En el tercer día de audiencia preparatoria de juicio en el caso Liga2, el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, continúa presentando los elementos de convicción que mantiene para acusar a los siete procesados por el delito de asociación ilícita. Esta nueva jornada se instaló este jueves, 19 de marzo, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y ante la jueza penal Daniella Camacho.
La Fiscalía ha indicado que la trama de corrupción investigada en Liga2 gira en torno a tres eventos con irregularidades: el primero, conductas ilícitas en el escenario de la justicia electoral; el segundo, relacionado con la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ); y el tercero, atado a la designación del titular de la Superintendencia de Bancos.
El miércoles último, la Fiscalía arrancó la fundamentación del dictamen acusatorio por el delito de asociación ilícita que mantiene contra los exintegrantes del CPCCS y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; la aún integrante del CPCCS Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz; Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022; y la exasambleísta de la RC Esther Cuesta.
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En el inicio del dictamen acusatorio, el fiscal general encargado ubicó a todos los procesados como autores directos del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Según Alarcón, ocurrió mediante la asociación de varios consejeros de Participación Ciudadana, quienes, lejos de cumplir su rol constitucional como autoridades electas por el pueblo ecuatoriano, se dedicaron a proyectar un control del Estado por medio de tráficos de influencias, ofertas de tráfico de influencias e incumplimientos de decisiones legítimas de autoridad competente.
“El presente caso retrata el mecanismo mediante el cual la institución encargada de la selección de las primeras autoridades del Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), fue cooptada por personas afines a un partido político en donde su principal objetivo era captar tantos espacios de poder como fuera posible convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan de una fachada”, anotó Alarcón.
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Los siete sospechosos son acusados de haber intervenido en la planificación de una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la RC mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.
En la primera parte de la exposición de los elementos de convicción con que cuenta la Fiscalía para acusar a los siete procesados, el fiscal Alarcón explicó la forma en la que la Fiscalía logró identificar a los participantes de cada uno de los eventos que expondrá y justificará en esta audiencia.
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Se presentaron resultados de pericias hechas a equipos celulares incautados en la causa, en los que se habrían ubicado mensajes de audio y texto entre interlocutores que poseían números con seudónimos (Mónica Ertl = Augusto Verduga, Minerva = Yadira Saltos, AN = Andrés Arauz, entre otros) que estarían conectados a los procesados. “Como se ha podido escuchar, los sujetos procesales están identificados plenamente para que no exista confusión alguna”, anotó Alarcón.
La intervención del fiscal general este jueves arrancó con la presentación del primer evento, el cual estaría relacionado con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). (I)
