Cerca de catorce meses se ha encontrado abierto el proceso penal dentro del caso denominado Triple A, en el que en enero de 2026 se encuentran llamadas a juicio como autores y coautores dieciséis personas naturales y seis personas jurídicas (empresas), quienes son acusadas del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
El viernes último, el Tribunal Anticorrupción a cargo de la etapa de juzgamiento de Triple A, integrado por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Soria y Gabriela Lara, decidió dejar sin efecto la convocatoria para la audiencia de juicio definida para este sábado, 31 de enero. La razón: la defensa de la empresa procesada Fuelcorp S. A. solicitó a la sala que amplíe y aclare la decisión que negó una nulidad planteada por ellos. Esto generó que los jueces trasladen a los sujetos procesales el pedido para que se pronuncien antes de ellos resolver lo que en derecho corresponda.
La decisión de los jueces hizo que por tercera ocasión no se instale el juicio en la fecha determinada. La etapa de juicio en el caso Triple A debió arrancar el 21 de enero de 2026; pero, por decisión de quienes integraban el tribunal, la adelantaron al 24 de diciembre de 2025. El argumento del tribunal de ese momento era la aplicación del principio de celeridad una vez revisada la disponibilidad de la agenda del tribunal de juzgamiento.
Publicidad
Finalmente, la audiencia de finales de diciembre fue declarada fallida debido a la ausencia por enfermedad de dos abogados de los procesados. Ese 24 de diciembre, los jueces advirtieron que no se daría paso a más diferimientos; e incluso, para garantizarlo, ordenaron que varios defensores públicos se empapen del expediente para que así puedan representar al acusado que no presente defensa el día de la audiencia.
El llamado a juicio de los 22 procesados
El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade decidió llamar a juicio a las dieciséis personas naturales y las seis empresas que recibieron un dictamen acusatorio de Carlos Alarcón, entonces fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y hoy fiscal general encargado.
La Fiscalía pidió que sean llamados a juicio como autores del delito investigado diez personas naturales, entre las que está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y seis empresas; mientras que otras seis personas más fueron acusadas en calidad de coautores de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Publicidad
En el caso Triple A, la Fiscalía analiza la existencia de una relación de las seis personas y empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Con base en pericias existentes, la Fiscalía determinó que en esta causa se habría cometido un delito en alta escala al existir un perjuicio económico aproximado de $ 61′502.658,39, correspondientes a 22′777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.
A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron combustibles se encuentran en zonas fronterizas, mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotor, industrial y naviero.
Publicidad
Los primeros allanamientos de Triple A en julio de 2024
Formalmente, el caso Triple A existe desde el 23 de julio de 2024, cuando la Fiscalía realizó de forma simultánea siete allanamientos en zonas de Guayaquil y Milagro, en la provincia del Guayas. Cambio de abogados defensores a última hora y problemas de salud del juez de la causa generaron que recién al sexto señalamiento, es decir, el 14 de diciembre de 2024, se instalara la audiencia de formulación de cargos contra cinco personas y cinco empresas.
El 16 de diciembre siguiente, el entonces juez de la causa, Jairo García, dio a conocer su resolución del inicio de una instrucción fiscal de 90 días contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A.
Ya casi al final de los tres meses dispuestos para la etapa de instrucción fiscal, y luego de obtener información de la supuesta participación de otras personas en hechos investigados en Triple A, el fiscal Alarcón, el 21 de febrero de 2025, pidió inicialmente que se vincule a Aquiles Alvarez y a nueve personas más, pero luego se anexó a otra persona natural y otra persona jurídica. En total, once personas y una empresa por vincular.
El pedido de vinculación fue hecho el mismo día que la Fiscalía realizó de forma simultánea varios allanamientos en estaciones de combustible de El Pangui (Zamora Chinchipe), Cariamanga (Loja), Machala, Santa Rosa y Pasaje (El Oro).
Publicidad
El primer señalamiento para la audiencia de vinculación fue el 5 de marzo de 2025. Una situación médica del abogado del alcalde de Guayaquil y un pedido de otra persona por ser vinculada hicieron que la diligencia no se instalara y pasara para el 14 de marzo siguiente. Esa audiencia tampoco pudo instalarse en esa fecha, pues el juez García se excusó de seguir en la causa al tener un conflicto de intereses: el defensor de Alvarez era también abogado, en otros procesos, del juez Jairo García.
Cambio de jueces anticorrupción
Poco más de un mes después de convocada por primera vez la audiencia de vinculación en el caso Triple A, el nuevo juez anticorrupción que asumió la causa, Renán Andrade, recién el 9 de abril pudo instalar la diligencia contra las once personas naturales, entre ellas el alcalde Alvarez, y una persona jurídica. La situación administrativa para reemplazar a los jueces anticorrupción Jairo García y María Fernanda Castro y confirmar a Renán Andrade al frente del Triple A también sumó días al alargue que ha existido en el procesamiento penal.
Ante pedido de Fiscalía, el 10 de abril de 2025, el juez Andrade decidió vincular como autores directos a Aquiles Alvarez, como empresario relacionado con la representación legal, la presidencia y accionista de varias empresas comercializadores de combustibles; a los empresarios relacionados con la comercialización de combustibles Raúl Arnoldo Z. O., Juan Dionisio A. S., Fausto Vinicio V. G. y Édgar Moisés F. T.; la ingeniera comercial Rosa Marbella O. G. y Édgar Edmundo C. A.
Mientras que en calidad de coautores se vinculó a los contadores Juan Carlos A. T., Gloria María S. S., María Elisa C. E., y Olga Cecilia O. L. También quedó vinculada a la causa como persona jurídica la empresa Harsajudi S. A.
Entre los hechos que se suman para que el proceso penal no haya avanzado a otro ritmo está el relacionado con el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien fue sorteado para integrar el tribunal de juicio de Triple A. Debido a riesgos y amenazas a su integridad generados en la tramitación de una causa en la que se sentenció un esquema de lavado de activos relacionado con el narcotráfico, el juez de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con el Crimen Organizado presentó su renuncia al cargo el 4 de diciembre pasado y decidió dejar de laborar desde el 17 de diciembre siguiente.
Ese hecho obligó a que se realizara un sorteo para reconformar la sala de juzgamiento para que analizara la prueba de las partes en este caso por comercialización ilegal de hidrocarburos. En lugar de Serrano en la causa Triple A quedó Consuelo Tapia, jueza anticorrupción a quien Fuelcorp S. A. señala que actuó sin competencia en la audiencia fallida del 24 de diciembre pasado. Fuelcorp solicita la nulidad de la integración del tribunal y de lo actuado en esa diligencia.
Las reacciones ante los diferimientos
Christian Puente García, director ejecutivo encargado de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), afirmó que cada aplazamiento erosiona la credibilidad de la Justicia. La ARCH actúa en Triple A como una de las dos instituciones públicas ubicadas como acusadoras particulares.
“La audiencia estaba señalada. La dilación también. No es azar procesal. Es un patrón de obstrucción”, dijo Puente, quien además de considerar que “cada aplazamiento erosiona la credibilidad de la Justicia” también cree que situaciones como estas consumen “recursos públicos y normalizan el privilegio frente a la ley”.
Poco después de conocer que la convocatoria a la audiencia de juicio quedó sin efecto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su abogado, Ramiro García, lamentaron que la diligencia, una vez más, tenga que dilatarse, aclarando una vez más que ellos no han presentado ningún pedido de diferimiento.
“Nosotros no hemos presentado un solo pedido de diferimiento, no hemos pedido una sola dilación ni mucho menos hemos generado un solo incidente. De hecho, el alcalde de Guayaquil está aquí en Quito, en mi casa, y estábamos listos para acudir mañana (31 de enero de 2026) a la audiencia”, dijo García. (I)
