Con la fundamentación del tercer evento relacionado con la asociación ilícita por la que se investiga a siete personas dentro del caso Liga2 es con la que inició, la mañana de este viernes 20 de marzo, la intervención del fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, en lo que es el cuarto día de la audiencia preparatoria de juicio que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En la especificación de los hechos investigados en la causa, el fiscal Alarcón ya adelantó que el tercer evento relacionado con esta trama de corrupción analizada referiría que la asociación delictiva pretendió controlar el sistema financiero nacional.
Según la Fiscalía, mediante el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC) aparentemente se buscaba nombrar a un superintendente de Bancos afín a los intereses de los entonces integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo. Dicho nombramiento, dijo Alarcón, habría sido posible gracias a la articulación previa mantenida con todos los procesados en este caso y evidenciada en sus comunicaciones en las cuales proyectaron una línea de ruta a seguir para cumplir con esta finalidad.
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La Fiscalía acusa como autores directos del delito de asociación ilícita a los exintegrantes del CPCCS Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; a la aún integrante del Consejo de Participación Nicole Bonifaz; al excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz; a Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022; y a la exasambleísta de la RC Esther Cuesta.
Los siete son sospechosos de haber intervenido en la planificación de una estrategia para, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, controlar instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la RC mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.
Cerca de cuatro horas le tomó al fiscal general encargado detallar los elementos que configurarían el primer evento, el cual tiene que ver con la finalidad de los involucrados en esta asociación ilícita para frenar sanciones en la justicia electoral y así mantener el control institucional en el CPCCS. La permanencia de varios entonces consejeros se habría encontrado en peligro a raíz de infracciones electorales que dieron paso a un proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de la denominada Liga Azul.
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Alarcón señaló que los procesados Verduga, Saltos y Franco Loor se articularon en la búsqueda de una estrategia para dilatar la decisión de la justicia electoral, conseguir impunidad y mantenerse en sus cargos, planificando, dijo, la comisión de delitos, como tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, fraude procesal e interposición de diversas figuras jurídicas irregulares.
Todo esto se habría dado, resaltó el fiscal, bajo la coordinación del procesado y excandidato a la Presidencia de la República por la RC Andrés Arauz. Supuestamente él, por medio de conversaciones con miembros del CPCCS, principalmente a través de la aplicación Wire, emitía directrices de actuación para cristalizar el control del CPCCS, formulaba lineamientos como la presentación de denuncias recusaciones e incluso acciones constitucionales y se mantenía al tanto de las acciones conjuntas que su organización política, la RC, iba a iniciar desde la Asamblea Nacional.
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El fiscal Alarcón insistió en que muchas de las acciones realizadas fueron dadas bajo la sugerencia y dirección de Andrés Arauz y en los chats analizados se manifestaría su espíritu de cuerpo con la asociación ilícita y sus fines. “Más allá de la mala fe procesal y abuso del derecho evidentes en las actuaciones concertadas por los hoy procesados, los elementos de corroboración detallados apuntan a que esta asociación buscó influir en las decisiones de los jueces de la causa (...) del TCE. (...) pretendieron inducir a los jueces contenciosos administrativos a emitir un fallo que les sea favorable”, sostuvo.
En lo que tiene que ver con el evento dos, al fiscal general Carlos Alarcón le tomó cerca de tres horas exponer los elementos que los fundamentan. Para la concreción de este evento, refirió la Fiscalía, se habrían juntado voluntades con la finalidad de lograr el control del sistema de justicia del Ecuador por medio del concurso de vocales del CJ. Este control pretendido se habría desplegado a través de gestiones con personal de la Asamblea Nacional e incluso con funcionarios de la Defensoría Pública cuyas ideologías comulgaban con la de los hoy procesados.
“Lo expuesto en este tercer evento revela un indicio contundente de que las conductas de los consejeros Verduga, Bonifaz, Saltos y Franco Loor estaban enfocadas en acatar las disposiciones de Andrés Arauz. Esto para cumplir la finalidad central de este evento: retrasar el proceso de designación de los vocales de la Judicatura, aun sabiendo que su proceder era contrario al correcto desempeño de sus cargos”, indicó.
El titular de la Fiscalía, del análisis conjunto de las comunicaciones y su contraste con la documentación del expediente fiscal, concluye que en el evento relacionado con el CJ Arauz, Verduga, Saltos, Franco Loor y Bonifaz actuaron de manera coordinada, anticipada y deliberada para influir indebidamente en el proceso de selección y designación de los vocales del Consejo de la Judicatura.
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En la descripción de cada una de las actuaciones de los procesados, por ejemplo, de Andrés Arauz dijo que intervino como actor político externo con influencia directa en los consejeros procesados, a quienes marcó el compás, trazando la finalidad de lo ocurrido en este evento. Explicó que él conoció de primera mano decisiones institucionales en tiempo real, como la integración de la terna de la Asamblea Nacional, lo que activó el cronómetro para que los consejeros emprendan las acciones dilatorias planificadas a pedidos de terceros.
“En torno a este evento, podemos decir que no se trató de meras conversaciones informales o aisladas, sino de un esquema articulado, planificado y coordinado orientado para influir indebidamente en decisiones administrativas y operativas del CPCCS, incidir en los tiempos del proceso de selección, favorecer a los postulantes específicos y manipular la dinámica institucional. Estas actuaciones permiten advertir la existencia de una conducta reiterada de injerencia y aprovechamiento indebido de la función pública, mediante la oferta de interceder o ejercer influencia ante autoridades y funcionarios del CPCCS, valiéndose de posiciones de poder con la finalidad de obtener decisiones favorables para terceros”, subrayó.
Para Carlos Alarcón, todo lo expuesto permite identificar los elementos objetivos del tipo penal de oferta de tráfico de influencias, evidenciando una afectación directa a los principios de transparencia, imparcialidad y legalidad que deberían regir en la actuación institucional a todas luces.
Cuando el fiscal general encargado concluya su intervención será el turno de la acusación particular, el Consejo de Participación, y las defensas de los siete acusados. (I)
