Comisión legislativa inicia seguimiento a la Ley de Datos Civiles tras sentencia sobre posibilidad de cambio de género en cédula de adolescentes

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional arrancó con el seguimiento a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, luego de una sentencia de la Corte Constitucional, a través de la cual permite a adolescentes de entre 12 y 18 años solicitar la rectificación de la mención de género en su cédula. La resolución se adoptó con cinco votos de los nueve jueces del tribunal constitucional y determinó que la regla establecida en los artículos 94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y el 32 del reglamento, que exige la mayoría de edad para rectificar el género en los documentos de identidad, produce “una afectación desproporcionada a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad”. De hecho, el seguimiento que hace la mesa legislativa, presidida por la asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) Diana Jácome , se enfoca en el artículo 94 de esta normativa. En la sesión de este miércoles, 25 de marzo de 2026, la comisión aprobó el plan de evaluación a la Ley de Gestión de la Identidad. La moción fue presentada por el legislador de ADN Isaac Solano y se aprobó con seis votos a favor, tres negativos y una abstención. En el debate, Diana Jácome reconoció que las sentencias de la Corte Constitucional son inapelables y sostuvo que el Registro Civil debe empezar con la aplicación de las disposiciones del organismo, pero cuestionó vacíos legales y ambigüedades derivadas de esta sentencia. “Es nuestra competencia hacer la evaluación y el seguimiento de las leyes. Y hemos establecido las comparecencias de varios actores para que sean escuchados”, dijo la presidenta de la mesa parlamentaria. Además aseguró que este proceso de seguimiento tendrá un debate amplio de todos los sectores. Por su parte, Blasco Luna, legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó que este proceso de evaluación es ‘arbitrario’, pues sostuvo que la sentencia de la Corte Constitucional no es una ley, por lo tanto no está sujeta de seguimiento o fiscalización. “La sentencia de la Corte Constitucional es una disposición con la que la Asamblea deberá plantear una reforma al artículo 94 de esta ley y una vez que eso esté publicado en el Registro Oficial realizar un seguimiento. No cuenten conmigo para aprobar una matriz de algo que nosotros no tenemos la competencia para evaluar”, dijo Luna. Tras la aprobación de este plan, la Comisión de Transparencia recibirá a expertos y autoridades para discutir las implicaciones de esta sentencia de la Corte Constitucional, que fue emitida el pasado 5 de febrero. La sentencia establece que el trámite podrá realizarse ante el Registro Civil siempre que se cumplan tres condiciones : que el adolescente esté acompañado por sus representantes legales, que exista un informe psicosocial emitido por profesionales acreditados y que se determine que cuenta con la madurez suficiente para tomar una decisión libre e informada sobre su identidad de género. (I)

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