Con una acción de protección, la vocal y expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Nicole Bonifaz López reclama la restitución de la función de la presidencia, de la que fue removida por una mayoría de consejeros el 3 de abril de 2024.

Casi 40 días después del suceso, este 13 de mayo de 2024, la consejera Nicole Bonifaz presentó una acción de protección por la presunta vulneración al debido proceso en el procedimiento de remoción de la presidencia del CPCCS.

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El recurso recayó para conocimiento de un Tribunal de Garantías Penales conformado por los jueces Stalin Palacios Ortiz, Juan Carlos Mendez Pozo y Esneider Gómez Romero.

Bonifaz interpuso el recurso en contra de los consejeros Andrés Fantoni, Mishelle Calvache, Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto, quienes formaron una mayoría y la removieron del cargo en una convulsionada sesión del 3 de abril.

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Con ello, ascendió a la presidencia Andrés Fantoni y se designó a Calvache como la vicepresidenta.

QUITO (05-04-2024).- El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, posesionó a la vicepresidenta del Consejo, Mishelle Calvache. Junto a ellos, los consejeros Juan Guarderas y Johanna Verdezoto. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

La consejera Bonifaz pide al tribunal que se la restituya en la presidencia del Consejo, se declare la vulneración de su derecho al debido proceso y se dejen sin efecto las resoluciones que recogen su remoción.

Pero, además, pide a la justicia ordinaria que disponga a la Asamblea Nacional efectuar una reforma a la Ley Orgánica del CPCCS en la que se regulen los “parámetros mínimos” para la remoción de sus autoridades y que se emitan disculpas públicas en los medios de comunicación digitales del organismo.

En respuesta, el Consejo de Participación Ciudadana publicó, la noche del martes, un comunicado firmado por los cuatro vocales: Fantoni, Calvache, Guarderas y Verdezoto, en el que dicen que la acción de protección está desnaturalizada y es un ejemplo de cómo se pretende abusar de las garantías jurisdiccionales con el “objetivo político de alterar la conducción del CPCCS” en medio de concursos de selección de autoridades.

Señalan que mediante el trabajo de esta mayoría de cuatro de siete consejeros se han destrabado concursos públicos de selección y se despacharon “más de 1.200 trámites sin respuesta que fueron heredados” por Bonifaz. (I)