El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no resolvió cuáles serán los mecanismos que se aplicarán para que los 118 aspirantes inscritos en el concurso para la elección de la autoridad de la Contraloría General del Estado incluyan en sus expedientes una prueba psicológica.
Este 19 de junio, con cinco votos de los vocales de mayoría del CPCCS: Yadira Saltos, Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto, Alembert Vera y Augusto Verduga, se aprobó la ‘codificación’ del reglamento para el concurso de selección de esta autoridad.
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La consejera Mishelle Calvache se abstuvo y Andrés Fantoni no participó en la plenaria.
Esta codificación normativa se hizo para cumplir con una acción de protección en la que el juez de Rumiñahui Diego Gómez Guayasamín ordenó que el concurso público se retrotraiga a la fase de admisibilidad y se realice con un reglamento que fue aprobado en julio del 2021, durante la presidencia de la exconsejera Sofía Almeida.
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El recurso lo presentó una ciudadana que no es postulante. Sin embargo, el juez le concedió como medidas de reparación que se califique un punto por paridad de género, es decir, por ser mujer; se cumpla con el cronograma; y, que se descalifique “a todos aquellos concursantes que no han cumplido con los requisitos establecidos al momento de la presentación de su postulación, esto es que aquellos postulantes que no cumplían con los requisitos al momento de la presentación de su carpeta”.
El 9 de junio pasado, el pleno del CPCCS resolvió acatar la sentencia de primera instancia -que no se apeló de forma escrita y quedó en firme- con lo que el concurso público se “retrotrajo” a la etapa de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes con una norma de julio del 2021 y sus reformas.
Por ello, votaron Yadira Saltos, Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto, Alembert Vera y Augusto Verduga; Mishelle Calvache y Andrés Fantoni se abstuvieron.
La resolución señaló que el concurso avance de acuerdo con las actuaciones de la comisión ciudadana -encargada de elegir a esta autoridad- del 29 de diciembre de 2022, en la que se notifica a 118 postulantes sobre su admisibilidad.
El concurso se convocó en noviembre del 2022 y se inscribieron 118 personas con reglas diferentes a las que determinó el juez de Rumiñahui.
Es decir, se inscribieron con el reglamento que se emitió en la presidencia de Hernán Ulloa, que no contemplaba la presentación de una prueba psicológica, ni puntaje por ser mujer.
Pero una vez que el juez dispuso que se haga con el reglamento aprobado en la presidencia de Sofía Almeida, el CPCCS derogó la normativa que se aprobó en la gestión de Ulloa.
Con las reglas que regirán ahora el proceso, los concursantes deberán incorporar este examen psicológico, cuya metodología para presentarla no se contempla en la codificación que elaboró el área jurídica del Consejo.
La normativa incluye en el literal m del artículo 21 que los participantes deberán presentar un “certificado de test psicológico de habilidades y/o aptitudes para desempeñarse con solvencia profesional en calidad de autoridad del Estado, emitido con un tiempo no mayor a 30 días antes de la postulación. Este certificado será otorgado por un psicólogo industrial, psiquiatra o ramas afines, que ejerza su profesión por más de cinco años”.
Empero, ese articulado no incorporó lineamientos para que los 118 postulantes incluyan en su expediente el examen psicológico, que debería ser emitido 30 antes de su postulación, tomando en cuenta que la etapa de postulación ciudadana a este concurso se cerró el 25 de noviembre de 2022.
Los consejeros que votaron por esta codificación no se pronunciaron sobre este requisito, con lo que tampoco se precisó cuántos días se darán a aquellos ciudadanos que continúen en el concurso para que entreguen este requisito.
La comisión ciudadana espera reunirse este 20 de junio en horas de la tarde para conocer las resoluciones tomadas por el pleno del Consejo. Ahí, los comisionados analizarían solicitar directrices a los consejeros sobre los efectos de retomar el concurso con estas nuevas disposiciones.
Entre otras reglas que integra este reglamento codificado consta que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera, deberá remitir una terna, para que de esta la comisión ciudadana elija al secretario. (I)