La jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, se retiró a deliberar respecto de su decisión de llamar a juicio o dictar sobreseimientos a siete procesados por asociación ilícita en el marco de las investigaciones en el caso Liga2.
Por más de seis horas, este martes, continuó la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en la que se escuchó a las defensas técnicas de siete sospechosos del delito de asociación ilícita, quienes expusieron sus argumentos frente a la acusación de la Fiscalía General.
También se escuchó a las partes procesales exponer sus solicitudes de exclusión de prueba.
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En Liga2 se investiga un delito de asociación ilícita, que está a cargo de la Fiscalía General, que solicitó sean llamados a juicio en calidad de autores directos los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y afines al movimiento político correísta Revolución Ciudadana (RC), Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, conocidos como la Liga Azul; a los miembros de la RC Andrés Arauz, excandidato presidencial, y a la exasambleísta Esther Cuesta.
También, a Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en el 2022; y, a la actual consejera de Participación Ciudadana Nicole Bonifaz.
El caso se abrió por una denuncia planteada por el actual titular de la Superintendencia de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, en medio de una pugna con González por presidir esa institución.
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En la diligencia de este 24 de marzo de 2026, Camacho escuchó las líneas de defensa de los últimos dos procesados Raúl González y Esther Cuesta, quienes descartaron las acusaciones de Fiscalía de haber incurrido en delitos en contra de la administración pública y pidieron ser sobreseídos.
La teoría de la Fiscalía expuesta por el fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, apunta a que los investigados participaron de la planificación de una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar a la RC para que controle entidades como la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ) y otras más.
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El Consejo de Participación Ciudadana también interviene como acusador particular y solicitó a la magistrada que los llame a juicio por ser sospechosos de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y oferta de tráfico de influencias.
En este caso, Camacho deberá resolver si dicta auto de llamamiento a juicio o, con base en los argumentos de las partes procesales, posibles sobreseimientos.
Pasadas las 17:30, la jueza suspendió la diligencia y dijo que dará una resolución a la brevedad posible, aunque considerando que es mucha información la que debe revisar, comentó a la sala.
La Fiscalía abrió esta investigación en marzo de 2025 y la bautizó como Liga2, que entre otros indicios contó con información recabada de los teléfonos celulares que se incautaron a Augusto Verduga, en la que se observó una aparente planificación y estrategias ilícitas para tomar del control de la institucionalidad del Estado.
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Además, se los acusó de haber implementado una estrategia para dilatar decisiones de la justicia electoral en el marco de una denuncia que se sustanció en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y que terminó con la destitución de Verduga, Saltos y Franco. (I)
