La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado ecuatoriano que justifique las razones por las que Abdalá Bucaram Ortiz fue destituido como presidente de la República en febrero de 1997.
A través de una comunicación emitida este lunes, 11 de agosto, el organismo internacional dio un plazo de tres meses, con una posibilidad de prórroga de hasta cuatro meses, para que Ecuador dé una respuesta a la petición de Bucaram, que fue presentada el 26 de octubre de 2015.
“La presente solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”, precisó el ente de derechos humanos.
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La notificación de la CIDH al Estado ecuatoriano fue confirmada a EL UNIVERSO por Dalo Bucaram, hijo del expresidente.
Bucaram Ortiz solicitó a la Comisión Interamericana que se lo reciba en una audiencia para exponer los hechos por los que se lo destituyó de la Presidencia de la República.
En su petición, el exmandatario repasa: “Mediante una moción propuesta por el diputado opositor socialcristiano Franklin Verduga Vélez, en la que aplicando el artículo 100, literal d, de la Constitución vigente en ese entonces, que señalaba mi supuesta incapacidad física o mental como causal para el cese de mis funciones ejercidas por mandato popular, se propuso la destitución del presidente de la República sin el indispensable juicio político que me permitiera ejercer mi legítimo derecho a la defensa”.
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“La referida moción fue planteada en la sesión vespertina del Congreso Extraordinario del 6 de febrero de 1997 y aceptada por 44 diputados, todos ellos de oposición, por lo que el Congreso Nacional, bajo la dirección de su presidente, Fabián Alarcón, procedió a mi destitución. Posteriormente, en esa misma sesión declararon vacante la Presidencia de la República para poder designar a los tres días al doctor Fabián Alarcón”, dicta el documento.
De la misma manera, Bucaram Ortiz recuerda que fue “declarado incapaz mental para ejercer la Presidencia de la República, sin juicio civil que contempla la ley ni participación de cuerpo médico psiquiátrico que lo constatara”.
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“Sencillamente, los 44 diputados que me destituyeron se convirtieron en psiquiatras”, alega el expresidente.
Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones y el israelí Sheinman Oren son procesados en el caso Pruebas COVID-19 por el delito de delincuencia organizada.
El proceso judicial se encuentra en la etapa de juicio y se investiga haber planificado y ejecutado actividades ilícitas relacionadas con la negociación de pruebas para la detección del COVID-19 y de mascarillas durante la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador, obteniendo réditos económicos entre marzo y octubre de 2020. (I)
