“La aceptación de responsabilidad del Estado por la vulneración del derecho a la libertad de expresión es una decisión política por parte de la Procuraduría del Estado (PGE), mas no una aceptación jurídica y expresa que reconozca la vulneración de derechos constitucionales y convencionales de las presuntas víctimas. El Estado lo que pretende es solicitar una acción de repetición en contra de Rafael Correa, lo cual resulta ilógico, ilegítimo y violatorio de derechos, en virtud de que el expresidente no fue funcionario judicial ni funcionario legislativo”.