Claudia Garzón, exintegrante de la Comisión de Pacificación de Cárceles durante el gobierno de Guillermo Lasso, asegura que puede aportar evidencias y pruebas de lo que ella trabajó en 180 días, en los que, afirma, su vida estuvo en riesgo, y que por descubrir irregularidades de miembros dentro del sistema penitenciario empezó a ser perseguida y le abrieron algunos procesos, denuncias, todo para callarla.