Con caminata, la Conaie y Frente Antiminero demandan inconstitucionalidad de decreto sobre consulta ambiental

Con una manifestación pacífica antiminera se presentó una demanda de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo 754 en la Corte Constitucional (CC), impulsada por la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Nacional Antiminero.

Este martes 13 de junio, desde el parque El Arbolito arrancó una protesta pacífica hacia la Corte Constitucional para entregar una demanda de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo 754 que emitió el presidente de la República, Guillermo Lasso, a finales de mayo.

Un grupo de activistas y simpatizantes acompañó al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, hacia la sede de la Corte en Quito, preocupados de que en ese documento se reforma el Reglamento al Código de Ambiente, en temas relacionados con la consulta ambiental a pueblos y nacionalidades previo a analizar la adjudicación de proyectos de extracción de recursos naturales.

Este rechazo se replicó en provincias, en donde se preveía entregar el denominado ‘mandato por el agua y la defensa de la vida’ a las autoridades de los gobiernos locales para que, en el ámbito de sus competencias sobre el uso del suelo, defiendan los territorios de proyectos extractivos de minería, explicó Luis Corral, representante del Frente Antiminero.

Leonidas Iza cuestionó al primer mandatario de aprovechar la ausencia de la Asamblea Nacional (diluida desde el 17 de mayo) para emitir estos decretos, como el 754.

“El decreto reincide en las mismas inconstitucionalidades respecto de la consulta previa, que la misma Corte Constitucional lo ha declarado en varias de sus sentencias; además, confunde la consulta ambiental con la consulta libre e informada a los pueblos y nacionalidades”, indicó Iza.

Exigieron a Guillermo Lasso que derogue este decreto y el pedido, lo extendieron también sobre el decreto 777 que regula el libre porte de armas porque “pretende vincular la lucha social con la práctica territorista”.

Entre otros pedidos, los colectivos sociales plantearon la suspensión de las actividades mineras en territorios indígenas, zonas de recarga hídrica, áreas protegidas y zonas de protección arqueológica.

Exigieron al régimen que desmilitarice los proyectos mineros legales; se haga una auditoría integral de las concesiones mineras para que cesen las operaciones; que el Estado repare a las familias y comunidades de aquellas personas que han sido “ejecutadas extrajudicialmente” en las protestas en contra de proyectos de explotación de recursos.

Finalmente, convocaron a la ciudadanía a respaldar la consulta popular para evitar la explotación petrolera en el Bloque 43 del Yasuní ITT y la consulta antiminera en el Chocó Andino, que se votarán en los comicios nacionales del 20 de agosto de 2023. (I)