La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Reconstrucción de Manabí se instaló este lunes, 10 de marzo, atendiendo la convocatoria del conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Marco Aguirre, quien declaró que no existen vicios de nulidad en el proceso, por lo que el fiscal general subrogante Wilson Toainga dará a conocer su dictamen acusatorio en contra de los nueve procesados, entre los que consta el exvicepresidente Jorge Glas y el exministro del correísmo Walter Solís.
La diligencia se instaló pasadas las 09:00 y el magistrado revisó una a una las observaciones presentadas por las defensas técnicas de los procesados, entre las que se mencionaba que el proceso se extendió del tiempo establecido par la etapa de investigación previa e instrucción fiscal y de supuestas violaciones a derechos a la defensa.
Aguirre se refirió a que Glas alegó que fue torturado durante su detención la noche del 5 de abril en la embajada de México en Quito y dispuso que la Fiscalía inicie una investigación sobre el presunto delito de tortura.
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En el caso se analiza el delito de peculado y son procesados Jorge Glas, como exvicepresidente de la República y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; Walter Solís, exministro de Obras Públicas y Transporte (MTOP) del Gobierno de Rafael Correa; y seis personas más.
Para la Fiscalía, el líder correísta y el resto de procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, provocando que los dineros recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana sean usados y destinados en obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades emergentes de la población de Manabí y Esmeraldas afectada por el terremoto de abril de 2016.
También se asegura que, la investigación realizada ha evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos a ellos existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron procesos de contratación pública y que para estas obras, incluso, se benefició a una empresa relacionada con familiares de, por ejemplo, el ahora procesado Carlos Bernal. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones.
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Durante la primera fase de la diligencia, las defensas de ocho de los sospechosos solicitaron declarar la nulidad procesal por inconformidad con los informes de peritos, con exámenes de la Contraloría General, con los plazos, y otros aspectos, como que se los dejó en indefensión.
La Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (como acusador particular) solicitaron al juez desechar los pedidos de nulidad. El fiscal general subrogante desestimó todos los pedidos de las defensas y solicitó al juez que declare la validez procesal y avancen a la siguiente etapa de esta audiencia, es decir, la presentación del dictamen acusatorio y la posterior decisión de a quiénes llama o no a juicio.
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Dentro de esta diligencia, la defensa de Jorge Glas, Andrés Villegas, solicitó al juez que analice la posibilidad de concederle al líder del correísmo, como medida de seguridad, el que sea trasladado a un hospital psiquiátrico por padecer un trastorno relacionado con intentos de suicidio. Villegas refirió la existencia de tres vicios de nulidad que anularían todo lo actuado. (I)
