Teoría de Fiscalía en caso Liga2: el Consejo de Participación Ciudadana se transformó en la instancia desde la que se gestaron delitos con el objetivo de ‘controlar el país’

“El presente caso (Liga2) retrata el mecanismo mediante el cual la institución encargada de la selección de las primeras autoridades del Ecuador se convirtió en la sede de un partido político en donde su principal objetivo era captar tantos espacios de poder como fuera posible, convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan”.

Con esta afirmación, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, empezó el sábado último, 15 de marzo, el recuento de los hechos relevantes y la infracción penal que se imputa en el caso bautizado como Liga2, proceso penal en el que se formularon cargos por el delito de asociación ilícita contra tres exconsejeros y una actual consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

‘MónicaErtl’, ‘Minerva’, ‘El Justiciero’, ‘Jerónimo’, ‘Ají con Mote’... Estos son los usuarios identificados en los supuestos chats del exconsejero Augusto Verduga

El nombre nace debido a que tres de los cuatro procesados, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Franco Loor, eran parte de la conocida “liga azul”, hoy exintegrantes del CPCCS con cercanía al correísmo y al movimiento de la Revolución Ciudadana (RC).

Toainga refería que el pilar fundamental que sostiene al Ecuador como un Estado de derecho y justicia es la división de funciones, cuyos pesos y contrapesos —decía— nos permiten vivir en civilización y democracia. Precisamente —señalaba— el CPCCS, como cuarto poder del Estado, fue concebido bajo el ideario de funcionar como un ente de selección de las máximas autoridades del país libre de influencias e intereses políticos.

Resaltaba que el adecuado funcionamiento del Consejo de Participación garantizaría que las instituciones del Estado funcionen de forma independiente y así fortalezcan nuestro Estado de derecho. “No obstante, estos cimientos de nuestro país, lejos de funcionar como dicho ideario, han sido presa de los más oscuros intereses de los poderes políticos, en donde cada vez y cuando nacen intentos por controlar esta institución y así lograr el control de los otros poderes del Estado”, dijo.

Según la Fiscalía, en el allanamiento realizado el 24 de enero pasado a las instalaciones del CPCCS, en Quito, se incautaron los celulares del hoy exconsejero Augusto Verduga. La información allí encontrada habría revelado la planificación y “estrategias delictivas” puestas en marcha para hacerse del control de la institucionalidad del Estado.

El fiscal general subrogante resaltaba dicha asociación de varios consejeros de Participación Ciudadana, quienes lejos de cumplir su rol constitucional como autoridades electas por el pueblo ecuatoriano se dedicaron a proyectar un control del Estado por medio de varios tráficos de influencias, ofertas de tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, usurpación y simulación de funciones públicas.

“Dicha finalidad implicaba de forma necesaria garantizar su estadía dentro del CPCCS, cuya permanencia se encontraba en peligro a raíz de las infracciones electorales que dieron paso a un proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra de la denominada ‘liga azul’, para lo cual los ciudadanos Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor se articularon en la búsqueda de una estrategia para dilatar la decisión de la justicia electoral, conseguir impunidad y mantenerse en sus cargos planificando la comisión de varios tráficos de influencias, ofertas de tráfico de influencias e interposición de diversas figuras jurídicas irregulares”, agregó Toainga.

La explicación de los hechos delictivos generados continuó señalando que el “grupo asociado” emprendió gestiones para reunirse con jueces electorales que tenían en su poder la decisión de destitución o no de la “liga azul”, llegando incluso a ofrecer la gestión de incidir en su decisión por medio de terceras personas allegadas.

Este control, a decir de Toainga, les permitía continuar con las metas trazadas por parte del grupo político afín a sus miembros. Así, como es obvio, en un proyecto totalitarista de derecho, los procesos de selección para las autoridades de varias instituciones se convirtieron en el objetivo principal de esta asociación ilícita en búsqueda del control del país.

Fiscalía señala como autores directos del delito de asociación ilícita a Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz

La actual integrante del Consejo de Participación Ciudadana Nicole Bonifaz López es la cuarta persona contra la que la Fiscalía formuló cargos por el delito de asociación ilícita. (I)