La audiencia preparatoria de juicio en el llamado caso Liga2 continuó este lunes con el pedido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en su calidad de acusador particular, para que se llame a juicio a siete sospechosos de incurrir en tres delitos en contra de la Administración pública; mientras, los procesados empiezan sus alegatos de defensa.
En la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la jueza Daniella Camacho reinstaló este 23 de marzo de 2026 la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en este caso que abrió la Fiscalía General y al que bautizó como Liga2, en el que se presume el cometimiento de delitos como tráfico de influencias, asociación ilícita y oferta de tráfico de influencias.
El proceso se originó por la pugna entre los vocales y exvocales del Consejo de Participación Ciudadana por la designación y posesión del titular de la Superintendencia de Bancos y Seguros, entre el 2023 y 2024.
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Según Fiscalía, se planificó una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento político de la Revolución Ciudadana (RC) mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.
Como sospechosos están los exintegrantes del Consejo y que fueron parte de la denominada Liga Azul, afín a la RC, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; el excandidato presidencial Andrés Arauz, la exasambleísta Esther Cuesta; y Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022.
Adicionalmente, está la actual vocal del CPCCS Nicole Bonifaz.
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El viernes anterior, el fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, expuso su dictamen acusatorio en el que identificó tres conductas ilícitas: en el escenario de la justicia electoral; en la designación de vocales del Consejo de la Judicatura; y, en la designación del titular de la Superintendencia de Bancos.
Este lunes, la diligencia se instaló minutos después de las 10:00 con la intervención de la defensa técnica del CPCCS, Luis Zurita Quishpe.
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Durante dos horas, el funcionario leyó toda su exposición, en la que concluyó que los siete procesados implementaron una estructura para afectar la Administración pública y que hubo un “concierto de voluntades” para dirigir la selección de autoridades de control.
Anotó que se cometió un “acto de perfidia” en el que incluso se planificó la remoción de los consejeros Andrés Fantoni y Johanna Verdezoto, de la presidencia y vicepresidencia del CPCCS, para llevar a cabo su “estrategia”.
A Eduardo Franco Loor lo acusó de mostrar un “desprecio manifiesto de ordenamiento jurídico”; a Yadira Saltos, de tener una ambición personal para obtener un beneficio inmediato.
En el caso de Nicole Bonifaz, que fue una “coadyuvante necesaria”, por lo que no fue una “figura periférica”. Al contrario, se “adhirió a las decisiones de la Liga Azul”.
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A Andrés Arauz, directivo del movimiento Revolución Ciudadana, lo identificó como “nexo estratégico y el arquitecto” de una estrategia de hostigamiento a jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE); que fue el operador central en esta afectación a la institucionalidad del país en la que se “feriaron cargos públicos”.
A la exlegisladora Esther Cuesta, que en su posición de presidenta encargada de la Asamblea Nacional emprendió acciones para retrasar la posesión de Roberto Romero von Buchwald como titular de la Superintendencia de Bancos.
Finalmente, que Raúl González iba a ser el beneficiario de estos hechos.
El CPCCS coincidió con los elementos de convicción planteados por el fiscal Alarcón y además solicitó que —en el caso de llamarse a juicio— se convoque a los mismos testigos y prueba documental.
La audiencia siguió con la exposición de las defensas técnicas de los procesados a quienes la jueza Camacho concedió 30 minutos para cada uno.
La primera fue la defensa de Bonifaz, Marcela Estrella, quien recordó que las discrepancias internas y la formación de mayorías en el pleno del CPCCS no nacieron en el 2025, sino que han sido acciones políticas recurrentes en el organismo a propósito de la designación de autoridades.
La abogada mencionó que la teoría del caso presentada por la Fiscalía muestra una ausencia de pertinencia estructural y, esencialmente, que en los chats de telefonía celular, que son la base de la investigación, Bonifaz no es parte de esas conversaciones.
“No hay una conversación en la que se le pueda atribuir una dirección o coordinación, al contrario, hay mensajes alusivos, contrarios, ofensivos”, dijo Estrella, ya que había diálogos entre los miembros de la RC en la que cuestionan a Bonifaz porque no comprometía su votación.
En horas de la tarde continuaría la intervención de los abogados de los procesados. (I)
