Con tres grupos en calidad de víctimas y tres acusaciones particulares se cerraron, el 12 de marzo pasado, los 120 días de instrucción fiscal definidos dentro del proceso penal que investiga a siete posibles autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial de la Alianza Gente Buena-Construye, Fernando Villavicencio, dentro del caso Magnicidio FV.
Un expediente fiscal de 170 cuerpos se habría acopiado en cuatro meses de una instrucción que se inició el 3 de septiembre pasado con la formulación de cargos contra el José Serrano, exministro del Interior de Rafael Correa; el llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga y el condenado a más de 34 años de prisión por actos de corrupción en el área pública de la salud y la justicia Daniel Salcedo.
Luego, la fiscal del caso, Ana Hidalgo, pidió que se vincule a tres cabecillas del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Eso se dio el 10 de febrero pasado, cuando al caso Magnicidio FV se vinculó a Wilmer Chavarría, alias Pipo; a su hijastro Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, quien fue expulsado de Colombia y desde el pasado 19 de marzo está internado en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena; y a Luis Arboleda, alias Gordo Luis.
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El 23 de marzo pasado, pese a que concluyeron los cuatro meses de instrucción fiscal y se continuaba receptando información de instituciones públicas y privadas que responden a petitorios realizados en los días finales de esta etapa, tanto por la Fiscalía como por la defensa de los demás sujetos procesales, Hidalgo cerró formalmente la etapa de instrucción y solicitó juez penal de Pichincha Geovanny Freire que defina una fecha para que se realice la respectiva audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
En ese documento, además de notificar a acusados del cierre de la instrucción y el dictamen acusatorio que mantiene la Fiscalía contra los siete procesados, el escrito de Fiscalía también fue notificado a tres grupos de personas quienes tienen la calificación jurídica de víctimas en la causa: el primer grupo está conformado por Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del presidenciable asesinado; el segundo grupo, el hijo menor de edad de Villavicencio, M. F. V. S., representado por Verónica Sarauz, expareja del político victimado; y, finalmente, un tercer grupo integrado por la madre y hermanos de Fernando Villavicencio: Gloria Valencia, Lorena, Cristina, Patricia, Marcelo y Eduardo Villavicencio Valencia.
Al cierre de la instrucción fiscal los integrantes de estos tres grupos reconocieron su firma y rúbrica en la acusación particular que presentaron contra los procesados.
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El artículo 432 del Código Orgánico Integral Penal, el cual habla de la acusación particular, señala que podrá presentar acusación particular la víctima, por sí misma o a través de su representante legal, sin perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y de reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no presente acusación particular.
Amanda Villavicencio tiene claro que estar como acusadora particular junto con su hermana Tamia les pone en la responsabilidad de también hacer un anuncio probatorio y demostrar cuáles son las pruebas que mantienen contra los siete acusados como autores intelectuales. Afirma que en el tema de las pruebas han trabajado durante casi cinco meses.
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Por otra parte, la hija del político y periodista de 59 años ha mostrado su extrañeza frente a las otras dos acusaciones particulares que han sido reconocidas por el juez Freire, y adelantó que se opondrán a que se dé una unificación de las acusaciones en este caso.
“Nos sorprende que haya dos acusaciones particulares sorpresivas de último momento, que además no se alinean con la nuestra. Por eso nos oponemos totalmente a que haya una unificación de las acusaciones particulares, que es algo que suele ocurrir en los procesos en los que hay varias acusaciones particulares. Esperamos que el juez tenga la precaución”, anotó Amanda Villavicencio. .
La unificación de la acusación particular es un mecanismo procesal utilizado cuando existen múltiples víctimas, múltiples acusadores o varias acusaciones particulares presentadas por el mismo hecho delictivo. Esto se daría con el objetivo de tramitarlas conjuntamente para garantizar la celeridad, evitar sentencias contradictorias y evitar la revictimización. (I)
