Aunque fueron llamados a juicio en calidad de autores directos del delito de oferta de tráfico de influencias Francisco Sebastián B. A. y Daniel Lenín R. P., hijo y asesor, respectivamente, de la vicepresidenta Verónica Abad, el Tribunal de Juzgamiento convoca solo al primero para los próximos 16 y 17 de enero para la respectiva audiencia en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
Para Daniel Lenín R. P., la etapa de juzgamiento dentro del caso denominado Nene se suspende porque el delito procesado no es susceptible de ser juzgado en ausencia, y el sospechoso se mantiene en calidad de prófugo desde el momento en que se le formularon cargos y la jueza anticorrupción Karol Zambrano le definió la orden de prisión preventiva.
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Justamente Zambrano, la tarde del pasado 19 de noviembre dio a conocer su resolución oral, llamando a juicio a ambos acusados del delito de oferta de tráfico de influencias. Para la jueza, en audiencia se presentaron suficientes elementos que revelarían la responsabilidad de cada uno de los procesados en el delito investigado, los cuales deben ser analizados en juicio por un tribunal.
Caso Nene: jueza llama a juicio al hijo de Verónica Abad y a su asesor político
Durante la diligencia preparatoria de juicio se escuchó el dictamen acusatorio del fiscal Leonardo Alarcón, quien luego de exponer sus elementos de convicción pidió que sean llamados a juicio en calidad de autores directos los dos procesados. Alarcón señaló que la investigación, cuya instrucción fiscal arrancó el 22 de marzo pasado, giró en torno a la denuncia colocada en el buzón de denuncias de la Fiscalía General por Romel P., quien aseguraba que temía por su seguridad, pues luego de trabajar en la Vicepresidencia de la República observó irregularidades.
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El denunciante contó que lo contactaron los dos hoy procesados para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República, pero a cambio pedían que, del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir, la víctima debía entregarles una buena parte de ese mensual. Primero le exigían $ 2.000 mensuales y, luego de una “negociación”, la cifra quedó en $ 1.500.
Romel P., quien actúa en la audiencia preparatoria de juicio en calidad de víctima, refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado porque, antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600 que le hizo supuestamente firmar Francisco Sebastián B. A., al denunciante lo habrían desvinculado del cargo en la Vicepresidencia de la República.
El Tribunal de Juicio está integrado por los jueces anticorrupción Clara Soria (ponente), Andrés Muñoz y Jorge Sánchez. Ellos deberán analizar si la prueba que expondrá la forma de Abad se apega o no al delito tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma aclara que la oferta de realizar tráfico de influencias posee penas privativas de libertad de tres a cinco años.
Oswaldo Trujillo, abogado del hijo de la vicepresidenta Abad, critica la decisión de llamar a juicio a su defendido, más aún cuando existiría una serie de elementos llenos de “imprecisiones y contradicciones” planteados por la Fiscalía.
Por ejemplo, explicó que respecto a la reunión que el denunciante dijo haber mantenido con los investigados no hay una sola evidencia que lo corrobore, más allá de la sola palabra de Romel P.; y sostuvo que la supuesta víctima habló de fechas distintas para referirse a los mismos hechos. Incluso, recordó, la foto con la supuesta letra de cambio firmada bajo amenazas no fue encontrada en el celular del denunciante, sino que fue entregada en un CD por el propio Romel P.
“Hay cosas que dan a entender que hay un influjo de poder en este caso para hacer creer que existe esta oferta de tráfico de influencia. (...) Parecería que todo eso es inducido por la Unase (de la Policía Nacional) y la Fiscalía”, mencionó Trujillo, quien tiene claro que el llamado a juicio emitido no tiene nada que ver con lo jurídico, sino que va por la línea política. (I)