Con el nombre de caso Triple A y un logo con los colores de la bandera de Guayaquil y una torre que hace referencia a los combustibles y una llama roja que es parte del logotipo de la Revolución Ciudadana (RC), la Fiscalía General del Estado anunció que, junto a la Policía Nacional, realizaron siete allanamientos en oficinas de Guayaquil y Milagro este martes 23 de julio.
En el caso se investiga el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.
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La Fiscalía investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos, y a la empresa de su familia, Copedesa, que maneja una red de gasolineras, y a otras personas naturales y jurídicas. Son once en total.
Nuevamente el nombre que recibe un caso de la Fiscalía genera sorpresa. Antes ocurrió con Encuentro, Metástasis, Purga y Plaga, que han acaparado la atención de la ciudadanía. En ellos se investiga el presunto delito de delincuencia organizada.
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Los responsables de poner estos nombres son los propios fiscales que llevan los casos. No existe una norma establecida para denominarlos, pero se considera que se ‘bautizan’ con una estrategia para generar interés de la gente.
En tanto, sobre los allanamientos de hoy, la Fiscalía anunció que, entre los indicios levantados, se incluyen computadores, documentos, facturas y dispositivos electrónicos.
La indagación surgió de una denuncia presentada el pasado 11 de julio por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR).
Según la Agencia, la empresa Fuelcorp S. A. supuestamente adquirió combustible de personas naturales y jurídicas que no estaban autorizados por la Agencia de Regulación y Control de Energía:
- Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S. A.
- Gasolinera Guayaquil Gasquil S. A.
- Gasolineras Copedesa Gasgrupco S. A.
- Palacios Zurita Galo Enrique
Gasgrupco S. A. le había facturado a Fuelcorp S. A. 2′183.546 galones de diésel, según la querella.
De acuerdo con la denuncia gubernamental, la empresa Fuelcorp S. A. habría realizado “ventas significativas” de diésel a cuatro contribuyentes que se presume que son comercializadoras. “Es oportuno mencionar que las ventas a estos contribuyentes no registran ninguna placa, incluso se ha podido identificar que se está abasteciendo en cantidades inusuales”.
En la investigación se detectó que, con relación a los despachos de diésel, el contribuyente Eloy Gerardo L., quien sería empleado de Fuelcorp S. A. desde el 2022, “tiene registrados 8.019 vehículos, cifra por demás alarmante, debiendo resaltar que el más representativo es el de placas GSI-94XX, cuyo propietario es Oliver Israel G., abasteciéndose dicho vehículo de una cantidad notablemente inusual de gasolina extra (117 mil galones) y siendo un motor a gasolina, tiene registros de consumos de diésel (3 mil galones)”.
La conclusión de la denuncia es que aparentemente las compañías Copedesa y Fuelcorp están “actuando en contubernio” con Eloy Gerardo G. y Oliver Israel G.
Este mismo martes, el alcalde Alvarez apuntó contra el proceso de investigación y aseguró que se trata de un asunto personal.
“Por ahí me comentaron algunas cosas, algún tema de un golpe mediático. Nosotros no tenemos ningún temor. Y eso es un tema que estará en la Fiscalía y los abogados de la empresa acusada, y a nosotros que nos quieren involucrar, responderán en su momento”, comentó y agregó que nada empañará las fiestas de Guayaquil. (I)