Con cinco votos a favor y cuatro en contra, este 3 de enero de 2025, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó el pedido de juicio político en contra de la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Johanna Verdezoto, acusada de incumplimiento de funciones.
La solicitud de juicio la planteó la asambleísta Ana Cecilia Herrera, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), por supuesto incumplimiento de funciones derivado en un conflicto de intereses en el concurso para la designación del defensor público.
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En el expediente también se recoge una denuncia por supuesta concusión y supuesto perjurio vinculada con un contrato de arrendamiento, con lo cual habría incumplido la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico Administrativo.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó este pedido de juicio político el 10 de octubre de 2024, pero se demoró algunos meses en conocerse en la Comisión de Fiscalización debido a que antes de esta solicitud había otras contra ministros y exministros.
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La legisladora de la bancada de RC Ana Cecilia Herrera acusa a la consejera Johanna Verdezoto de un supuesto conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones en el concurso para designar al defensor público.
Sobre esta acusación, la proponente asegura que Verdezoto mantuvo reuniones con Rodrigo Daniel Frías Toral, postulante mejor puntuado en el concurso de selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, antes de que se haya concluido el respectivo concurso, como lo afirmó Nicole Bonifaz, en su momento presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del 20 de marzo de 2024.
La segunda acusación se refiere a un supuesto incumplimiento de funciones respecto a la denuncia por concusión y perjurio vinculada con un contrato de arrendamiento, lo cual se contrapone con el principio de transparencia de la administración pública. A decir de la denuncia presentada por Jodie Belén Paucar Llanos, ella habría falseado la declaración juramentada y habría simulado el contrato de arrendamiento del 24 de mayo de 2023, respecto del cual Paucar Llanos señala que no es propietaria y lo prueba con certificado del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.
Consecuentemente es acusada de incumplir funciones y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico Administrativo en relación con los viáticos por gastos de residencia.
La presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, dispuso a la Secretaría de la Comisión que proceda al proceso de notificación tanto a la proponente del juicio como a la funcionaria para que preparen las pruebas de cargo y de descargo.
Este proceso se verá interrumpido por el periodo de vacancia legislativa que se iniciará el próximo 8 de enero y se extenderá hasta el 22 del mismo mes; luego habrá un periodo de licencia de parte de los asambleístas principales, por lo que la Comisión de Fiscalización tendría dificultades en instalarse pues las dos autoridades de la mesa estarán con licencia. (I)