Disputa por la Superintendencia de Bancos: Piden a la Corte Constitucional dar seguimiento al cumplimiento de su sentencia

Inmediatamente a que cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) restituyeron a Raúl González como titular de la Superintendencia de Bancos , amparados en una sentencia de la Corte Constitucional (CC), se presentó un escrito solicitando activar la fase de seguimiento de cumplimiento de sentencia y que se apliquen sanciones por su posible incumplimiento.El activista político Santiago Becdach, de las filas del movimiento político Construye, pidió a la Corte Constitucional que active la fase de seguimiento de cumplimiento de sentencia, con la que una mayoría del CPCCS decidió devolver a Raúl González Carrión su designación como superintendente de Bancos, en lugar de Roberto Romero von Buchwald. Becdach solicitó, además, que sancione a los cuatro consejeros, incluso con la destitución de sus cargos, porque “afectaron situaciones jurídicas que se han consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, como es el caso de la designación de Roberto Romero von Buchwald, en una errada, arbitraria y consciente mala interpretación de la sentencia”.Durante una sesión del Consejo de Participación Ciudadana de este 22 de enero de 2025, los consejeros Augusto Verduga, Nicole Bonifaz, Yadira Saltos y Eduardo Franco retomaron el control del pleno y, entre otras decisiones, conocieron una sentencia de la CC suscrita el 19 de diciembre de 2024, en la que se concluyó que se “desnaturalizó” una acción de protección que echó abajo la selección de González.Esta reciente pugna por la designación de autoridades en el CPCCS se arrastra desde el 2022, cuando en julio de ese año se designó a Raúl González como titular de la Superintendencia de Bancos de una terna que envió el expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Sin embargo, Lasso desconoció esa elección y, de forma paralela, una mujer identificada como Michelle Guerra interpuso una acción de protección en Guayas en contra de la resolución del CPCCS, alegando que se afectaron sus derechos y los del pueblo ecuatoriano.En ese entonces, en medio de disputas entre la administración de Lasso y los grupos de oposición de la Asamblea Nacional, posesionaron a González en el cargo. Pero no asumió porque se rodeó las instalaciones de la institución con policías para evitar su ingreso.Una jueza de Samborondón aceptó el recurso de Guerra, dejó sin efecto la designación de González y dispuso que el Ejecutivo envíe una nueva terna y el Consejo elija a un superintendente.La decisión la ratificó un tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.Con ello, Raúl González recurrió con una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que el 5 de diciembre emitió su fallo y aceptó parcialmente el recurso.Declaró que la Sala de la Corte Provincial de Justicia “desnaturalizó la acción de protección” y vulneró el derecho a la seguridad jurídica; y, como medidas de reparación dejó sin efecto las sentencias que dejaron a González fuera de la Superintendencia.Los jueces declararon improcedente la acción de protección de origen y aclararon que su fallo es en sí mismo una reparación.Y se precisa: “Por ende, la presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos”. Esto, a propósito que tras lo ocurrido con González, en diciembre de 2022, en la administración de Hernán Ulloa, el Consejo designó a Roberto Romero von Buchwald como superintendente de Bancos de la terna que envió Guillermo Lasso.Pero la Asamblea Nacional no lo posesionó. En el periodo legislativo de Henry Kronfle, luego de la muerte cruzada, se convocó a Romero a posesionarse en el cargo.Él desistió de acudir y renunció a la designación de superintendente ante el CPCCS.Luego, el presidente de la República y candidato a la reelección, Daniel Noboa Azín envió una nueva terna con Roberto Romero a la cabeza y fue seleccionado en diciembre de 2024.La Función Legislativa tampoco lo llamó a posesionarse.Hasta que este miércoles, tomando como base el fallo de la Corte Constitucional, el consejero Augusto Verduga alegó que no existe ninguna situación consolidada, ya que Romero no fue posesionado en el seno del Parlamento.En cambio, a González —expresó— se le debe reconocer su derecho adquirido cuando fue seleccionado como superintendente de Bancos.Su moción se aprobó con los votos de él, de Nicole Bonifaz, de Yadira Saltos y Eduardo Franco.Los tres consejeros de la minoría, considerados cercanos al gobierno de Daniel Noboa, Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez votaron en contra y consideraron ilegal lo actuado, porque además, está en trámite un pedido de aclaración y ampliación de la sentencia.No obstante, los recursos horizontales no cambian el fondo de la sentencia y las decisiones de la CC son de inmediato cumplimiento.De su lado, el Ministerio de Gobierno divulgó en horas de la noche, un comunicado en el que denuncia que la ‘liga azul’, en referencia a los cuatro vocales de mayoría, buscan “apoderarse del sistema financiero”.“... En un deliberado intento por tomarse el órgano de control (lo que) supone un riesgo para la lucha contra el narcotráfico, las mafias políticas que los protegen y sus fuentes de financiamiento”, dice una misiva.Según ese ministerio, los consejeros están “abusando” de la sentencia de la CC que “aún no está en firme”, pese a que en diciembre del 2024 las partes procesales fueron notificados.Simultáneamente a este reclamo, este 21 de enero, Daniel Noboa suscribió un decreto ejecutivo con el que designó a Roberto Romero como su delegado ante el Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. (I)

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