Apoyar la acción de protección planteada por el exlegislador Andrés Páez y presentar una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC) es lo que ha resuelto hacer el colectivo quiteño encabezado por el abogado Milton Castillo y Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, para avanzar en su idea de echar abajo la resolución con la que la Asamblea Nacional otorgó en paquete 268 amnistías.
Castillo anunció que este martes, 15 de marzo, presentarán en la CC una demanda de inconstitucionalidad contra el documento aprobado con el voto de 99 asambleístas de los registros de UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática, BAN e independientes. La idea —dijo— es activar otra vía para enfrentar la situación y tener así dos caminos de solución.
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Ese colectivo no descarta también presentar una acción de protección para demostrar que todos los pasos que se siguieron en el Legislativo para entregar las amnistías fueron el resultado de una serie de ilegalidades. Pero —sostuvo Castillo— por el momento respaldarán mediante un amicus curiae (criterios jurídicos para que el juzgador tenga más elementos para decidir) la acción constitucional de Páez, presentada la madrugada del sábado último.
El colectivo no deja de lado tampoco el convocar a la ciudadanía para que salga a las calles a protestar por lo que ha ocurrido con las amnistías.
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El excandidato a la Vicepresidencia indicó que se entregaron “amnistías indiscriminadamente” a personas entre las que está “un grupo de terroristas que sembraron el caos en el Ecuador durante octubre de 2019″. Páez dijo que interponía la acción para dar respuesta a ese clamor ciudadano de que esta “barbaridad no tome curso y que no se concrete”.
El sábado último, a su retorno de Chile, el presidente Guillermo Lasso ratificó su “indignación” por el informe aprobado por la Asamblea Nacional; y, aunque no ahondó en explicaciones, adelantó que su Gobierno hará todo lo necesario dentro del marco de la Constitución y la ley para evitar que se consume “semejante injusticia”.
“No puede ser que aquellas personas que sometieron al vandalismo y a actos delincuenciales a la ciudad de Quito y el Ecuador en octubre de 2019 sean amnistiados. Eso es absolutamente injusto. Eso es haberse puesto del lado de la violencia, del vandalismo”, apuntó Lasso.
El abogado Castillo reconoce que lo de octubre de 2019 fue una respuesta a una medida de Gobierno y que la Constitución establece con claridad el derecho que tienen los ecuatorianos a la resistencia; pero piensa que ese derecho a la resistencia bajo ninguna circunstancia puede soslayar derechos constitucionales de otros ni puede llevar adelante un proceso desestabilizador o una serie indiscriminada de actitudes vandálicas que desnaturalicen totalmente la protesta.
“El no haber diferenciado los delitos de terrorismo o secuestro versus delitos menores ya fue un error de bulto de la Asamblea. Decir que se han dado las amnistías para pacificar al país implica que se ha olvidado un principio fundamental de la pacificación: la justicia. Si es que hay un proceso de pacificación sin justicia, ese proceso durará poco tiempo y a la larga no causará los efectos que se buscan”, anotó Castillo, quien aclaró que iniciarán un proceso constitucional contra todas las amnistías del informe, pues no pueden iniciar acciones particulares contra ciertos personajes si no se ataca jurídicamente a toda la resolución. (I)