Aunque la defensa de Danilo Carrera, uno de los ocho procesados dentro del denominado caso Encuentro, solicitó que se difiriera la audiencia en la que se apelará el arresto domiciliario establecido, el Tribunal de Apelación, integrado por los jueces anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha Israel Coronel Ojeda (ponente), Lauro Sánchez Salcedo y Mabel Tapia Rosero, ratifica que la diligencia se dará este lunes 18 de diciembre, a las 10:00.

A una semana de iniciada la instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada, el 24 de noviembre pasado, el juez anticorrupción a cargo de la causa, Renán Andrade, dio paso a los recursos de apelación a la orden de arresto domiciliario y prisión preventiva que recibieron, respectivamente, Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y Hernán Luque, exgerente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

Las defensas de ambos sospechosos lo solicitaron oralmente durante la audiencia de formulación de cargos y la redujeron a escrito confirmando el pedido.

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Contra Carrera, Luque, Antonio Icaza, exgerente general de CNEL (Corporación Nacional de Electricidad), Leonardo Cortázar, Roberto Bueno, Julio León, Jorge Orbe y Gabriel Massuh la Fiscalía presentó 28 elementos de convicción, los cuales deberá robustecer o ampliar en los 90 días definidos para la etapa de instrucción fiscal.

Según la fiscal encargada de la investigación, Luzmila Lluglla, lo que existió en este caso es un “grupo criminal” estructurado tanto por funcionarios públicos como particulares, quienes tendrían roles específicos y una suficiente capacidad en la dirección de las operaciones delictivas por quienes, dijo, asumieron la “jefatura criminal”. Identificó como líderes de la organización a Danilo Carrera y a Rubén Cherres Faggioni, empresario asesinado en marzo de este año en Santa Elena.

“Estos líderes mantenían una relación de amistad durante años, conforme se desprende de los elementos recabados en la presente investigación. Estas personas de forma planificada y coordinada pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y de esta forma interferir en instituciones públicas como CNEL EP (Corporación Nacional de Electricidad), BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas”, señaló Lluglla.

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Calixto Vallejo, quien lidera la defensa de Carrera, aspira a que en la diligencia de apelación los jueces respeten la ley y no exista influencia política para su decisión. Asegura que el arresto domiciliario definido contra su defendido es ilegal y no contó con la motivación necesaria, lo cual violaría lo establecido en el artículo 76 de la Constitución.

“Esta defensa aspira a que los jueces superiores hagan respetar la ley. (...) Este caso, como ya está claro, no se funda en hechos ciertos sino en una novela mediática. Ninguno de los indicios expuestos por la Fiscalía es válido. Mas para contentar a la galería política se inventó la supuesta participación de Danilo Carrera en una organización criminal -con gente a la que ni conoce- y de la que no hay, por supuesto, prueba alguna, y menos para ordenar una aberrante privación de la libertad”, señaló Vallejo en un comunicado público.

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Hace unas semanas la defensa de Carrera anunció que pedirá que el juez Renán Andrade se excuse de seguir en la causa ante una “evidente parcialidad” hacia la Fiscalía General del Estado. Además, Vallejo piensa que las actuaciones del juez anticorrupción también han evidenciado supuestamente un patrón de falta de motivación con serios indicios de lo que ellos considerarían manifiesta negligencia.

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El proceso de investigación continúa con la recepción de versiones, la realización de pericias, la entrega de informes y pedidos para que entidades bancarias nacionales entreguen información de ciertas cuentas relacionadas con los ocho procesados.

La no existencia de un pedido de Fiscalía para una revisión de medidas cautelares hace entender que el resto de los procesados están cumpliendo las medidas impuestas, por ejemplo, León, Bueno e Icaza deben presentarse semanalmente ante una autoridad en Ecuador y tienen prohibido salir del país, mientras que Orbe debe presentarse periódicamente en una delegación diplomática en Miami, Estados Unidos.

Contra Massuh, Cortázar y Luque siguen vigentes las órdenes de prisión preventiva y la tramitación con Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que, de considerarlo necesario, se establezca la difusión roja y la orden de localización y captura internacional. (I)

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