y 485.000 (515.385) euros en cada año.Entre el 2017 y 2020 se habían cancelado por gastos administrativos $ 1′305.714 a Mi País, Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa, Intecon Iberoamericana, pero las facturas no fueron ubicadas. Esto se había dado porque el embajador en ese entonces permitió y autorizó los pagos sin una verificación y justificación técnica , según lo recogido por el equipo auditor.También se repusieron fondos rotativos para el personal que realizaba las misiones de la Cancillería sin que exista documentación completa para sustentarlo, por lo que tampoco se pudo verificar los gastos realizados para este procedimiento.De las observaciones, solo en una la Contraloría aceptó las explicaciones del personal de la misión. En los contratos de asistencia psicosocial se incluía el valor del impuesto al valor agregado (IVA) pese a que los servicios en la ley española no gravan ese tributo.Se esgrimió un “error involuntario”, y esos valores no habían sido cobrados. La Contraloría aceptó los argumentos.La auditoría solicitó que se impongan responsabilidades civiles y administrativas para aquellos servidores que laboraron en la embajada, entre los que están exembajadores, exencargados de negocios, administradores de contratos, agregados, coordinadores y directores financieros, cuyos nombres no se mencionan.Para el asambleísta Esteban Torres, las conclusiones de esta auditoría sientan un precedente para que se realicen controles continuos a los gastos que se efectúan en las misiones en el exterior. “Esto va a permitir que en el gasto a nivel exterior haya más controles y no se presten a ilegalidades como las que se recogen en la auditoría de la Contraloría”, opinó. (I)

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