El contralor general del Estado, Mauricio Torres, se pronunció este lunes, 2 de septiembre, sobre las investigaciones derivadas por los desvanecimientos de glosas que ha detectado la institución y que estarían tanto a presunta inoperancia de funcionarios como a falta de personal que hizo que caducaran. Reveló que $ 4.000 millones en glosas y responsabilidades administrativas, en el periodo 2019-2023, no fueron cobradas.
El contralor aclaró, en una entrevista con Ecuavisa, que esos valores corresponden al periodo 2019-2023 cuando Pablo Celi estaba al frente de la Contraloría y también Carlos Riofrío.
Publicidad
Manifestó también que se ha detectado a servidores que trabajaban directamente para consultorios jurídicos. Indicó que ya algunos fueron separados y posteriormente se presentaron a los procesos de Contraloría y son defendidos por los mismos estudios jurídicos.
“Esa situación es una prueba de lo que estamos haciendo. Estamos identificando, por denuncias ciudadanas, a quienes se encuentran trabajando con estudios jurídicos y avisan con tiempo a quienes les saldrá una reponsabilidad para ponerse a trabajar. Incluso reparten tarjetas de los estudios juridicos”, manifestó.
Publicidad
Torres contó también que han detectado que cuando un informe iba a caducar, estos funcionarios llamaban a pedir sumas de dinero a cambio de retirar nombres de los reportes. Adelantó que la mayoría de funcionarios relacionados con estos casos ya han salido de la institución y otros se encuentran enfrentando procesos disciplinarios o se los ha cambiado de unidad.
El contralor mencionó que alrededor de 22 funcionarios han sido denunciados en la Fiscalía por diferentes motivos. Por ejemplo, contó que uno de Bolívar fue sentenciado por cobrar recursos y recibirlos en la cuenta de su esposa.
“No se hace solo, va en equipo”, dijo y enfatizó que en estos casos están implicados desde máximas autoridades como excontralores, directivos, directores de responsabilidades hasta directores de las diferentes unidades y otros funcionarios de mandos medios.
En tanto, para este año, la entidad tiene planificado realizar 915 exámenes, de ellos, 700 ya están con órdenes de trabajo, según ha dicho antes Torres.
El contralor también dijo que tiene inconvenientes con el personal de la entidad, pues son insuficientes para desarrollar el trabajo. Según los datos oficiales, la Contraloría audita a 3.440 entidades, pero existen 600 auditores.
La falta de personal ha obligado a sacar empleados de áreas administrativas para que se dediquen a las auditorías. Y, a su vez, para suplir a estos funcionarios se ha tomado la decisión de contratar pasantes de las diferentes universidades del país. (I)