Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga, además de la destitución del cargo como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), deberán enfrentar sanciones económicas, la pérdida de sus derechos de participación por cuatro años e incluso el que el Consejo de la Judicatura analice sus comportamientos ante un “eventual quebrantamiento del principio de buena fe procesal” con el objetivo de dilatar el proceso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).