A dos semanas de iniciado el proceso penal por el delito de delincuencia organizada, la defensa de Danilo Carrera, uno de los ocho procesados dentro del denominado caso Encuentro, anuncia que pedirá que Renán Andrade, juez de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, se excuse de seguir en la causa ante una “evidente parcialidad” hacia la Fiscalía General del Estado.

Calixto Vallejo, abogado de quien es cuñado del expresidente Guillermo Lasso, sostiene que además de la parcialidad hacia la Fiscalía dirigida por Diana Salazar, las actuaciones del juez anticorrupción también han evidenciado supuestamente un patrón de falta de motivación con serios indicios de lo que ellos considerarían manifiesta negligencia.

“Fue totalmente ligero al ordenar un ilegítimo, desproporcionado, inmotivado e inconstitucional arresto domiciliario en contra del economista Carrera. La falta de imparcialidad es evidente. Cuando le pedimos, como lo permite la ley, que aclare los fundamentos de la medida que priva de la libertad al economista Carrera, el juez Andrade contestó que esa orden no estaba sometida a esa clase de recursos. Sin embargo, cuando la fiscal Luzmila Lluglla le hizo igual pedido respecto a otra orden dictada en el caso, presuroso se la concedió. El sesgo es inocultable”, indicó Vallejo en un comunicado público.

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El 24 de noviembre pasado se formuló cargos contra Carrera; Hernán Luque, exgerente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Antonio Icaza, exgerente general de CNEL (Corporación Nacional de Electricidad); Leonardo Cortázar, Roberto Bueno, Julio León, Jorge Orbe y Gabriel Massuh.

Según la fiscal que lleva el caso, Luzmila Lluglla, este “grupo criminal estructurado” se encontraba conformado tanto por funcionarios públicos como particulares, quienes tienen roles específicos y una suficiente capacidad en la dirección de las operaciones delictivas por quienes, dijo, asumieron la “jefatura criminal”. Identificó como líderes de la organización a Carrera y a Rubén Cherres Faggioni, empresario asesinado en marzo pasado en Santa Elena.

Otro de los argumentos que mantiene la defensa de Carrera para pedir que el juez Andrade se excuse de continuar tramitando el proceso por delincuencia organizada, está el que el juez, cuando la fiscal Lluglla formuló cargos, no le ordenó a la Fiscalía que precise los fundamentos que usó de base y, califica, que él únicamente se limitó en ser un “silente espectador” de un atropello basado en una novela mediática de audios editados.

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“Mi cliente es víctima de una detestable genuflexión (doblar rodillas o arrodillarse) del sistema judicial frente a las posiciones políticas, alimentadas -voy a usar palabras del embajador Fitzpatrick- por “ciertos medios de comunicación que se dedican a la extorsión y a distorsionar investigaciones”, anotó el defensor de Danilo Carrera en un mensaje en la cuenta de la red social X que estuvo acompañado de un texto en el que asegura que seguirá denunciando todas y cada una de las ilegalidades que se cometan en contra de su cliente.

Las defensas de Carrera y Luque siguen a la espera de que se defina una fecha para la audiencia en la que se apelará el arresto domiciliario y la prisión preventiva que les ordenó el juez Andrade, respectivamente. Lo que ya se ha dado es el sorteo para conformar el Tribunal de Apelación que estará integrado por los jueces anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha Israel Coronel Ojeda (ponente), Lauro Sánchez Salcedo y Mabel Tapia Rosero. (I)