Consulta popular 2024: de ganar el sí, las penas se aumentarían para diez delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal

De ganar el sí en la consulta popular del próximo 21 de abril, se incrementarían las penas para diez delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Es la propuesta que se hace en la segunda pregunta, casillero G, del apartado del plebiscito convocado por el presidente Daniel Noboa.

La pregunta es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

En el anexo, no obstante, no se establece específicamente cómo cambiarían las sanciones. Lo que se indica es que, de ser aprobada la pregunta, el presidente Noboa remitirá, “en el plazo máximo de cinco días posteriores a la publicación de los resultados”, el proyecto de ley reformatoria al COIP que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en ella. “La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal, conforme el trámite previsto en la ley de la materia”, agrega el texto.

Los delitos citados en la pregunta tienen actualmente penas que van de uno a 26 años de cárcel.

1. Terrorismo: de 10 a 13 años.

Financiación del terrorismo: de 7 a 10 años.

2. Producción ilícita de sustancias estupefacientes: de 7 a 10 años.

Producción ilícita de precursores químicos: de 3 a 5 años.

Tráfico de sustancias estupefacientes: de menor escala, de 1 a 3 años; de mediana escala, de 3 a 5 años; de alta escala, de 5 a 7 años; y gran escala, de 10 a 13.

3. Delincuencia organizada: de 7 a 10.

4. Asesinato: de 22 a 26 años.

5. Sicariato: de 22 a 26.

6. Trata de personas: de 13 a 26 años, según los agravantes.

7. Secuestro extorsivo: de 10 a 13 años, y hasta 26 si la víctima es asesinada.

8. Tráfico de armas: de 5 a 7.

9. Lavado de activos: de 1 a 10 años, según el monto.

10. Actividades mineras ilícitas: de 5 a 7 años.

En la Asamblea Nacional se debatió un proyecto de reformas al COIP, en la que se proponía también el aumento de penas para los mismos delitos. Sin embargo, este quedó en suspenso una vez que no hubo apoyos para la moción de dividir la votación en cuatro paquetes que hizo la alianza gobiernista ADN.

En el tercero de ellos se habían incluido las reformas referidas a este incremento de penas y otros artículos polémicos, como la inclusión de informes de organismos de derechos humanos internacionales como causal para solicitar recursos de revisión a sentencias en firme y el levantamiento de información sobre procesos desarrollados por la Fiscalía cuando lo soliciten los legisladores.

El presidente de la Legislatura, el socialcristiano Henry Kronfle, dijo que si no había el apoyo para la iniciativa, este se archivaría en 60 días.

Gonzalo Muñoz, constitucionalista, cuestiona que en el anexo de la pregunta no se desarrolle cómo exactamente se cambiarán las penas. “Lo lógico hubiera sido que el presidente de la República proponga como anexo el texto normativo a modificarse; es decir, que el cambio sea directo. Lo único que dice es que, en caso de ganar, envíe un proyecto de ley en ese sentido, algo para lo cual no se necesita consulta popular, lo puede hacer hoy; además, acorta los plazos para que la Asamblea Nacional trate ese proyecto...”.

Muñoz refiere que con esto podría afectarse “hasta la dosimetría penal”, que es la proporcionalidad entre la gravedad del delito y la pena. Así, por ejemplo, si se decide aumentar la pena para los delitos de asesinato y sicariato, tendría que hacerse lo propio para delitos más graves como el genocidio.

Agrega que el incremento de las penas no necesariamente evitará que se cometan estas infracciones. “Está comprobado en países que tienen un sistema penal que funciona bastante bien que subir las penas no es disuasivo para el cometimiento de delitos. En el crimen organizado, por más que le suban las penas, el índice delictivo no va a bajar. Eso ya pasó aquí cuando pusieron unas penas altísimas para el narcotráfico y se llenaron las cárceles de gente, de las llamadas ‘mulas’, que eran la personas que los grandes carteles contrataban para traficar drogas y les ponían penas de 12 años, era gente pobre que se arriesgaba a viajar, pro no cayeron los grandes traficantes, los capos”, reflexiona.

En tanto que el penalista César García, director del Colegio de Abogados del Guayas, señala que, a diferencia de algunos de sus colegas, el sí está de acuerdo con el aumento de penas. Para mí la pena es un sistema de incentivos y aumentarla puede hacer que en el análisis de costo-beneficio que haga un delincuente lo lleve a decidir no delinquir”.

Pero advierte que dicho incremento por sí solo ha generado algo que en la teoría jurídica se llama “la paradoja del castigo esperado”. Esto significa que mientras más se aumentan las penas, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico multiplican sus esfuerzos para filtrarse en las estructuras de poder político y judicial, y lograr beneficios a su favor para esquivarlas.

Por eso es necesario, a su criterio, que estas medidas estén acompañadas por otras acciones, como la creación desde el Consejo de la Judicatura de mecanismos de control de la corrupción de algunos jueces para que no se genere impunidad; o más condenas judiciales exitosas basadas en inteligencia financiera que permitan la confiscación de los activos de los grupos criminales y el bloqueo de su financiamiento.

En ese sentido podrían hacerse mejoras en los marcos normativos ya existentes. Por ejemplo, García cuenta que ha propuesto que se obligue a la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) a hacer investigaciones de forma paralela a otras penales. “Por ejemplo, yo cojo un cargamento de drogas, pero no solo voy a buscar condenar a las personas detenidas sino que se le hace inteligencia financiera para descubrir sus vínculos, a quiénes les dan dinero, quiénes están detrás... O que la Judicatura no evalúe a los jueces cada tres años, si no constantemente, para que no se sientan confiados”, plantea. (I)