Alegando que se está aplicando el principio de celeridad, en concordancia con su agenda, el Tribunal de Garantías Penales Especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado resolvió días atrás adelantar la audiencia del juicio del caso Triple A, proceso en el que es investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto con otras 21 personas naturales y jurídicas.
La diligencia inicialmente estaba prevista para desarrollarse entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026 y fue reprogramada para iniciar el 24 de diciembre de 2025, un día antes de Navidad.
La decisión fue notificada por el juez ponente Jorge Sánchez Pico y el juzgamiento se realizará de manera presencial los días 24, 28, 29 y 30 de diciembre, desde las 08:30, en el Complejo Judicial Norte de Quito. El tribunal está integrado por Sánchez y los jueces Christian Fierro Fierro y Carlos Serrano Lucero.
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Un delito relativamente nuevo
El caso Triple A investiga la presunta comisión del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo, tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se trata de una figura penal relativamente reciente, vigente desde el 20 de junio de 2020, es decir, con poco más de cinco años de aplicación en el país.
Según la Fiscalía, en el proceso se analiza la relación de seis personas jurídicas con distribuidoras de combustible, entre las que se habrían comercializado, de manera irregular, grandes volúmenes de diésel y gasolina.
Con base en las pericias incorporadas al expediente, el Ministerio Público sostiene que el presunto delito se habría cometido en alta escala, con un perjuicio económico estimado en $ 61′502.658,39, correspondiente a 22′777.191,80 galones de combustible.
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El artículo 264 del COIP establece penas que varían según la escala del delito, desde dos meses hasta cinco años de privación de libertad. En los casos de alta y gran escala, como el que analiza la Fiscalía en Triple A, las sanciones pueden llegar hasta los cinco años de prisión. Además, cuando se determina la responsabilidad de una persona jurídica, la norma contempla la clausura temporal de la empresa y la inhabilitación de socios o accionistas.
Alvarez sí asistirá a la diligencia
Tras conocerse el adelanto del juicio, el alcalde Aquiles Alvarez confirmó públicamente que acudirá a la audiencia. A través de su cuenta en la red social X aseguró que enfrentará el proceso y rechazó los señalamientos en su contra.
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“Vamos con todo, como siempre. Cero miedo”, escribió, en un mensaje en el que también criticó al Gobierno y a las autoridades que impulsan el caso.
En medio de este escenario, Alvarez lanzó una alerta por presuntos allanamientos a los estudios jurídicos de sus abogados. El alcalde señaló a la fiscal de Pichincha Ivonne Proaño de intentar amedrentar a su defensa días antes del inicio del juicio. “Allane nomás, señora fiscal. Estamos atentos”, escribió en redes sociales.
El abogado Ramiro García confirmó que, hasta el mediodía del 14 de diciembre, no se había ejecutado ningún allanamiento, aunque indicó que existe conocimiento de una solicitud en ese sentido. A su criterio, se trataría de una estrategia para “dejar sin defensa y sin vocería” al alcalde en el caso Triple A. “No hay razones para un allanamiento”, afirmó.
(I)
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