Cómo el periodismo se jugó para revelar el Lava Jato

En Perú, la presencia de las compañías brasileñas había crecido mucho desde los mediados de la década de 2000, respaldados por una diplomacia activista liderada por el primer promotor empresarial de la nación: el presidente Lula da Silva. Desde las constructoras Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS hasta Natura, Votorantim y Embraer.

Odebrecht estaba en todas partes. ¿Se necesitaba dinero y organización para construir y terminar el Gran Teatro Nacional? Ahí estaba Odebrecht. ¿Se buscaba hacer una imitación del Cristo del Corcovado sobre los cerros pelados de Lima? Odebrecht se encargó de complacer ese deseo. ¿Se quería conseguir fondos para un concurso internacional de periodismo de investigación? Odebrecht, por supuesto, estaba listo para contribuir.

Viajabas por el Perú en la selva norte y lo hacías por la bien construida IIRSA Norte y en la otra dirección, también la IIRSA Sur. ¿Viajabas por el tren urbano en Lima? Lo había hecho Odebrecht. ¿Pasabas en el norte por los grandes proyectos de irrigación de Chavimochic u Olmos? Odebrecht había estado.

Eran buenos ingenieros. Y jugaban un papel importante en la construcción de infraestructura en la que el país era tan deficitario. Odebrecht ganaba, generalmente en consorcio, casi todos los concursos en los que participaba. Pero luego de ganar aumentaba sus costos y pedía modificaciones de contrato para que fueran aceptados. Muchas obras terminaban costando más del doble (…) y los gobiernos las aceptaban sin apenas chistar.

El comienzo de Lava Jato

El caso Lava Jato arrancó operativos a inicios de 2014. Nadie vislumbró entonces la épica dimensión que alcanzaría en los siguientes meses y a lo largo del lustro.

En abril de 2015, IDL-R resaltó la importancia del caso. “La corrupción empresarial brasileña fue centrífuga, expansiva y conquistadora” porque hubo “coimas y sobornos a líderes políticos latinoamericanos”. La nota recibió una pronta respuesta de Odebrecht que negaba “tajantemente las alegaciones calumniosas realizadas por reos confesos que persiguen disminuir sus penas”.

Pero el caso ya se había extendido de Petrobras a varias compañías constructoras. Hasta ese momento, dos altos ejecutivos de Camargo Correa habían confesado graves corrupciones corporativas, como parte de su negociación de delación premiada. Los principales ejecutivos de Petrobras bajo arresto ya eran delatores premiados. La delación se había hecho competitiva y devenido urgente.

Otro grupo de constructoras persistió en la negación. Odebrecht fue el buque insignia de la flota negacionista. La poderosa Andrade Gutiérrez se alineó como firme aliada, al igual que Queiroz Galvao.

Las investigaciones prosiguieron, divididas en fases. Después de la séptima fase de Lava Jato, en noviembre de 2014 –”Juicio Final” en la creativa nomenclatura brasileña–, el aumento del número de casos llevó a la creación de la “Fuerza de Tarea” de fiscales federales, compuesta por once fiscales en Curitiba, que condujeron las partes más importantes de la investigación.

El 19 de junio de 2015 arrancó la fase 14 de Lava Jato, llamada “Erga Omnes” (Para todos). Hubo varias detenciones. Dos de ellas de alto impacto: el presidente de Andrade Gutiérrez, Otávio Marques de Azevedo, y el presidente de Odebrecht y el tercero en la dinastía, Marcelo Odebrecht. La fotografía de ambos, custodiados por policías federales en camino a la prisión, dio la vuelta al mundo.

Ambas compañías rechazaban todos los cargos y exigían la inmediata libertad de sus jefes.

Pocos días después, a comienzos de julio, Romina Mella y Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros, llegaron a Curitiba en el primero de lo que fueron muchos viajes de reportaje al Brasil.

Curitiba, julio 2015

Alejado del centro de la ciudad, en el barrio de Santa Cándida, el edificio de la Policía Federal en Curitiba es macizo, con seguridad somera en el perímetro y estacionamientos espaciosos afuera. En el hall de entrada, que ocupa casi todo el primer piso, hay sillas que auguran largas esperas y en el otro extremo, una escalera ancha en caracol lleva al segundo piso, que es donde se encuentra la gente que buscamos y la que quisiéramos ver. Unos, los policías, en sus oficinas. En otro lugar del mismo piso, una puerta con cerraduras robustas, custodiada por un policía federal con expresión alerta y no muy amistosa, abre el ingreso a la zona de celdas donde, en esas semanas, compartían incomodidades algunos de los más conocidos empresarios, dueños de las mayores fortunas de América Latina, junto con burócratas dorados en desgracia y astutos traficantes de divisas. Ahí, en el grupo está encerrado Marcelo Odebrecht. Y no. No se lo puede ver.

Abajo, en la recepción donde se anotan los visitantes, dos policías federales más sonrientes que serios indican que el delegado Eduardo Mauat da Silva ya sabe que hemos llegado y nos recibirá apenas se desocupe.

La espera es larga, pero interesante. Un grupo baja las escaleras desde el segundo piso y en él está Dora Cavalcanti, la abogada que ha asumido la defensa de Marcelo Odebrecht y confronta abiertamente a los fiscales. Es obvio que acaba de hablar con su defendido y parece de buen ánimo. Ella nos contesta con breve cortesía e insiste en que la detención de Odebrecht y varios de sus ejecutivos es un atropello.

Cuando se retira, alguien desde el grupo nos habla en castellano con un acento peruano que sugiere selva. Se presenta rápido antes de seguir acompañando a Cavalcanti. Se llama Rodrigo Sánchez. Ejerce como abogado en Curitiba y ahora es parte del equipo de defensa de Marcelo Odebrecht. Nos podrá recibir en la tarde, en su estudio.

El delegado Eduardo Mauat es un veterano policía federal que no siente necesidad de caer simpático. Pero no evita contestar ninguna pregunta. Conoce cada paso de la investigación de Lava Jato y explica con claridad lo avanzado. Casi al final nos hace una pregunta: ¿Conocen a “Constructora Internacional del Sur”? Es una compañía de Panamá, dice. La Fiscalía brasileña ha preguntado a sus pares panameños por la información, pero no han recibido cooperación.

Lo que Mauat sabe, sin embargo, es considerable. Gracias a las confesiones de los exejecutivos de Petrobras, las de Alberto Youssef y otros cambistas (doleiros en portugués) tiene un cuadro bastante claro sobre cómo funcionó el sistema de sobornos con Petrobras. Lo que quedaba por precisar era la extensión de ese mecanismo que por cada descubrimiento aportaba mayores sorpresas.

Terminamos de hablar con Mauat y nos recibe otro delegado de la Policía Federal, Marcio Anselmo. Él ha vivido cada episodio de la investigación, desde el planeamiento hasta la ejecución de sus vertiginosos capítulos tácticos, como el reciente arresto de Marcelo Odebrecht. La intensidad de su trabajo lo llevará, cerca de dos años después, a un agotamiento tal que se verá obligado a apartarse de la investigación.

El 28 de mayo de 2015 –mientras Marcelo Odebrecht estaba todavía en libertad–, la Corporación Odebrecht respondió un pliego interrogatorio enviado por Mauat. Odebrecht “no participa de esquemas ilícitos, menos aún con la finalidad de pagar ventajas indebidas a servidores públicos o ejecutivos de empresas estatales”.

Sobre Constructora Internacional del Sur respondió un mes después reiterando que “ninguna de sus empresas tiene, ni nunca tuvo, cualquier vínculo y ni [sic] efectuó cualquier pagamento a dicha empresa”.

Con un tono implícitamente ofendido pero controlado indicó: “Todas nuestras empresas poseen y practican un Código de Conducta y un Sistema de Conformidad (compliance), efectivos y ampliamente divulgados, alineados totalmente a la legislación anticorrupción brasileña e internacional”.

En 2014, según un despacho de AFP, Odebrecht había facturado más de 40.000 millones de dólares y tenía en nómina a 181.000 empleados en 21 países. Su red de relaciones e influencias era de enorme peso y potencia. Incluía presidentes, ministros, congresistas y grandes empresarios.

Muchos de estos aplaudían desde el fondo de las vísceras, la posición de Odebrecht de no aceptar nada. Para ellos, la resistencia de Odebrecht era su garantía de libertad e impunidad.

Si se aguantaba lo necesario, una campaña internacional por los derechos humanos de Marcelo Odebrecht podría resultar exitosa. Por ello la investigación debía avanzar rápido y ser certera. La Constructora Internacional del Sur parecía tener el valor de una importante estocada.

Las oficinas de la Fuerza de Tarea de la Procuraduría Federal en Curitiba están en un edificio de la avenida Marechal Deodoro, en el centro de la ciudad. El ambiente, en comparación con otras fiscalías, es ordenado y calmo dentro de un espacio que oscila entre lo justo y lo apretado. Deltan Dallagnol es el responsable de la Fuerza de Tarea y a su lado está Carlos Fernando dos Santos Lima, el procurador con experiencia en el caso previo de Banestado.

Mientras Dallagnol da la impresión de profesional estudioso, con trato cortés, coherente y serio; Dos Santos Lima luce a primera vista más curtido en los mundos de la calle. Las apariencias, claro, engañan. Dos Santos Lima ha estudiado en Cornell. Es un momento difícil, pero ambos lucen serenos y en control del proceso.

Hasta ese momento, casi toda su acción se ha concentrado en Brasil. Sus averiguaciones en el exterior solo conciernen a las operaciones de lavado de dinero. Ahora, después de responder nuestras preguntas, inquieren sobre los posibles casos de corrupción de Lava Jato fuera del Brasil y escuchan con evidente interés. Ese día no está Orlando Martello, el procurador de la Fuerza de Tarea cuyo trabajo será crucial en el futuro para coordinar con eficiencia la cooperación brasileña con las investigaciones de Lava Jato en el exterior.

El peruano Rodrigo Sánchez, el principal abogado defensor de Odebrecht en Curitiba, que llegó a estudiar e hizo carrera ahí, mantiene coincidencias con su colega (en la universidad) Sergio Moro. Ambos estudiaron en Italia, se especializaron en lavado de dinero y escribieron un libro sobre el tema. Ahora están en lados opuestos de la causa.

Sergio Moro ya es una celebridad, que se maneja con sencillez y habla con precisión. Ha estudiado durante años el lavado de dinero; ha escrito un libro sobre el tema; y también ha examinado y escrito sobre otra gran campaña anticorrupción: los Mani Pulite, en Italia. Una parte importante de ese trabajo es su análisis a los factores que permitieron el éxito inicial de Mani Pulite y los que la llevaron al fracaso final.

Lo tuvo muy claro en el texto que escribió y lo tuvo también muy claro en los primeros tiempos de Lava Jato. Luego, con su orden de arresto de Lula y su posterior renuncia a la judicatura para incorporarse en el gobierno de Bolsonaro, Moro aumentó los errores que antaño describió. Mani Pulite naufragó en Berlusconi; Moro encalló con Bolsonaro.

El café Kopenhagen

Dentro del aeropuerto internacional de Sao Paulo, en medio de la corriente de viajeros, el café Kopenhagen es un islote de sosiego. Ahí nos espera, al llegar de nuestro vuelo de Curitiba, la persona que nos dará un testimonio directo sobre el lavado de dinero y los sobornos que el caso Lava Jato pugnaba por descubrir.

Leonardo Meirelles habla con conocimiento de causa. Él ha sido uno de los principales traficantes de divisas y lavadores de dinero del caso. Abogado, trabajaba cerca de Alberto Youssef y fue por eso uno de los primeros detenidos en la operación. Las cosas pintaban negras para Youssef, porque había violado su primera delación premiada por el caso Banestado, pero su experiencia le indicó que su única salida era su capacidad de convertirse en la Scherezada de las delaciones. Lo logró plenamente y Meirelles lo siguió.

Antes de un mes en prisión, el 14 de abril de 2014, Meirelles salió en libertad –el primero en lograrlo– y empezó la colaboración con los investigadores de Lava Jato. Junto con Youssef o en forma independiente, Meirelles había creado “una red de empresas offshore en diversos países, especialmente en Hong Kong y Shanghái”.

Entre 2009 y 2014, Meirelles hizo más de 4.800 operaciones destinadas al lavado. Cuando habló con nosotros, Meirelles había regresado poco antes de China donde viajó –con el permiso de Moro– para recabar pruebas.

¿Qué sabía sobre pagos peruanos? Meirelles nos contó varios hechos en los que participó o de los que fue testigo. Nos habló de OAS y sus pagos en efectivo en el aeropuerto. Otros cambistas que trabajaban con Youssef transportaban dinero a Lima, casi siempre para OAS: “Llevaban el dinero en el cuerpo. Colocaban el dinero en papel film plástico. Lo embalaban bien comprimido, bien pequeño y se lo colocaban alrededor de las piernas, con medias de compresión. Llevaban entre 200 y 400.000 dólares en cada viaje. Viajaban en vuelos comerciales”.

Meirelles calculaba que entre 2013 y parte de 2014 llevaron a Lima alrededor de 1,5 millones de dólares. Odebrecht tenía un sistema mucho mejor organizado, aunque con alguna frecuencia usaba a Youssef.

Así fue como regresamos al Perú sabiendo lo que había que buscar y dónde.

La Constructora Internacional del Sur

¿Quién manejaba la Constructora Internacional del Sur? ¿Cuál era la relación de Odebrecht con ella? Nos pusimos en contacto con Rolando Rodríguez, quien viajó a Lima, junto con Yolanda Sandoval, ambos del diario La Prensa. Publicamos luego la singular historia de la Constructora Internacional del Sur y el sistema de lavado de dinero de Odebrecht para pagar sobornos.

Era una constructora que nunca construyó, ni con legos. Fue creada en 2006, en Panamá, con la típica estructura de una offshore con dos socios principales, uno de los cuales era un colombiano a quien se consideró “en Colombia el capo de las pirámides financieras”. Los socios se pelearon entre sí y en julio de 2009 hubo un cambio sustantivo en la estructura de la offshore.

Su nuevo agente residente pasó a ser Francisco Martinelli, “primo dilecto” del entonces recién inaugurado presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

De inmediato, la compañía entró en una gran actividad financiera. En unos meses recibió “más de 47 millones de dólares de dos compañías offshore que, según comprobó la fiscalía brasileña, pertenecen a Odebrecht: Smith & Nash Engineering Company Inc. y Golac Projects and Construction Corp”.

Por su parte, la “Constructora Internacional del Sur depositó más de tres millones de dólares en las cuentas europeas de offshore panameñas, cuyos beneficiarios corruptos eran funcionarios de Petrobras.

Un empleado de Martinelli aparecía en papeles como el próspero consultor que habría recibido 2,3 millones de dólares de una empresa contratista del consorcio liderado por Odebrecht para la construcción del Metro de Panamá. Periodistas de La Prensa encontraron al supuestamente afortunado consultor en un nuevo trabajo, manejando un transporte pesado. “Ojalá tuviera yo ese dinero”, le comentó al periodista.

Constructora Internacional del Sur fue disuelta en agosto de 2014, poco antes de que Paulo Roberto Costa, el primer ejecutivo de Petrobras implicado en el caso Lava Jato, firmara su acuerdo de delación premiada.

El 24 de julio del decisivo 2015, la Fiscalía de Curitiba presentó acusación formal contra Odebrecht ante el juez Sergio Moro. Cuando IDL-R quiso entrevistar a Rodrigo Sánchez, Odebrecht pidió que remitiéramos las preguntas por escrito. Luego respondieron: “La posición de la defensa es que debemos manifestarnos sobre temas relacionados a los procesos judiciales en los expedientes del proceso, para que las personas involucradas puedan ejercer su derecho de defensa”.

La clave estaba en Suiza, recientemente golpeada por el escándalo del banco HSBC. La fiscalía de ese país cooperó exhaustivamente con su par brasileña y el informe se incluyó en la acusación, lo “que sumió en silencio existencial a Odebrecht”.

Había sostenido no tener nada que ver con la offshore Smith & Nash Engineering, los suizos demostraban que Odebrecht era la dueña real de esa offshore. Esta y otras dos de sus empresas de pantalla depositaron cerca de 50 millones de dólares en las cuentas de Constructora Internacional del Sur, la compañía negada por Odebrecht.

Entre rumores diversos sobre discusiones internas, Dora Cavalcanti fue separada de la defensa de Marcelo Odebrecht, el 7 de agosto de 2015, y reemplazada por el abogado Nabor Bulhões. Este tenía fama de lograr la absolución de casos que parecían imposibles de ganar. Había conseguido que el expresidente Fernando Collor de Mello saliera libre de acusaciones de corrupción y logró lo mismo con el tesorero de Collor, Paulo César Farías. Aunque este había disfrutado poco tiempo de la libertad, fue asesinado junto con su joven novia. El crimen permanece hasta hoy en el misterio.

Un ejecutivo de Odebrecht explicó, bajo condición de anonimato, que como todo parecía indicar que el caso llegaría a los tribunales de Brasilia, era mejor tener a Bulhões porque en la capital tenía “mayor tránsito”.

Brasilia seguía siendo Brasilia, pero dentro de ella –y dentro del país entero– se habían producido cambios importantes que habían alterado la forma de transitar dentro del ecosistema. Lo que fue posible antes –como absolver a Collor de Mello– quizá no fuera posible en el país que ya había vivido los casos Banestado, Mensalao, incluso Castillo de Arena, y algunos otros de corrupción en los niveles más altos del poder.

Hubo en todos esos casos investigaciones profundas y bien llevadas, por una nueva generación de fiscales y policías preparados y respaldados por reformas legales, promovidas por el propio Lula da Silva.

En nuestro primer viaje a Curitiba conocimos un nuevo tipo de abogado, que se desarrollaba prósperamente bajo las nuevas realidades, la especialización en negociar delaciones premiadas. Uno de ellos nos describió las diferencias entre el escenario penal: “¿Qué se decía antes sobre la justicia en Brasil? Que juzgaba a una de las tres P: pobre, prieto y puta”. Sonrió: “Ninguno de mis clientes ahora es de esas P”.

Era verdad. Uno veía el torbellino de acontecimientos; plutócratas y caciques políticos caminando esposados bajo la sombra pesada de sus secretos descubiertos; la incredulidad seguida por el entusiasmo de la gente y se sentía la esperanza que producen las revoluciones liberadoras. Solo que esta era liderada por fiscales, policías, unos jueces. ¿Era posible sostenerla? La gente prefirió vivir la esperanza a pulmón pleno.

Para quienes asumían decisiones cada vez más importantes, como Emilio Odebrecht, luego de la prisión de Marcelo, estaba claro que la situación hubiera sido más manejable si el escándalo no hubiera trascendido Brasil. Pero ya había intervenido Suiza y lo más probable era que lo hiciera Estados Unidos, bajo el mandato de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La petroquímica Braskem (cuyo accionista mayoritario era Odebrecht) había hecho una declaración a la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) sobre posibles asuntos relacionados con corrupción.

Odebrecht encargó entonces a una consultora estadounidense un informe sobre cómo fueron las negociaciones de reconocimiento de culpa, multa y reforma empresarial, que siguieron corporaciones como Siemens, luego de ser sometidas al FCPA. Una copia del informe llegó a Marcelo Odebrecht en su celda en Curitiba, incluso antes de cambiar a la abogada Cavalcanti.

La Red

A diferencia de otros casos, la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas no fue una Red en busca de investigaciones, sino una investigación en busca de una Red. Su creación y desarrollo fue, por ello, pragmática y gradual. Se necesitaba investigar el caso con un equipo internacional, pequeño y operativo; integrada por gente de gran capacidad periodística y probada honestidad profesional. Ello, por fortuna, se logró con creces e hizo posible desarrollar, con gran impacto, la investigación fuera de Brasil.

Primeras evidencias

Las primeras acciones colaborativas de la Red provinieron del periodista brasileño Guilherme Amado, que trabajaba entonces en O Globo. Una de las primeras notas en colaboración fue ‘El champagne que no se descorchó’, en octubre de 2016 firmada por Amado y Romina Mella, donde a partir de los mensajes incautados en el teléfono de Léo Pinheiro, expresidente de OAS, se pudieron reconstruir las intrigas que gobernaron la relación de OAS con la alcaldesa que estaba por salir y su adversario político, a punto de asumir el cargo. Pinheiro mantuvo relaciones cercanas entre ambos.

Antes de ello, el primer paso exitoso fue lograr información en profundidad sobre la Constructora Internacional del Sur. Cuando fue clara su irrefutable vinculación con las coimas de Odebrecht a Petrobras.

Rolando Rodríguez, de La Prensa, consiguió reportes financieros que mostraban transferencias de dinero de Constructora Internacional del Sur a una empresa peruana llamada Constructora Área SAC. En Lima, con información de fuentes locales, pudimos seguir la pista de dos “constructoras” pertenecientes a Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona. Se trataba de Constructora Área y Construmaq SAC, que recibieron depósitos de Constructora Internacional del Sur y de Klienfeld Services Ltd.

Vino entonces la sorpresa: Odebrecht había transferido dinero a Constructora Área SAC y Construmaq SAC. Además, el consorcio IIRSA Norte, controlado por Odebrecht en asociación con Andrade Gutiérrez y la peruana Graña y Montero, les había transferido cerca de once millones de dólares a lo largo del año 2007.

Todo eso había sucedido siete años antes del comienzo de Lava Jato. El dinero había dado muchas vueltas entre otras compañías de Monteverde y Carmona (una de las cuales tenía el sugerente nombre de “Dominatrix Limited”) antes de que una buena parte (siete millones de dólares) fuera remitida a una offshore creada ese mismo año por Mossack Fonseca, en Panamá. El dinero había sido depositado en el Trend Bank Ltd de Brasil, en cuentas abiertas en el First Caribbean International Bank, en Barbados.

Las operaciones no solo calzaban con el modelo de las expuestas en el caso Lava Jato en Brasil, sino que además compartían protagonistas.

Los movimientos de dinero que detectamos en Perú no fueron dedicados a pagar sobornos, sino a alimentar la caja del Sector de Operaciones Estructuradas, en Brasil. Eran operaciones destinadas a convertir dinero lícito en ilegal; desaparecerlo para engrosar los fondos de la “división de sobornos”. Los contratos ficticios entre Odebrecht y las compañías Monteverde y Carmona justificaron la salida de millones de dólares de los proyectos Vías Nuevas de Lima, la Central Hidroeléctrica de Chaglla, la Carretera Interoceánica Sur y Norte, entre 2007 y 2015.

Quedó demostrado que había un movimiento intenso de lavado de dinero que conectaba a Odebrecht y sus consorcios con offshore en varios puntos de la geografía de las finanzas piratas. Las compañías ad hoc de Monteverde y Carmona ayudaron a lavar dinero que, luego de llegar a Santo Domingo, terminaron financiando parte de la fallida campaña presidencial del panameño José Domingo Arias. En total, Odebrecht hizo un aporte de 16 millones de dólares a esa campaña.

En el Perú el caso de Monteverde y Carmona tuvo un epílogo singular. Luego de revelarse su participación en los esquemas de lavado de Odebrecht, ambos plantearon una demanda judicial contra Romina Mella y Gustavo Gorriti. Después, en febrero de 2019, uno de los principales ejecutivos del Sector de Operaciones Estructuradas relató el papel que jugaba Monteverde con la estructura. Santana y Moura fugaron antes de que la Policía llegara a buscarlos. Desde la clandestinidad, sin embargo, mantuvieron la acción judicial contra IDL-R hasta perderla definitivamente en septiembre de 2021.

La capitulación de Odebrecht

El 5 de agosto de 2015, la Justicia Federal de Paraná condenó al expresidente de OAS Léo Pinheiro y al exdirector del área internacional de la compañía Agenor Magalhães a 16 años de prisión a cada uno, por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado.

La prensa brasileña reportó rumores de que Pinheiro intentaba negociar, luego de la sentencia, una colaboración con las autoridades para reducir su pena. A esas alturas, otros ejecutivos ya habían optado por la misma vía.

El 21 de agosto, Camargo Correa, como empresa, tuvo un “acuerdo de lenidad” con la Fiscalía brasileña que suponía pagar 200 millones de dólares para indemnizar a la sociedad por el daño causado. La compañía reconoció haber participado en un cartel para manipular las licitaciones de Petrobras y por ello fue multada con 30 millones de dólares. Camargo Correa se comprometió a entregar nueva información que incluyera evidencias de delitos cometidos por otras empresas o funcionarios públicos.

En febrero de 2016, la Policía Federal de Brasil mostró nuevas evidencias de que Marcelo Odebrecht tuvo mando y control sobre el pago de coimas. Entre los funcionarios extranjeros aparece nombrado el expresidente Ollanta Humala, con un monto de 3 millones de dólares. Según la fiscalía, “si se confirma esta hipótesis investigativa, que el máximo dirigente del Perú habría sido beneficiado por el grupo Odebrecht, esto de alguna forma estaría vinculado a las inversiones hechas por el Gobierno federal en aquel país”.

El 22 de marzo, Marcelo Odebrecht fue sentenciado por el juez Sergio Moro a 19 años de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. La misma condena fue para Márcio Faria y Rogério Araújo. Otros funcionarios de la corporación recibieron penas algo menores. En el lado de Petrobras, las sentencias de Costa, Barusco y Youssef fueron suspendidas en compensación de su delación premiada.

En la misma fecha 22 de marzo, Odebrecht, en una posición de creciente y virtualmente irreversible precariedad, capituló formalmente. “Las evaluaciones y reflexiones de nuestros accionistas y ejecutivos condujeron a Odebrecht a decidir por una colaboración definitiva con las investigaciones de la Operación Lava Jato”, declaró.

Este fue un punto de inflexión decisivo. Consciente de que en las delaciones premiadas rige el mismo principio que en los botes salvavidas insuficientes de un barco: al comienzo hay sitio, después cada vez menos. En medio de un conflicto que contrapuso a Marcelo con su padre, Emilio, y en el que este finalmente prevaleció, planificó, con típica minuciosidad y espíritu competitivo, su delación. Si los demás habían efectuado hasta ese momento delaciones personales, Odebrecht se preparó para hacerlo corporativamente.

La promesa de revelaciones no solo era inmensa, sino que el conocimiento detallado de los mecanismos de corrupción público-privado en los más altos niveles políticos y corporativos en Brasil y Latinoamérica permitiría diagnósticos precisos.

En país tras país de América Latina, la confianza que había existido en la declaración de omertá de Marcelo Odebrecht quedó pulverizada y fue reemplazada por el miedo, la búsqueda de coartadas, de vías de escape y, sobre todo, de rabia infinita hacia la empresa con la que habían lucrado. De un momento a otro, los socios de ayer se convirtieron en los enemigos implacables de hoy.

¿Hubo algún factor que catalizó la súbita decisión de Odebrecht? En Brasil, como hemos visto, su posición se hacía insostenible; y en el exterior, no tenía salida, sobre todo con la intervención de las autoridades estadounidenses por mandato de la FCPA.

Hubo un hecho que probablemente adelantó decisiones. La Policía Federal acababa de sacar a la luz el Sector de Operaciones Estructuradas (la división de sobornos) gracias a la confesión de Maria Lúcia Tavares. La empleada estaba detenida y se mantenía hasta entonces en silencio, pero se acogió a la delación premiada y explicó en detalle y con planillas cómo funcionaba el departamento. La suerte estaba echada, Odebrecht izó la bandera blanca y se organizó para contar y tratar de sobrevivir.

La lucha por la información

La decisión de Odebrecht de entrar en delación premiada corporativa cambió las estrategias de investigación de IDL-R y de la Red en desarrollo.

El proceso de delación se iba a realizar en Brasil. El mayor interés de los procuradores brasileños era, naturalmente, concentrarse en los delitos cometidos en su país. Las preguntas sobre lo perpetrado en otras naciones no iban a ser lo suficientemente informadas, cuando ocurrieran. La cooperación con otras naciones se daría con sus homólogos institucionales. ¿Y cuántos de ellos tenían interés en esclarecer los hechos de su propio país? Muy pocos.

La experiencia en investigar corruptos con poder en Latinoamérica, con instituciones policiales, fiscales y judiciales contaminadas, nos hizo prever los siguientes escenarios.

Se iba a canalizar el intercambio de información exclusivamente a través de la cooperación fiscal, que acentuaría intencionalmente su proverbial lentitud. Aparte de ello, se trataría de que la información permaneciera reservada todo el tiempo posible, excepto en el caso de enemigos políticos o de algunos chivos expiatorios.

Se buscaría también concentrar indignaciones y culpas en Odebrecht. Castigarla al máximo, convertirla en paria y tratar de no aceptar los términos de lenidad negociados en Brasil. Eso daría respiro, tiempo y quizá impunidad a los cómplices de Odebrecht.

Las maquinarias de escándalos dirigidos y encubrimientos tradicionales ya funcionaban. En Perú, una comisión investigadora del Congreso, presidida por el representante Juan Pari, emitió un dictamen el 27 de junio de 2016, firmado por este, con hallazgos contundentes que comprometían gravemente a los gobiernos de Toledo, García y Humala. Pari lo tuvo que firmar en minoría y luego el Congreso no lo debatió porque no hubo el número necesario de firmas para convocar una sesión extraordinaria. IDL-R lo publicó completo.

A partir de entonces, lo tuvimos claro, la desinformación iba a jugar un papel central.

Aritmética investigativa

En julio de 2016, IDL-R publicó una investigación, “Los sobrecostos de Odebrecht en Perú”, donde se identificaron los costos adicionales que la compañía –la principal contratista entonces del Estado peruano, con unos 10.000 millones de dólares– cargó a todas las obras donde le fue posible hacerlo. El resultado de los sobrecostos acumulados en ese período, al cambio, fue de más de 1.370 millones de dólares.

Los porcentajes de sobrecostos variaron entre las obras. Los mayores fueron los de las carreteras interoceánicas, la Norte y la Sur, donde llegaron –en el caso de esta última– al 150 % del costo original contratado.

En otro reportaje, publicado unos meses después, IDL-R investigó y calculó cuánto había perdido el Estado peruano en los arbitrajes disputados con Odebrecht (sola o en consorcio).

Los resultados fueron de irrefutable elocuencia demostrativa: De 42 casos de arbitraje, Odebrecht ganó 37 y el Estado peruano solo 5. Expresado en dinero adjudicado, la desproporción fue peor: Odebrecht ganó más de 254 millones de dólares y el Estado peruano ni un solo céntimo.

El sistema de compra de árbitros fue revelado. Muchos eran recurrentes, seleccionados por un lado o por el otro. Era una colusión multidimensional, como fue confesado y comprobado después.

Un patrón similar ocurrió con las otras brasileñas vinculadas con el caso Lava Jato en Perú. En otra investigación, con el mismo método, IDL-R encontró que en los 41 arbitrajes que el Estado tuvo con Queiroz Galvao, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y OAS entre 2007 y 2018, las empresas vencieron en 33; el Estado en seis; y en dos hubo conciliación. Las empresas ganaron más de 128 millones 500 mil dólares y el Estado 400.000, el 0,31 % de lo que perdió. También en estos casos, las ulteriores confesiones confirmaron que los arbitrajes fueron comprados.

La suma de los arbitrajes fraudulentamente perdidos fue de más de 383 millones de dólares.

Ellos fueron, no sobra repetirlo, un bono adicional a los cientos de millones de dólares (probablemente más de dos mil millones) perdidos en sobrecostos fraudulentos. Cada dólar así robado fue pagado por la gente.

La red estructurada

El avance colaborativo en la investigación estaba bien encaminado desde varios meses atrás. Un estímulo constante en proseguir y desarrollar esa colaboración provino de María Teresa Ronderos, que era entonces directora del Independent Journalism Program de la Open Society Foundations.

En agosto de 2016, Hugo Alconada, de La Nación en Argentina; y Joseph Poliszuk, de Armando.info, de Venezuela, se integraron a la Red. En noviembre de ese año pudimos colaborar con Alberto Arellano, de Ciper, de Chile. OAS tenía intereses empresariales en Chile, revelados en el celular capturado de Leo Pinheiro.

En diciembre de 2016, cuatro miembros de la Red: Rolando Rodríguez, Joseph Poliszuk, Romina Mella y Gustavo Gorriti, viajamos por una semana a Curitiba y Brasilia. En ambas ciudades –y después en otras donde hubo contacto con fuentes brasileñas– buscamos, a través de muchas entrevistas con personas vinculadas con el caso, tener la mayor información posible sobre la delación corporativa que apenas había empezado.

El 15 de diciembre, por ejemplo, un Jorge Barata muy desacostumbrado a la delación, fue interrogado en Bahía por los procuradores João Paulo Lordelo y Paulo Roberto Sampaio. Ahí contó lo que le era más cómodo revelar: cómo recibió la orden de entregar tres millones de dólares para la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2011. Barata se había opuesto, pero la orden de Marcelo Odebrecht, que actuó a pedido del PT, de Lula, fue terminante.

Supimos sobre eso y varias otras cosas, pero regresamos sin los vídeos.

Entre tanto, IDL-R pudo transmitir a Hugo Alconada documentos que detallaron pagos efectuados por el cambista Meirelles a la cuenta de Gustavo Arribas, socio y amigo cercano del entonces presidente Mauricio Macri y, lo más importante, jefe de la inteligencia nacional de Argentina.

La Red ya funcionaba en forma potente con base en las fuentes que ya teníamos. En mayo de 2017, la Red se presentó por primera vez como la “Red de Periodismo de Investigación Estructurado” con la nota “Odebrecht donó a campaña de Arias 16 millones de dólares”.

Ese mismo mes, Guilherme Amado, que trabajaba entonces para O Globo y ahora es columnista en Metrópoles, consiguió a través de fuentes reservadas todo el material de la delación corporativa de Odebrecht sobre sus delitos fuera de Brasil, que se mantenía hasta entonces en secreto. Conseguirlo fue una hazaña periodística de Guilherme Amado.

El material fue descargado y comenzó la revisión de documentos.

Luego se unió Quinto Elemento Lab, que publicó “El expediente secreto de Odebrecht en México”, en simultáneo con Aristegui Noticias y la revista Proceso. Tuvo un fortísimo impacto.

El material sobre Ecuador era diverso y muy interesante. La primera nota fue publicada casi en simultáneo por IDL-R y por Guilherme Amado, en versiones distintas. La nota “Audios y coimas: el contralor ecuatoriano”, publicada el 1 de agosto de 2017, comprometió –en ese artículo y en el siguiente, publicado dos días después, a Carlos Pólit, entonces contralor general de Ecuador, y al vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas. Ambos habían recibido coimas de Odebrecht. Hubo una tercera nota que corroboró, en un entramado de grabaciones subrepticias e intrigas, la entrega de las coimas.

Después de esas publicaciones, IDL-R colaboró por corto tiempo con Christian Zurita y Fernando Villavicencio, entonces exiliado en Lima, en una investigación sobre el contrato de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, durante el gobierno de Rafael Correa. A partir de entonces la colaboración se estableció con Mónica Almeida, quien desde ese momento forma parte de la Red.

Fabián Werner y Darío Klein, de Sudestada de Uruguay, que se incorporaron a la Red en 2017, publicaron varias investigaciones sobre cómo el sistema financiero uruguayo fue utilizado para lavar el dinero de los sobornos de Odebrecht. Gerardo Reyes, de Univisión, se incorporó en colaboración con la Red en enero de 2018. Poco después colaboramos con periodistas colombianos de Cuestión Pública.

En 2022, María Teresa Ronderos y el equipo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) se sumaron a la Red.

Lava Juez

El 7 de julio de 2018, IDL-R publicó la primera entrega de una investigación cuyo título “Corte y corrupción” le dio el nombre a la serie de más de 60 entregas, cuyo tema fue descrito en el ampliado que encabezó la nota.

“Esta es la historia –en gran parte contada por ellos mismos– de cómo el presidente de la Corte Superior del Callao, junto con por lo menos tres consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, y un magistrado de la Corte Suprema convirtieron sus cargos en un permanente ejercicio de tráfico de influencias y corrupción”.

IDL-R había conseguido una gran cantidad de grabaciones de interceptaciones telefónicas legales ordenadas por fiscales abocadas en una investigación contra la criminalidad organizada en el puerto de El Callao, contiguo a Lima.

Pronto resultó evidente que las conversaciones describían una panoplia impresionante de corrupciones que enlazaba a instituciones e individuos provenientes, en su mayoría, de las instituciones de administración de justicia. Ellos mismos describían sus objetivos, en conversaciones cuya revelación era resaltada por el lenguaje picaresco de varios de los interlocutores. Provenían de casi todo lugar: fiscales, entre ellos el nuevo fiscal de la Nación; magistrados y consejeros del poderoso Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Hablaban con la cínica espontaneidad que quien está seguro de su secreto.

El tiempo en que desarrollamos la investigación no era solo difícil, sino crítico. El presidente elegido el 2016, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), había arrebatado una victoria que su rival, Keiko Fujimori, creyó segura. Igual que Trump años después, la hija del dictador Alberto Fujimori no reconoció su derrota y buscó socavar desde el comienzo el frágil gobierno de PPK.

No le fue difícil. Gracias al sistema electoral peruano, Fujimori había logrado una mayoría en el Congreso, antes de su derrota, y la utilizó a fondo para hostigar a PPK. Tampoco fue eso difícil. PPK era persona de carácter débil y mudable, que trató de apaciguar a Fujimori cediendo posiciones y ministros, hasta que le llegó el turno de enfrentar una iniciativa de vacancia presidencial que, en el segundo intento, precipitó su renuncia, el 22 de marzo de 2018.

Keiko Fujimori y aliados de circunstancia, como el expresidente Alan García ya habían sido mencionados en el caso Lava Jato. Fujimori había negado agresivamente toda acusación, en declaraciones revestidas de implícitas y explícitas amenazas a medios y fiscales. A través del Congreso que controlaba, como del Consejo Nacional de la Magistratura, buscó reemplazar a los funcionarios que consideraba no manejables.

La investigación “Corte y corrupción”, que pasó a ser conocida como Lava Juez –junto con varias otras– y movilizó tal indignación colectiva, que forzó a investigaciones y reformas que llevaron a magistrados a la cárcel; a un juez supremo a la fuga al extranjero; a la renuncia de un expresidente de la Corte Suprema y a la disolución del CNM y su reemplazo por una institución nueva, la Junta Nacional de Justicia.

Lava Juez permitió que el Lava Jato local no abortara y que el grupo pequeño de fiscales lograra una conexión óptima con sus pares brasileños.

Batallas peruanas

Meses después de firmado el acuerdo de lenidad y delación premiada entre Odebrecht y los fiscales brasileños, se produjo el primer interrogatorio de fiscales peruanos a Marcelo Odebrecht, en persona. Fue el lunes 15 de mayo de 2017, en la sede de la Policía Fiscal, en Curitiba.

Los fiscales peruanos habían llegado para preguntar sobre la investigación por lavado de activos que se seguía al expresidente Ollanta Humala. También viajaron los abogados de Humala; y Marcelo Odebrecht estuvo acompañado por tres abogados.

Odebrecht dijo que su orden a Jorge Barata, de entregar dinero a Humala se debió al “pedido del exministro Antonio Palocci, en representación de Lula, de ‘colaborar con la campaña de Ollanta Humala’ a mediados del 2010″.

Cuando, saliendo del libreto, alguien le preguntó si habían financiado a otros candidatos en la campaña presidencial del 2011, Odebrecht dijo que “se había apoyado a Keiko Fujimori y a la candidata aprista”. Otra fuente recuerda que Odebrecht dijo que ese apoyo a varios partidos “le parecía lógico” y mencionó al partido aprista y la candidatura de Keiko Fujimori.

Nada de eso fue declarado a los medios al retorno de los fiscales y abogados. IDL-R lo publicó pocos días después, el 19 de mayo, luego de varias entrevistas a fuentes con conocimiento de causa.

Hubo profundos desagrados, hasta en la Fiscalía. Humala ya no estaba en el poder y lucía perfecto como chivo expiatorio. Keiko Fujimori no solo era la política con mayor fuerza en el país, sino que hacía sentir su poder. El APRA, del expresidente Alan García, mantenía una alianza de facto con el fujimorismo, especialmente sobre la investigación Lava Jato. El fujimorismo aportaba el poder y el partido aprista, la experiencia.

Poco después, la fiscalía de la Nación sacó un comunicado que, sin nombrarnos, nos desmentía. De inmediato se desató una frenética campaña de insultos de troles fujimoristas y apristas a la Red.

Posteriormente, IDL-R publicó un facsímil del celular de Marcelo Odebrecht. Decía: “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”. Esta se convirtió en una de las frases más mencionadas en el caso. La Fiscalía, después de algún comunicado penoso, terminó reconociendo esa prueba.

Otro revés para el propio fiscal de la Nación llegó el 31 de diciembre. La gran movilización social no titubeó en ocupar las calles de Lima para defender a los destituidos fiscales del equipo especial de Lava Jato. Pocos días después, los fiscales fueron repuestos y aceleraron las investigaciones.

Liderados por el fiscal superior Rafael Vela, el equipo rompió coartadas manejando con destreza el equivalente peruano de la delación premiada. Keiko Fujimori, soberbia, había sostenido no haber recibido un centavo de Odebrecht ni tampoco ninguna colaboración ilegal. La investigación descubrió que no solo había recibido dinero de Odebrecht, sino de varios otros aportantes clandestinos. Para protegerse, organizó una red de lavado dentro de su propio partido. Varios cómplices se convirtieron en delatores y explicaron con detalle todos los procesos.

Alan García fue el expresidente que tuvo la relación más cercana con Jorge Barata, el hombre de Odebrecht en Lima. Gracias a los esquemas de protección que tuvo, afirmó una y otra vez que otros se habían vendido, pero él no y desafió a que le probaran lo contrario.

Eventualmente se descubrió primero que había recibido un pago de 100.000 dólares por una conferencia en Sao Paulo en 2012 y que la constructora hizo un aporte de 200.000 dólares a su campaña presidencial en 2006. Luego, una cuenta abierta en la Banca de Andorra a nombre de un empresario cercano a él, con algo más de 1,2 millones de dólares depositados por una offshore del Sector de Operaciones Estructuradas, resultó, según la confesión del dueño formal de la cuenta, ser en realidad dinero pagado a Alan García. El empresario confesó haber entregado personalmente ese monto en varias cuotas a García.

Cuando la Policía y un fiscal fueron a buscar al expresidente a su casa en Lima con una orden de arresto, García se suicidó.

Alejandro Toledo fue revelado como receptor de sobornos por alrededor de 30 millones de dólares. Las coimas fueron pagadas por Odebrecht a través de las compañías del entonces amigo de Toledo, el empresario israelí Yosef Maiman. Con orden judicial de extradición desde Estados Unidos, Toledo depende ahora de lo que decida el Departamento de Estado estadounidense. Lo que está claro es que el presunto luchador por la libertad robó con ávido libertinaje apenas se le presentó la oportunidad.

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán, que negó reiteradamente haber recibido pagos ilegales de Odebrecht y OAS –por un monto total de 10 millones de dólares–, tuvo que reconocerlo cuando sus colaboradores más cercanos se convirtieron en delatores.

Tanto PPK como Humala han sido responsables de recibir dinero ilícito de Odebrecht o las compañías de Lava Jato. Varios ministros, gobernadores regionales y otros funcionarios fueron revelados, denunciados y presos por coimas.

Los socios locales de Odebrecht tuvieron cierto éxito, durante un tiempo, en mantener distancia sanitaria de su antes muy solicitado socio. Eventualmente, la evidencia les cayó encima. De esa manera salió a la luz el esquema corrupto del “Club de la Construcción”, un cartel de empresas peruanas que operó largo tiempo, a veces con los brasileños, frecuentemente sin ellos.

Otros escándalos, algunos de elaborado espionaje industrial, como el caso del Gasoducto Sur –una concesión otorgada a un consorcio integrado por Odebrecht por más de 7.000 millones de dólares durante el gobierno de Humala–, involucraron a estudios de abogados, junto con diversos empresarios, en acciones corruptas que erosionaron la primera sílaba de su reputación.

En medio de todo ello, pareció por un tiempo que el Perú tenía una oportunidad real de lograr, a partir de todas las revelaciones, un avance decidido hacia una sociedad más íntegra y eficaz.

Llegó entonces la peste de COVID-19. El Perú fue la nación que sufrió, en términos específicos, el mayor número de muertes en el mundo. La conmoción económica fue muy grande, pero quizá menor que la emocional y la cognitiva. Las fuerzas más irracionales avanzaron, la democracia retrocedió.

Los escándalos de corrupción han pasado del ámbito de los tiburones al de las pirañas. En ellos figuran de nuevo, por supuesto, las compañías de construcción.

¿Ha valido la pena el esfuerzo inmenso de Lava Jato ahora que se ve cómo y cuán rápido reafloró el pantano? Estamos seguros de que sí.

Lo que movilizó con una intensidad sin precedentes a la gente, cuando se reveló mediante el periodismo de investigación y los fiscales y procuradores honestos, la real dimensión de la corrupción de Lava Jato, volverá a ocurrir, ojalá que sin pestes de por medio, cuando nuevas investigaciones demuestren la fuerza de la verdad expuesta y comprobada. (I)