La celeridad de la Comisión de Fiscalización en el archivo de tres solicitudes de juicio político en contra de cuatro exsecretarios de Estado del gobierno de Guillermo Lasso fue cuestionada por no observar procedimientos y dejar que sea el pleno del Parlamento el que resuelva el archivo de los pedidos de interpelación como lo señala la ley orgánica de la Función Legislativa.