La audiencia de juicio del caso Triple A, en el cual es procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y 21 personas naturales y jurídicas más por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo, se declaró fallida este miércoles, 24 de diciembre, por la enfermedad de dos abogados de tres de los procesados, quienes presentaron certificados del Ministerio de Salud Pública.
El tribunal, integrado por los jueces anticorrupción Jorge Sánchez (ponente), Gabriela Lara y Consuelo Tapia, señaló como las nuevas fechas de instalación de la audiencia de juicio el 31 de enero y 1 de febrero de 2026 a las 08:30 en el auditorio del Complejo Judicial Norte.
La diligencia fue convocada para las 14:30 de este miércoles, 24 de diciembre, en la sala 208 del Complejo Judicial Norte de Quito. A las 15:45 de este día los jueces se retiraron a deliberar para tomar una decisión ante la petición de los dos juristas. Casi dos horas después, a las 17:29, el juez Jorge Sánchez declaró fallida la audiencia de juicio por la inasistencia de los dos abogados y dio un término de 72 horas para que legalicen los certificados médicos.
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El magistrado adoptó esta decisión con base en la garantía al derecho a la defensa, la obligatoriedad de la presencia de la defensa y el principio de celeridad.
Previamente, a las 15:00, tras la constatación de la presencia de los abogados de las partes, en la sala se conocieron los certificados médicos que presentaron José Navarrete, defensa de las procesadas Yesenia Vélez y Lady Cedeño, y el abogado Erick Mayorga, defensa de César Emilio Bravo, representante de la empresa Fuelcorp.
#AHORA | #CasoTripleA: debido a la inasistencia de 2 abogados defensores, se declara fallida la audiencia de juicio contra 16 personas naturales y 6 jurídicas, procesadas por su presunta participación en el delito de comercialización y distribución ilegal de #Hidrocarburos. pic.twitter.com/GVnAihWJi4
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 24, 2025
Navarrete presentó su certificado por neumonía, con orden de descanso médico por 19 días hasta el 10 de enero de 2026. Mientras que el documento de Mayorga dice que presenta afecciones inflamatorias en los maxilares, con reposo hasta el 5 de enero. Los juristas solicitaron al juez ponente, Jorge Sánchez, que difiera la audiencia.
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El pedido fue apoyado por algunos abogados de los procesados, entre ellos Ramiro García, defensa de Aquiles Alvarez, quien sostuvo que “el país está pendiente de lo que suceda en esta audiencia”.
“No debe haber duda de que a las partes se les permite ejercer su derecho a la defensa”, dijo García, quien observó que los certificados médicos fueron emitidos por el Ministerio de Salud y pidió que para la próxima audiencia se garanticen las condiciones adecuadas.
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De su lado, el procurador judicial de Petroecuador, Andrés Erazo, solicitó que se verifiquen la legalidad y la validad de los certificados médicos presentados por los juristas; en tanto que Christian Puente, director ejecutivo de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos (ARCH), observó que en caso de inasistencia de los abogados se cuenta con la presencia de la Defensoría Pública.
Tras la resolución del tribunal, el alcalde de Guayaquil sostuvo que se “actuó de mala fe”, pues originalmente la audiencia de juicio fue convocada para el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026; sin embargo, fue adelantada para este miércoles, 24 de diciembre, y ahora, nuevamente, convocada para el 31 de enero.
“Hay que dejar en claro que nosotros no hemos causado ningún incidente. Por actuar así les salió al revés. Ahora nosotros vamos a seguir esperando para comparecer el 31 de enero (...), nosotros queremos ir a juicio sin ningún problema y que la gente vea todo”, reaccionó el alcalde.
En el caso Triple A, la Fiscalía analiza la existencia de una relación de las seis personas jurídicas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Con base en las pericias existentes, la Fiscalía determinó que en Triple A se habría cometido un delito en alta escala al existir un perjuicio económico de $ 61′502.658,39, correspondiente a 22′777.191,80 galones de combustible, entre diésel y gasolina. (I)
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