El Consejo de Administración Legislativa (CAL) no calificó la solicitud de juicio político a la exministra de Salud Ximena Garzón, planteada por los asambleístas de Pachakutik Ricardo Vanegas y Rafael Lucero, por incumplimiento de funciones relacionadas con la compra de medicinas caducadas y la crisis hospitalaria.
La decisión la tomó la noche del 29 de julio tras conocer el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que determinó que en las firmas de respaldo presentadas hay rúbricas repetidas y solo se calificaron 32 firmas de las 34 que se necesitan.
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En el expediente hay firmas digitales y que no tenían respaldo electrónico, por tanto, se dispuso que se devuelva la documentación presentada a los proponentes de la interpelación de la exfuncionaria, comentó el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela.
El legislador Ricardo Vanegas dijo que espera conocer el informe sobre la resolución del CAL, pues a su criterio se cumplió con todas las formalidades, pero que inmediatamente insistirá en la solicitud de interpelación.
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Comentó que si el CAL tenía dudas de alguna firma debía mandar a completar o aclarar. “Me parece bastante raro que se cuestionen las firmas electrónicas que he recibido de los asambleístas, pero voy a verificar y enmendar, pero no permitiré que se proteja la corrupción”, dijo.
El Ecuador no puede ser víctima del uso de medicinas caducadas y sin registro sanitario en los hospitales públicos en perjuicio de los ciudadanos y pacientes de cáncer.
Juicio a ministro del Interior
En tanto, el Consejo de Administración Legislativa espera hasta este domingo conocer el informe de la UTL respecto del cumplimiento de requisitos sobre el juicio político planteado en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, acusado por los legisladores Jharaira Urresta (UNES) y Peter Calo (PK-R) de incumplimiento de funciones durante la jornada de protesta de junio.
Este domingo 31 de julio, el CAL se reunirá a las 10:00 para conocer el informe y dependerá de ello para calificar este juicio que tendrá que esperar a que se evacúen los procesos de interpelación en contra de tres vocales del Consejo de la Judicatura y dos juicios en contra de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (I)