Más de 16.000 casos de extorsión se denunciaron en Fiscalía en 2025, Gobierno prepara plan para atacar este problema

Durante 2025 a la Fiscalía General del Estado ingresaron 16.129 denuncias por extorsión, siendo el cuarto delito más reportado en el país durante el año anterior. Para enfrentar este problema, el Gobierno anunció que implementará un plan con varios componentes. Estas cifras de extorsiones registradas por Fiscalía son parte de las 341.784 noticias del delito que ingresaron a la institución entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025 , de las cuales, 8,50 % (29.038) corresponden a delitos flagrantes y el 91,50 % (312.746) a delitos no flagrantes.Los datos constan en el informe de labores de 2025 , que la FGE presentó a la Asamblea Nacional y que se conoce en la Comisión de Seguridad, presidida por la asambleísta del oficialismo Inés Alarcón (ADN). Las más de 16.000 denuncias por extorsión representan el 4,7 % del total de noticias del delito presentadas. El pasado 20 de febrero, en entrevista con Radio City, el presidente Daniel Noboa anticipó que el plan que se está elaborando desde el Ejecutivo contempla, entre algunas cosas, el control en materia de movilidad a los municipios, pues de acuerdo con lo dicho por el mandatario, algunos de estos gobiernos locales “regalaron el control de tránsito a grupos de delincuencia organizada”.El jefe de Estado precisó que el Gobierno de Ecuador está trabajando con una empresa norteamericana, y otras empresas que van a concursar para la tercera placa en los autos, que funcionaría con un chip controlado por un sistema satelital, para tener mayor control de vehículos robados que se usan para cometer delitos como secuestros y extorsiones. “La movilidad es mucho más controlada. No habrá falsificación de placas, de matrículas; es como un tatuaje que se queda en cada auto y que en todas las economías desarrolladas existe... De esta manera se controla también la movilidad. Está interconectado”, puntualizó Noboa. Otra de las alternativas que podría incluir este plan antiextorsión es “la implementación de un sistema con código QR para mantener un control constante de pequeños empresarios, pequeños emprendedores, pequeños locales, que son los más afectados por las extorsiones. Asimismo, el presidente de la República adelantó que se planifica cambiar el ‘cerebro’ del ECU911 con tecnología para atacar la extorsión , el secuestro, controlar la movilidad de los grupos de delincuencia organizada y que no quede a discreción de personas que pueden prestarse para la corrupción. La Fiscalía, a través del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (Spavt) , ha brindado atención a 3.223 personas a nivel nacional, coadyuvando su participación durante las diferentes etapas del proceso penal. Las provincias con mayor número de solicitudes fueron Guayas (401), Pichincha (362) y El Oro (318). De acuerdo con el informe de labores de la Fiscalía General del Estado, la extorsión es el delito por el cual, en el año anterior, hubo más personas ingresadas al Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y Otros Participantes. El informe detalla que 235 personas víctimas de extorsión ingresaron en este sistema, siendo el número más alto de un total de 1.024 ciudadanos que cuentan con medidas de protección activas. De este número, 634 son mujeres y 390 hombres; 759 corresponden a víctimas directas, 128 a víctimas indirectas, 67 a testigos y 70 a otros participantes. Aunque en todo 2025, la FGE informó que atendió a un total de 3.223 personas a escala nacional, coadyuvando su participación durante las diferentes etapas del proceso penal. Además de las víctimas de extorsión ingresadas en este programa de protección, hay 38 personas que tienen resguardo por ser víctimas de secuestro extorsivo y 26 por secuestro.De los 1.024 ciudadanos que hasta diciembre de 2025 constaban en el Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y Otros Participantes, en Guayas se registraron 136 personas, siendo la provincia con más víctimas, le sigue Manabí con 106; Pichincha con 93; Los Ríos con 82; El Oro con 70, entre las provincias con más personas protegidas. Entre algunos casos que se registran en el informe de labores de 2025 de la Fiscalía que tienen relación con extorsión y otros delitos está el caso Libertad , en el cual se sentenció a catorce integrantes de la organización criminal Los Lobos, que operaba en Machala y Ponce Enríquez. Está también el caso Los Lobos / Amanecer , relacionado con una organización delictiva dedicada a cometer hechos violentos como sicariato, tenencia y porte de armas, secuestro, extorsión, microtráfico, receptación y suplantación de identidad. En este caso se formularon cargos contra 18 personas. Fiscalía repasa también el caso Blindado , en el que se sentenció a doce personas por el delito de delincuencia organizada, relacionado con una organización dedicada al robo, extorsión, tráfico de estupefacientes, entre ellos el robo de un blindado con $ 300.000.En el caso Comisariato del Pollo, repasa la FGE, la víctima denunció llamadas extorsivas, así como amedrentamiento en sus locales. En un operativo ejecutado el pasado 19 de junio de 2025 se detuvo a cinco personas quienes fueron llamadas a juicio. En tanto, en el denominado caso Durán , Fiscalía investiga una estructura delictiva que opera en este cantón y está implicada en varias actividades ilícitas, entre estas el secuestro. En esta causa se formularon cargos en contra de 27 personas, quienes se encuentran en espera de la audiencia preparatoria de juicio. De acuerdo con el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la extorsión es un delito en el cual “la persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, exija u obligue a otro, con violencia o intimidación de cualquier forma o por cualquier medio, inclusive a través de medios digitales, electrónicos o el uso de panfletos, hojas volantes o similares, a realizar u omitir un acto, pago, entrega de bienes, depósitos o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero”.El COIP sanciona este delito con pena privativa de libertad de tres a cinco años y una multa de 20 a 24 salarios básicos unificados del trabajador en general, aunque tiene una pena agravada de hasta diez años de cárcel, dependiendo ciertas circunstancias. (I)

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