Este lunes, 2 de marzo, el tribunal de apelación integrado por los jueces provinciales Maritza Romero Estévez (ponente), Miguel Narváez Carvajal y Xavier Barriga Bedoya escuchará los alegatos de la Fiscalía para intentar revertir el estado de inocencia del exalcalde de Quito Jorge Yunda y otras trece personas que fueron acusadas por el delito de peculado dentro del caso conocido como Pruebas PCR.
Esta es la tercera fecha definida por la Sala de Apelación para la diligencia en menos de una semana. El viernes 27 de febrero pasado, por segunda ocasión en esa semana no pudo concretarse la instalación, pues no asistió el delegado de la Fiscalía, es decir, la fiscal provincial de Pichincha, por el fuero de ese nivel que tiene el caso. Días antes no acudió a la audiencia la defensa del Municipio de Quito.
El 22 de septiembre pasado, los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha José Jiménez (ponente), Lady Ávila y Dilza Muñoz ratificaron la inocencia de los catorce procesados por un delito en el que se sospechaba que existió un perjuicio al Estado a raíz de la suscripción de un contrato, en abril de 2020, para comprar 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19 por un valor de $ 4′200.000.
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Luego de 469 días de haberse suspendido la audiencia de juicio para la deliberación de los jueces, en la resolución oral se ratificó la inocencia del exalcalde Yunda, Lenin Mantilla, Juan Alejandro Vinelli, Juan Enrique Buchelli, José Morales, Diego Salazar, Iván Manzano, Jéssica Cárdenas, Sandra Hidalgo, Erick Andrade, Simón Narciso Valencia, Marco Antonio Rubio y Ximena Abarca, exsecretaria de Salud del Municipio de Quito, así como de Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del cabildo quiteño.
La nueva audiencia está convocada para este 2 de marzo, desde las 08:30, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
La diligencia del viernes tuvo varios incidentes provocados por la insistencia de la representante de la Fiscalía en este caso, instancia que es la única que apeló los sobreseimientos definidos por los jueces de primer nivel. Horas antes de la audiencia, el pleno del Consejo de la Judicatura terminó el encargo de la fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria, y en su lugar designó a la fiscal Alexandra Zurita, quien al ser ubicada en el cargo a última hora no compareció a la diligencia. Del cambio se informó al tribunal de apelación mediante un escrito.
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Ante la ausencia en la sala de audiencias de la Fiscalía, varias defensas de los procesados pidieron que se declare en abandono el recurso interpuesto. De forma unánime los jueces Romero, Narváez y Barriga negaron el pedido de abandono, explicando, entre otras cosas, que la inasistencia no podía interpretarse automáticamente como abandono, que el cambio en la Fiscalía ocurrió poco antes de la audiencia y que la situación fue informada mediante escrito.
El tribunal de juicio en septiembre de 2025 anotó en su fallo que no ha existido afectación a la economía del Municipio capitalino, que las pruebas entregadas eran equivalentes a las contratadas, que no se han distraído dineros públicos, que no hay dolo y que la Fiscalía no ha probado que en este caso exista un posible dolo.
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En esa línea, llamó la atención a la Fiscalía por llevar a cabo una investigación “poco prolija” y se pidió que en el futuro se “hagan investigaciones serias y no se traigan (a los tribunales) solo acusaciones sin testigos o pruebas que no fundamentan las acusaciones”. Se descartaron los testimonios presentados por la Fiscalía por no “ser conducentes” y, en otros casos, “no abonaron en nada a la acusación”. (I)
